El deterioro moral de nuestras Fuerzas Armadas

Ya en 2010, el Libro Blanco del Ministerio de Defensa de la Nación, reconocía que a comienzos del siglo XXI el sistema de defensa nacional presentaba un conjunto de disfuncionalidades estructurales que habían contribuido a sumirlo en "una profunda crisis existencial". Entre ellos se destacaban: la desorientación estratégica; un marco normativo e institucional incompleto; la ausencia de organización y de acción militar conjunta; la obsolescencia y degradación del material; la ineficiencia estructural; la desarticulación de la ciencia y la tecnología; el desmantelamiento de la industria de la defensa; la inorganicidad del subsistema de inteligencia militar, y la falta de articulación con el sistema de seguridad interior. Éste era un reconocimiento oficial del grado de deterioro de las Fuerzas Armadas argentinas.

Desde 2010 hasta hoy la situación no se ha corregido, sino que se ha agravado. Los presupuestos militares han sido destinados casi en su totalidad al pago de sueldos y gastos administrativos. El equipamiento y el armamento se han deteriorado, y han perdido su capacidad para la acción bélica y para el entrenamiento eficiente. La carencia de aviones de combate es un hecho conocido, al igual que el canibalismo de las naves de guerra, al extremo del hundimiento de una fragata misilística estando amarrada en Puerto Belgrano. La primera noticia de una inversión en equipamiento es el proyecto de adquisición de aviones caza a China, una decisión con color político y seguramente escaso análisis profesional y estratégico.

Pero no sólo lo material y lo operativo en materia de defensa muestran una grave situación. Lo moral y anímico tiene también un peso sustancial y no todo el desánimo proviene del deterioro en las oportunidades profesionales. Hay otras cuestiones que configuran un cuadro de agravio moral. La justicia militar fue eliminada con la excusa de que no servía para juzgar a sus propios miembros por lo actuado en la lucha contra el terrorismo en los años 70. La justicia civil debió actuar sobre un terreno tan poco apropiado a sus cánones como el de una guerra interna. La posterior comprensión de esta anomalía llevó en su momento a la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. Luego se avanzó hacia la pacificación mediante los indultos presidenciales que favorecieron a los procesados y condenados de ambos bandos de aquella lucha. Sin embargo, posteriormente se desanduvo este camino y se introdujo un planteo de fuerte confrontación hacia las Fuerzas Armadas. La acción subversiva fue exaltada y no se aplicó hacia ella el mismo principio de imprescriptibilidad por delitos de lesa humanidad, como corresponde a los grupos armados y actos terroristas en la jurisprudencia internacional. La actuación de los jueces no fue ajena a ese clima y se pasaron por alto principios básicos de la justicia, como el de cosa juzgada e irretroactividad de la ley penal.

La supresión de la justicia militar impuso en su lugar un Código de Disciplina que atenuó las penas por faltas comunes y posibilitó a los sancionados recurrir a la justicia civil para cuestionar las sanciones impuestas. Esto creó una situación tan compleja que en la práctica se abandonaron las sanciones y se relajó la disciplina. Hoy las órdenes se discuten.

También dejaron de existir los tribunales de honor y entonces ya nadie es cuestionado por su conducta personal relacionada con la ética.

El personal en actividad recibe, junto con su sueldo, suplementos "no remunerativos" y no bonificables. Esto no rige para los retirados. Así, estos últimos cobran menos del 50% de lo que tradicionalmente les hubiera correspondido. En los últimos años esta distorsión se fue consolidando y la diferencia se ha acentuado.

Hasta hace algunos años los ascensos se decidían a propuesta de las juntas de calificaciones. Cada promoción se sometía a tres instancias: una junta del arma, una junta de grado y la junta superior que seleccionaba a los propuestos en función de las vacantes otorgadas por el Poder Ejecutivo. Por último, los jefes de los Estados Mayores Generales elevaban una propuesta que generalmente era aceptada. Hoy cada promoción es evaluada por las mismas juntas, pero la junta superior, en lugar de proponer un número acotado a las vacantes, eleva al ministro de Defensa el primer tercio. Éste selecciona a los oficiales que se promoverán sin importar el orden de mérito. Así, ascienden los que son políticamente aceptables y no los que exponen méritos militares. La discriminación por portación de apellido es habitual.

En años más recientes, el Ejército ha priorizado la tarea de inteligencia sobre sus otras funciones, elevando a la jefatura del arma a un general de esa especialidad. La sustentación política del general César Milani, que carga con una acusación relacionada con una desaparición en 1976, se contradice con el distinto trato que han tenido otros oficiales que sufren prisión por acusaciones o hechos de menor entidad. Existen, por otro lado, elementos de juicio para suponer que hay una reorientación del Ejército hacia la inteligencia interna en beneficio del actual gobierno, en contradicción con lo que establece la ley de defensa nacional. Esta distorsión ha venido de la mano del ascenso de Milani, quien manifestó públicamente su adhesión al "proyecto nacional" de Cristina Fernández de Kirchner. Estos hechos, a los que se agrega la investigación por su presunto enriquecimiento ilícito, son justamente lo opuesto a lo necesario para cohesionar la fuerza tras cualquier objetivo moralmente elevado.

Los soldados no sólo necesitan disponer de instrumentos, armamento y tecnología. También deben alimentar su vocación dentro de un clima de elevada moral, entusiasmo y respeto social. De lo contrario, aunque se resuelvan las asignaciones presupuestarias, no habrá fuerzas armadas que puedan cumplir con el mandato constitucional de proveer a la defensa común y disuadir cualquier intento exterior de vulnerar la soberanía nacional.