El futuro de los cuadernos de las coimas

Ha pasado ya un año desde la conmocionante revelación de LA NACION sobre la existencia de los ocho cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno para documentar, cual una bitácora del delito, la megaestructura de corrupción montada, aceitada y mantenida durante los sucesivos gobiernos kirchneristas. Un año, casi dos centenares de procesados y más de 30 imputados-colaboradores, es decir, de arrepentidos de esta trama negra de la historia de nuestro país.

Pero sería una parcialidad referir solamente a los gobiernos kirchneristas, con toda su historia ya largamente conocida de enriquecimientos patrimoniales inexplicables, lavado de dinero, uso y abuso del poder, carpetazos, escraches y amenazas a quienes piensan y actúan distinto de esa fracción que ha trabajado duro para intentar concretar el temido "vamos por todos". En rigor, la denominada "causa de los cuadernos de las coimas" ha desnudado algo de lo que siempre se sospechó, pero no se tenían pruebas: la cartelización de la obra pública en nuestro país.

Lo ha descripto Centeno en sus cuadernos y lo han confirmado en sede judicial los arrepentidos de las más variadas procedencias. Han quedado sobradas constancias de la consolidación en nuestro país de un nefasto maridaje de corruptos y corrompidos, protagonizado por dirigentes políticos, pero también por empresarios, jueces y sindicalistas.

Ese brutal saqueo al Estado no se agota, por cierto, en las minuciosas anotaciones de Centeno. Esos escritos -que algunos intentaron desvalorizar tildándolos de "fotocopias", cuando fueron reconocidos y admitidos por su propio autor ante la Justicia- han puesto en jaque a muchísima gente. Algunas de las personas señaladas por Centeno lamentablemente cuentan hoy con parte del apoyo popular para volver a presentarse como candidatos a volver al poder. Es lamentable, pero no inexplicable: parte de la sociedad no ha tomado aún debida nota de los efectos destructivos de la corrupción estatal.

Esos candidatos, acusados de escandalosos sobreprecios en compras del Estado, de subsidiar grotescamente a sectores que han hecho de todo menos invertir en mejoras, de haber lavado dinero proveniente de las arcas públicas, de haber permitido que funcionarios de gobierno se apropiaran de empresas privadas, de haber perseguido a ciudadanos comunes que no comulgan con su ideario y mucho menos con sus tropelías, y de haber mentido de forma inescrupulosa, necesitan un atajo que los salve de ir a la cárcel y les permita abandonarla a quienes ya fueron puestos tras las rejas.

El periodista Diego Cabot, factótum junto con los colegas Candela Ini y Santiago Nasra de la megainvestigación que sacudió al poder, ha dicho, no sin razón que de volver el kirchnerismo a gobernar el país, "va a ir por el camino de la nulidad" de la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio. No es gratuito que algunos de sus miembros se refieran a los políticos presos como "presos políticos", una categorización que no puede provocar menos que indignación. Están presos porque hay sobradas pruebas de su culpabilidad o porque la Justicia teme que obstaculicen las investigaciones, teniendo en cuenta el poder residual que aún manejan, los contactos que mantienen y la posibilidad cierta de que se escapen.

Las declaraciones de la treintena de arrepentidos que figuran en el extenso expediente judicial han sido claves. Nadie declara contra sí mismo ni se presenta alegremente a dar datos falsos a cambio de una reducción de la condena. Si alguno de ellos se desdijese, si se arrepintiese de haber sido un arrepentido, valga el juego de palabras, sería imputado por falso testimonio, lo cual agravaría la condena prevista para el delito del que se lo acusa. Un riesgo demasiado grande como para no haberlo considerado de antemano.

No ha sido impensada la frase del precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, referida a que algunos jueces "van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno". Lo dijo en referencia a magistrados como Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Carlos Gemignani, quienes precisamente se encuentran al frente de causas que involucran a la expresidenta y compañera de fórmula de Fernández, Cristina Kirchner, procesada en 13 expedientes, de los cuales cinco ya llegaron a la instancia del juicio oral.

Prenunciar que los jueces tendrán problemas si siguen investigando la corrupción es, además de una aberración institucional, una muestra elocuente del pánico que suelen tener quienes se saben culpables.

Paralelamente, que algunos magistrados entiendan que deben desacelerar las investigaciones porque estamos en un proceso electoral es tan sospechoso como condenable. El gradualismo que tanto se discute en materia económica judicialmente es sinónimo de impunidad.

Las revelaciones sobre coimas aportadas por empresarios que se beneficiaron con la concesión de obra pública, contenida en la causa de los cuadernos, es apenas un botón de muestra de lo que ha sido un gigantesco asalto al país.

Es necesario que la Justicia no detenga su acción, que llegue hasta el fondo de esta matriz delictiva y que los culpables reciban el castigo que merecen.

Resulta inaceptable que la causa de los cuadernos dependa hoy de la política, que la megainvestigación de esos gruesísimos delitos entre en un stand-by a la espera de lo que vaya a suceder en los comicios que se avecinan.

Estamos ante una oportunidad histórica. Es esta la causa más importante en muchos años que ha recaído en el fuero federal, sobre el que pesan tantas críticas fundadas.

Garantizar la independencia de poderes no debe ser un eslogan de campaña, sino una práctica constante, ejercida por ciudadanos comprometidos con los valores democráticos y en defensa de la República.