El glifosato, tema de dos decisiones judiciales
Resultan destacables los pronunciamientos basados en evidencias claras, en actividades legales y no en proclamas ideologizadas
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En los últimos días se han conocido pronunciamientos judiciales tanto en la Argentina como en los Estados Unidos sobre el uso de fitosanitarios y su relación con la salud de la población y el ambiente.
Ambos han sido coincidentes en la aplicación de un sano criterio jurisprudencial, pero en el caso argentino de forma manifiestamente incompleta porque quedó en pie la cuestión de fondo. El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió a productores, a un ingeniero agrónomo y a un productor acusados de haber provocado supuestos daños a los demandantes por la utilización de glifosato, un herbicida autorizado en la Argentina, los Estados Unidos y más de un centenar de otros países.
El caso de referencia se había originado en Pergamino y promovido por un grupo denominado Madres de Barrios Fumigados, con todas las connotaciones políticas e ideológicas que ha arrastrado en las últimas décadas la apelación a ese tipo de nombres. El tribunal de segunda instancia absolvió a los demandados por el principio de la duda de si el uso del glifosato pudo haber ocasionado algún daño a la salud de gente del vecindario, pero sancionó con dos años de ejecución condicional e inhabilitación de cuatro años para ejercer cargos públicos a funcionarios municipales por considerar que no habían cumplido debidamente con sus responsabilidades.
Es interesante el pronunciamiento del tribunal en el punto en que dejó constancia de que el alegato del fiscal, que hubiera esperado una resolución sancionatoria respecto de los demandados absueltos, había estado plagado de generalidades, abstracciones y consideraciones que no tenían sustento probatorio.
En esa manifestación del tribunal están implícitas dos observaciones conocidas hasta el hartazgo.
Primera: este tipo de denuncias sobre productos ya legitimados por las autoridades sanitarias de la Nación son en general notoriamente vagas, una suerte de lance en el que están disociados los efectos eventuales de elementos fitosanitarios de la imaginación de quienes procuran, muchas veces, hacerse de fondos a costa de terceros y sumarse, además, a campañas políticas contra el campo.
El Congreso de la Nación no puede seguir lavándose las manos en cuestiones que mal pueden quedar al arbitrio de las provincias y, menos aún, de los municipios, que aplican las restricciones a la producción más absurdas que puedan concebirse
Segunda, ¿quién resarce a quienes han estado por años pendientes de trámites judiciales de destino final incierto, abiertos en su contra con todos los desasosiegos consiguientes por más que todo termine sin cargos ni culpas?
La causa de Pergamino se originó en que en un predio de 11 hectáreas, ubicado cerca de la entrada de Pergamino y en las proximidades del Club Provincial, sembradas en su mayoría con durazneros, se había constatado que el propietario tenía un bidón de glifosato… que utilizaba, en realidad, para aniquilar hormigas. Los duraznos, deliciosas frutas para la alimentación y el placer gastronómico, no se pulverizan precisamente con productos como el glifosato. Nadie lo entendió, nadie quiso entenderlo.
El Congreso de la Nación no puede seguir lavándose las manos en cuestiones de esta naturaleza, que mal pueden quedar al arbitrio de las provincias, y menos aún, de los municipios, que aplican las restricciones a la producción más absurdas que puedan concebirse. En esta materia, Pergamino está en el pelotón de vanguardia de las limitaciones más gravosas.
Por una ordenanza de 2014 ha delimitado zonas urbanas y periurbanas. Entre 800 y 1200 hectáreas en la zona de exclusión de total de sembradíos con agroquímicos. Y, entre 10.800 y 12.000, bajo el régimen llamado de “amortiguamiento”.
El país tiene en la producción agropecuaria uno de los sectores generadores de mayor riqueza. Esto genera la obligación de poner orden, previsibilidad y justicia en sus actividades. Los legisladores provinciales y los concejales suelen tratar estas cuestiones fundándose en prejuicios, publicaciones y estudios de dudoso origen y sin la debida verificación científica.
Hasta se emplea mal el concepto de “fumigaciones”, como si se tratara de caldos dispersados al voleo y no con profesionalismo riguroso. En particular, ahora, con la agricultura de precisión y maquinarias dotadas de sensores que pulverizan con la exactitud con la que una planchadora humedece en su oficio una camisa.
A menudo, las denuncias, además que por mala fe, derivan de consideraciones emocionales, no racionales. Un mundo de mentiras ideologizadas la mayor de las veces.
Noventa instituciones de todo el país han elaborado un proyecto de ley sobre el tema. Ponen el foco en que las aplicaciones de fitosanitarios estén reguladas en el territorio nacional como lo que es, una sola jurisdicción, y a fin de asegurar a todos que el destino de las pulverizaciones sea biológico –combate de malezas, insectos, hongos, y demás- y se minimicen los efectos sobre otros seres vivos. Desde luego, en primer lugar, respecto de los seres humanos.
A menudo, las denuncias, además que por mala fe, derivan de consideraciones emocionales, no racionales
Quienquiera que viaje por Europa, por no mencionar más que un continente, de viejísimo historial agrícola, advertirá que los sembradíos se extienden hasta muy cerca de poblados y casas, casi a metros de distancia. No se trata solo de siembras orgánicas, en los que el potencial productivo puede bajar el 30/50 por ciento, sino de cultivos que han sido acreedores a aplicaciones fitosanitarias y portadoras de nutrientes.
El tribunal federal de Rosario interviniente dejó en pie una medida cautelar de hace años del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que restringe la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes en un radio de 1095 metros de zonas pobladas y de 3 kilómetros cuando refieren a pulverizaciones aéreas. Miles de hectáreas que quedan sin producir en algunas de las mejores tierras del país.
Mucho más lejos, pero en la dirección correcta, ha ido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en una demanda iniciada en principio contra Monsanto, pero que recayó después sobre Bayer, compradora de aquella compañía. Había miles de millones de dólares en juego en los reclamos y el más alto tribunal de los Estados Unidos resolvió, con votos de jueces representativos de todos los matices ideológicos en su seno, que no tiene sustento una demanda fundada en la ausencia en los marbetes de recipientes de Roundup (glifosato) de advertencias sobre “presunto riesgo de cáncer”.
El fallo de la Corte norteamericana, al dejar sin efecto lo dispuesto en instancias inferiores, sentó, pues, jurisprudencia sobre la seguridad de un producto cuyo uso ya estaba autorizado desde hace muchos años por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos.
La demanda había imputado al herbicida el origen de un linfoma no Hodgkin en una persona que se había expuesto a su uso. Leyes en todo el mundo previenen, con criterio alejado del macaneo olímpico, límites para elementos o maquinarias susceptibles de producir algún grado de toxicidad.
