El derecho de propiedad y el caso del Hotel Bauen

El cumplimiento de los fallos judiciales es esencial para la consolidación de la seguridad jurídica de un país y la atracción de inversiones
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25 de noviembre de 2019  

Tras 17 años de ocupación del Hotel Bauen por parte de su personal, la Sala C de la Cámara Comercial ha ordenado el desalojo. Culminaría así una historia en la que no faltaron ingredientes ideológicos y políticos e incapacidad de hacer cumplir decisiones judiciales. El derrotero del caso comenzó en 1978, cuando el hotel fue construido por la empresa Bauen Sacic, con la ayuda de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo (Banade). En 1997, se concretó su venta a Solari SA, la que tres años más tarde, en 2000, se presentó en convocatoria. Previamente, vendió su principal activo, el edificio del hotel, a Mercoteles SA, que registraba entre sus accionistas a miembros de la familia vendedora. Solari SA retuvo así la administración del hotel. El concurso no llegó a buen fin y en 2002 se decretó su quiebra. Comunicada la noticia y con el argumento de la defensa de las fuentes de trabajo, el personal ocupó el hotel. Solo en 2003, luego de un acuerdo con el gobierno porteño, los trabajadores constituyeron una cooperativa y comenzaron a operar el hotel. Como era de esperar, la calidad del servicio y el mantenimiento del edificio se deterioraron. La cooperativa de empleados no logró rentabilidad y no pudo concretar las inversiones necesarias.

Más allá de cualquier alegato social, con la ocupación se violentó el derecho de propiedad. Recién cinco años después, en 2007, la Justicia resolvió el desalojo y la restitución del edificio a Mercoteles SA. Pero el fallo no logró hacerse efectivo debido a que la cooperativa presentó a la Justicia una denuncia penal contra los antiguos dueños. Con apoyo político y el argumento de que el crédito del Banade aún no había sido cancelado, los ocupantes gestionaron una ley de expropiación y el mantenimiento de la cooperativa en la operación del hotel.

El proyecto de ley presentado por el entonces diputado Carlos Heller logró ser sancionado en 2016, pero fue vetado por el presidente Mauricio Macri.

Tres años después, la Cámara Comercial vuelve a dictar la orden de desalojo, pero nuevamente los ocupantes están gestionando una nueva ley de expropiación. Tienen la expectativa de que el nuevo gobierno no la vete.

Habiendo actuado la Justicia, debemos asumir que todos los argumentos y razones de las partes han sido contempladas. Tal es el caso de la legalidad de la venta del activo a una empresa ligada por lazos familiares o la morosidad en la devolución de los créditos.

Luego de la crisis de la economía argentina de 2001 y 2002 llegó a haber alrededor de 120 empresas tomadas por su personal.

El lenguaje populista hablaba de empresas "recuperadas" y el gobierno nacional o los provinciales de entonces fueron por el camino de expropiarlas para luego entregarlas a sus ocupantes.

La mayor parte de esas empresas no lograron sostener su actividad, al no ser competitivas ni elegibles para recibir financiamiento. En algunos casos, el propio gobierno expropiante facilitó el dinero o presionó sobre la banca oficial para que lo hiciera.

Una de las condiciones para que una economía se desarrolle es que permita el aumento de la productividad. Para ello deben surgir nuevos emprendimientos que sustituyan con ventaja a las empresas que ya han quedado obsoletas o que no son competitivas por otras razones.

La ley de quiebras permite que en los casos en que la falencia se debió solo a una mala gestión los activos puedan ser adquiridos por nuevos y más eficientes empresarios y retomen su actividad. Si no hay esa posibilidad, el proceso concursal debe conducir al uso alternativo de los activos que ya no tienen valor como empresa en marcha. Esta es la "destrucción creativa" que describió Joseph Schumpeter en su Teoría del desarrollo económico.

El cumplimiento de los fallos judiciales y el respeto del derecho de propiedad son dos puntales esenciales de la seguridad jurídica de una nación. Sin ella no habrá inversiones ni creación genuina de empleos productivos. La paradoja de este caso, como el de muchas otras ocupaciones de empresas, es que por preservar empleos se están desalentando inversiones y la creación de trabajo aplicado a proyectos de mayor productividad.

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