El desatino del impuesto a las “ganancias inesperadas” (Parte I)
El proyectado tributo anunciado por el gobierno nacional constituye un nuevo y arbitrario engendro que no resiste el sentido común
LA NACION
El actual gobierno nacional no deja de sorprender con algunas de sus propuestas, tanto como con la ausencia de otras en temas esenciales para el desarrollo nacional. Aunque aún no claramente definido en sus alcances y detalles, el Ministerio de Economía anticipó a la prensa la presentación de un proyecto de ley tendiente a implementar “un mecanismo para poder captar parte de la renta inesperada, producto no de inversiones, sino del shock que implica la guerra con Ucrania”.
Los impulsores de este nuevo engendro sostienen que, dadas las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, han surgido distorsiones en los mercados internacionales y que algunas de estas impactan en el precio de productos locales exportables que no pueden producirse en zonas de guerra o transportarse desde sus países de origen en razón de la situación, provocando por lo tanto el alza de los precios. Se entiende desde el Gobierno que algunos empresarios –generalmente exportadores– se habrían visto beneficiados por esa suba de los productos que exportan.
Este mayor valor, fruto de un hecho desgraciado como es una guerra, es lo que las autoridades nacionales han definido como “renta inesperada”, que si bien es un beneficio, poco tiene de renta, entendida como el resultado de la explotación de un capital o el pago de un servicio. Claramente se trataría de un nuevo gravamen que se sumaría a la larga lista de más de una veintena ya creados durante el mandato de Alberto Fernández, asfixiando a los ciudadanos con una presión tributaria insostenible en lugar de combatir la evasión y la informalidad.
Para algunos, se trata de un nuevo cambio de nombre para variantes fiscales ya existentes: el impuesto a la renta inesperada ya existe y se llama Ganancias; así como el impuesto a las grandes fortunas se llamaba ya Bienes Personales.
Muchas son las objeciones que levanta este infeliz proyecto, que algunos entienden que apunta al corazón del sector agropecuario, generador de unos 9000 millones de dólares el año pasado, aunque el ministro de Economía no lo limitó a ese sector, sino que lo extendió a toda empresa que haya obtenido más de 1000 millones de pesos de ganancia con relación al balance del año anterior.
En el ámbito agropecuario, la pretensión tributarista es doblemente injusta porque, a raíz de las llamadas retenciones, el Gobierno ya se lleva hasta el 33% de la producción exportable
Salta a la vista que si las referidas restricciones al comercio internacional benefician a los productores de bienes cuya circulación está limitada, lo propio ocurre con los insumos necesarios para producir dichos bienes exportables; es más, algunos de ellos tienen su fuente principal en Ucrania y en Rusia. Al sentido común se le impone entonces la lógica conclusión de que si bien suben los precios de los productos, también suben sus costos, aspecto que los entusiastas de la idea omiten olímpicamente considerar.
Otro de los aspectos que se imponen en torno a la idea de las “ganancias inesperadas” para cualquier observador imparcial es la noción de “pérdida inesperada” contrapuesta, que, traducida al ámbito agropecuario, se conoce como sequía, inundación, plaga o cierre de mercados. En el comercio, basta recordar los efectos de la pandemia, claramente inesperada, que motivó el cierre de muchísimos negocios, con su consecuente caída en las ventas o la imposibilidad de acceder al trabajo. Cabe entonces preguntarse si, con la misma lógica con la que intenta apoderarse de parte de los beneficios inesperados, el Gobierno está dispuesto a compensar las pérdidas también inesperadas.
En el ámbito agropecuario, la pretensión tributarista es doblemente injusta porque, a raíz de las llamadas “retenciones”, el Gobierno ya se lleva, en el caso de la soja, el 33% de la producción exportable y, consecuentemente, de su precio, con o sin “renta inesperada”. El abusivo socio gubernamental habla de la “renta” del exportador y pretende gravarla, pero nada dice de la propia, imponiendo un inconstitucional porcentaje sin riesgo ni costo alguno.
Finalmente, cabe añadir que los precios de los bienes internacionales exportables no llegan al productor tal como se cotizan en los mercados, no solo por los mencionados “derechos de exportación”, sino por la brecha cambiaria que utiliza un dólar irreal para liquidar, haciéndose el socio gubernamental de una suculenta diferencia de la que nada dice tampoco. Por si hiciera falta, cabe aclarar, aunque pueda parecer innecesario, que los insumos llegan al productor habiendo pagado su precio lleno, sin “retención” alguna.
Advertimos que, una vez más, estamos ante un proyecto tan abusivo y distorsivo como mentiroso. Mediante otra conveniente construcción discursiva, se pretende esgrimir que habría quienes se benefician económicamente con la guerra, en contraposición a un Estado y a un pueblo victimizados que la padecen. Apelando reiteradamente a un falaz enfrentamiento de clases, se disimula la demagógica distribución de fondos. Con nuevas medidas superficiales que castigan a la gallina de los huevos de oro, se continúa disfrazando una crisis en la que nos han sumergido con la prolongada ausencia de programas y medidas de fondo, muy anterior a la situación bélica que hoy agrava el escenario.
Con una inflación descontrolada, sostener la fiesta de un Estado elefantiásico y una sociedad sumida en la pobreza como pocas veces se vuelve a apelar a medidas populistas de corte electoral como el reparto de bienes de valor efímero, imputando a los productores agropecuarios, quienes aún están en capacidad de sostener el sistema si no se los acosa, el ejercicio de una espuria avaricia, tan injusta como falsa.
MAÑANA: Un disparatado tributo que desalentará inversiones.
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