El día después, en medio de un campo minado

Concluidas las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), caracterizadas por un severo llamado de atención de la ciudadanía al gobierno nacional, son enormes los peligros que amenazan agravar tanto la vida institucional del país como su ya penosa situación económica. A menos que prevalezca la ética de la responsabilidad en quienes tienen el deber de gobernar por sobre la mera especulación electoral, la Argentina atravesará un campo minado hasta los comicios generales del 14 de noviembre, con serias probabilidades de que las variables económicas estallen antes de lo esperado.

Tanto en círculos políticos como empresariales se estima que, independientemente de las interpretaciones que merezca el resultado electoral de ayer, la coalición gobernante impulsará un fuerte incremento del gasto público con el fin de mejorar su situación relativa en aquellos distritos donde sus dirigentes crean que pueden dar vuelta su derrota. En otras palabras, se descuenta el riesgo de que el Gobierno decida terminar de “romper el chanchito” y financiar su nueva campaña electoral con mayor emisión monetaria, que derivará en una creciente y aún más descontrolada inflación.

Aunque funcionarios y dirigentes del oficialismo supongan que pueden seguir transitando al borde de la cornisa hasta la finalización del proceso electoral, el precipicio está cada vez más cerca. Con un crecimiento galopante del déficit fiscal para el presente semestre y con proyecciones de reservas netas negativas en el Banco Central para los próximos meses, al actual ritmo de desprendimiento de divisas por parte de la autoridad monetaria, el escenario es más que preocupante.

El actual atraso cambiario, tomando el tipo de cambio oficial, y las fantasías preelectorales inoculadas por el oficialismo para provocar una imaginaria situación de bienestar resultan insostenibles.

No es posible seguir ocultando la basura debajo de la alfombra electoral hasta noviembre. Se impone abandonar el populismo y avanzar cuanto antes hacia un plan fiscal y monetario consistente y en las reformas imprescindibles, como la laboral y la previsional, convocando a los técnicos más capaces.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, le ha solicitado más ayuda al Banco Central para cubrir el mayor gasto público, motorizado por las demandas del clientelismo electoral. En otros términos, está pidiendo que se active aún más la maquinita y se impriman más pesos.

Entretanto, el acuerdo por la renegociación de la deuda con el FMI continúa siendo una incógnita. Sin él, la Argentina será una paria internacional. De persistir la actual falta de rumbo y de no recortar el desorbitado gasto público, nuestro país no podrá brindar un horizonte de mínima previsibilidad que permita imaginar una recuperación de la actividad económica y el empleo.

Entre las PASO de 2019 y las de 2021, la pobreza creció del 35,5% al 42%; la canasta básica pasó de unos 33.000 pesos a 69.600; el dólar subió de 45 a 185 pesos, y el riesgo país, de 895 a más de 1500 puntos.

El intento del Frente de Todos de unificar a las distintas fracciones del peronismo tuvo éxito en términos electorales en 2019, pero fracasó rotundamente en su acción de gobierno. Y no funcionará mientras los integrantes de la coalición gobernante, incluyendo al presidente Alberto Fernández, estén supeditados a los objetivos personales de la vicepresidenta de la Nación, orientados a la consagración de su impunidad, para lo cual requiere subordinar al Poder Judicial.

En su mensaje de cierre de campaña, el jueves último, Cristina Kirchner volvió a despotricar contra periodistas y medios de comunicación, contra empresarios y contra jueces. Dejó así flotando la posibilidad de que, si tuviera un poder que hasta hoy no tiene, no dudaría en aplastarlos. Hasta el presidente Fernández se atrevió a reclamar el juicio a magistrados por fallos que no son de su beneplácito, pretendiendo desconocer que los jueces no pueden ser enjuiciados por el contenido de sus sentencias.

Así como el más rancio estatismo que pregona el kirchnerismo terminará ahogando al sector privado, el hipernormativismo regulador, con su secuela de autoritarismo, amenaza con expandirse peligrosamente sobre los principios en los que se cimienta la república.

Más allá de la predisposición que pretenda exhibir la vicepresidenta para gestar un entendimiento con la oposición y los actores sociales sobre las reglas por seguir, es necesario recordar que el punto de partida de cualquier acuerdo de este tipo debe empezar por la buena fe y por el cumplimiento de la Constitución nacional, incluyendo el respeto por la división de poderes y la independencia de la Justicia.

A los fantasmas de la economía, como el de una mayor inflación o el de la devaluación del peso, hay que sumar los asociados a una radicalización acelerada y desesperada del Gobierno, que siga poniendo en peligro los más elementales principios democráticos.

Es por eso vital que, de cara a las elecciones generales de noviembre, se comprenda que no habrá libertad verdadera sin un gobierno limitado y que a medida que el estatismo se expanda la libertad se contraerá. De ahí la importancia de que la próxima campaña electoral resulte fructífera para un debate de propuestas que hasta ahora brilló por su ausencia.