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El incontenible déficit fiscal
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo volvió a burlarse del Congreso y aumentó el gasto en más de US$ 24.000 millones
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En una prueba más de su desprecio de las instituciones, el gobierno de Cristina Kirchner acaba de disponer, mediante un mero decreto de necesidad y urgencia, una severa modificación en el presupuesto de este año, conocido como ley de leyes, sin siquiera consultar al Congreso.
Lo más llamativo del caso es el monto involucrado en el aumento presupuestario dispuesto por el Poder Ejecutivo. Se dispuso un incremento de nada menos que 199.045 millones de pesos para el presente ejercicio, equivalente a la friolera de unos 24.100 millones de dólares al cambio oficial y a más del 80 por ciento de las reservas brutas del Banco Central.
Gran parte de esa suma se asignará a mayores subsidios a la energía y el transporte, lo cual pone de manifiesto que los ajustes tarifarios siguen siendo superados por los aumentos inflacionarios de los costos de producir esos servicios. Es probable, sin embargo, que este reajuste presupuestario convalide hechos consumados y que se requieran nuevos reconocimientos en los próximos meses.
En efecto, las propias estadísticas oficiales exponen con crudeza un crecimiento sostenido del déficit en las deterioradas cuentas del Estado nacional. En los primeros cinco meses del año el desequilibrio, luego del pago de intereses, alcanzó a 48.407 millones de pesos. Esta cifra resulta de la diferencia entre gastos e ingresos sin considerar como recurso corriente los aportes al Tesoro recibidos del Banco Central, la Anses y el PAMI. Éstos distan de tener el carácter de un ingreso genuino, como mañosamente los computa el Gobierno, ya que son una forma de financiar el déficit. Respecto del mismo período del año 2013, el déficit acumulado en los cinco primeros meses en pesos corrientes ha crecido un 146%. Es decir que se ha más que duplicado. Esa comparación corregida por inflación mostraría un aumento, igualmente exorbitante, del 76 por ciento.
La estampida del desequilibrio fiscal se explica por el mayor crecimiento del gasto en relación con los recursos. Mientras estos últimos aumentaron un 34,6%, las erogaciones lo hicieron en un 42,5%, bien por encima de la inflación y de los ingresos impositivos. A su vez, el desborde del gasto tiene origen en un fuerte incremento de los subsidios (63%) y en un llamativo aumento del rubro remuneraciones (37,6%), que comparado con las modificaciones salariales estaría indicando un nuevo crecimiento de la planta de empleados públicos del orden del 7% en sólo un año.
Estas evoluciones confirman un claro desmanejo de la administración del Estado nacional. Lo notable es que para advertirlo se requiera conocer las cifras recién luego de que se hayan producido. No se está respetando ninguna pauta presupuestaria y los decretos ampliatorios del gasto son tardíos y convalidan excesos irreversibles. Puede decirse que no hay presupuesto, aunque haya formalmente una ley vigente, pero cuyas partidas de gastos autorizados nada tienen que ver con la ejecución posterior. Estos excesos no están encuadrados en autorizaciones legislativas permanentes o en márgenes estipulados dentro de las prerrogativas legales del Poder Ejecutivo. De hecho, éste ha debido recurrir a decretos de necesidad y urgencia. La Auditoría General de la Nación debería intervenir y dar una explicación de esta grave y sostenida anomalía, al tiempo que los integrantes del Congreso no deberían permanecer callados ante estos actos escandalosos.
Hay menos información disponible de los gobiernos provinciales y municipales; sin embargo, se puede afirmar que gran parte de ellos ha desarrollado los mismos excesos que el gobierno nacional. El crecimiento del empleo público en esos niveles ha sido notable desde el año 2003, en particular en años electorales. En su conjunto el número de empleados públicos en las provincias aumentó un 46%, mientras que en los municipios lo fue del 81.
El fuerte aumento del déficit se ha producido en simultáneo con un nivel récord de la presión impositiva. Antes de 2003 la presión tributaria en la Argentina no superaba el 30% del PBI. Actualmente, ha trepado al 40%, estando claramente sobre el nivel de sostenibilidad. La actual recesión lo estaría confirmando. Este exceso se manifiesta en las quejas de productores, asalariados y contribuyentes en general. El agro denuncia incidencias impositivas del orden del 70%, mientras que ciertos impuestos provinciales, como ingresos brutos, sellos o gravámenes a la propiedad, se han tornado confiscatorios. Los trabajadores de niveles salariales medios ya empiezan a pagar el impuesto a las ganancias y no logran del Gobierno un aumento del mínimo no imponible.
El clamor por los excesos impositivos se enfrenta con un Estado desbordado y sediento que no atina a reducir el gasto y que tampoco puede financiarlo con endeudamiento. El inexplicable salto del nivel del gasto público se ha producido sin que mejore la calidad de los servicios estatales ni hayan aumentado las inversiones en infraestructura social y económica. Antes bien, éstas se han descuidado y en diversos sectores hubo consumo de capital existente. Al notable crecimiento de empleados públicos en actividades burocráticas y en general reclutados con criterio clientelista y partidaria, se ha agregado alrededor de ocho millones de beneficiarios de planes sociales. Además, la moratoria previsional sumó casi tres millones de nuevos jubilados sin aportes previos.
Los intentos de bajar los subsidios a la energía y al transporte aumentando las tarifas han sido infructuosos. Estas transferencias continúan creciendo, ya que los costos corren tan rápido como los aumentos tarifarios.
Gastar por encima de los recursos ha sido una deformación recurrente e histórica en la Argentina de los últimos setenta años. Nuestro país es el que en más ocasiones ha caído en default en ese período. Hoy estamos nuevamente en esa situación. Aunque esta caída no se debe a la imposibilidad de pago, sino a la negativa del Gobierno a acatar un fallo de la justicia a la cual recurrió. Pero si existen los holdouts es porque hubo un default anterior. Debemos agregar que si se resuelve el problema actual y se sale de este default, pero no se corrigen las negativas tendencias fiscales que comentamos, será igualmente difícil acceder a los mercados de deuda y en algún momento enfrentaremos una situación de insolvencia y cesación de pagos. Nuestra clase política y la ciudadanía en general deberán tomar conciencia de la imprescindible necesidad del equilibrio y la disciplina fiscal. Debe reducirse el gasto público. Es posible hacerlo y es condición para poner el país en marcha hacia la recuperación de un destino que nunca debió abandonar.
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