El "industricidio" populista

"Estamos ante un plan de destrucción masiva de la industria, una tormenta perfecta que tiene como resultado el 'industricidio'", aseguró el candidato a gobernador Axel Kicillof en el Congreso Industrial Pyme de la Unión de Industriales de la Provincia de Buenos Aires.

No hay dudas de que la industria argentina y, en particular, las pequeñas y medianas empresas, se encuentran ante una coyuntura gravísima, por las altas tasas de interés y la caída del consumo interno. Sin embargo, esta situación no se debe a que el presidente Mauricio Macri "haya dado la espalda a la industria", como también afirmó un directivo de la Unión Industrial Argentina, sino que es la culminación de un desajuste histórico que ha llegado a su punto culminante. En los países industriales, las empresas manufactureras se desarrollan por la combinación de espíritu emprendedor con la disponibilidad de capitales. Es el emprendedor quien evalúa las condiciones competitivas de su proyecto y define un plan de negocios que presenta a inversores y banqueros para financiarlo.

Las condiciones competitivas incluyen la disponibilidad de materias primas, la mano de obra, la energía, la logística, la carga tributaria y el costo del capital, entre otras. Cuando un empresario es capaz de exhibir un plan de negocios atractivo, los inversores y los banqueros compiten entre sí para participar del emprendimiento. En realidad, sobran los capitales y escasean los talentos. El esfuerzo de los gobiernos que "no dan la espalda a la industria" consiste en asegurar que esas condiciones estén presentes para todos, con acceso abierto, sin trajinar ministerios, ni mendigar subsidios ni créditos blandos, para evitar recurrir a "cuevas" a descontar cheques o a los tribunales para reestructurar pasivos.

En la Argentina, décadas de populismo han diseñado un modelo completamente distinto. La prioridad de los gobernantes ha sido la acumulación de poder, expandiendo el gasto público, cooptando sindicatos y sustituyendo el contexto competitivo por beneficios discrecionales. El correlato institucional de esas maniobras han sido los influyentes de turno, los pseudoempresarios cortesanos del poder, los "jueces de la servilleta", la inseguridad jurídica, las violaciones constitucionales y los recurrentes estados de emergencia.

Los industriales debieron aceptar esos costos originados en la política, contra la garantía de una economía cerrada para trasladar a precios anomalías que ningún país serio hubiese tolerado. A ello se agregaron otras compensaciones, tan efímeras como expuestas a la corrupción, en la forma de bancos estatales, de licencias no automáticas y de múltiples regímenes para la promoción regional, el desarrollo de industrias básicas, las compras públicas, las exportaciones no tradicionales, la adquisición de bienes de capital y tantas otras razones como capacidad de lobbying tuviera cada postulante. Si hubieran sido exitosas, seríamos ahora una potencia fabril, dados los enormes recursos fiscales y de ahorro forzoso de las familias, que ese sistema ha insumido.

Durante décadas se aplicó esa "política industrial" que implicó un chantaje implícito a la clase empresaria, para convalidar costos absurdos, trasladados a la población mediante la disminución del poder de compra de los salarios y que ahora estallan en forma manifiesta.

Ese modelo provocó inflación creciente, fuga de capitales, desaparición del crédito e inexistencia de capital de largo plazo. La alianza con el poder sindical impuso un costo laboral extravagante, por los impuestos al trabajo, los juicios arbitrarios y la inflexibilidad en las relaciones del trabajo.

La industria sufre esas distorsiones por la naturaleza compleja de sus procesos, que requieren, además de instalaciones y maquinarias, de organizaciones humanas especializadas, cuya eficacia depende de la estabilidad en las reglas de juego. Nada duele más al dueño de una pyme que desarticular un equipo formado durante años y perder capital humano confiable y talentoso, por culpa de una nueva crisis económica.

De alguna manera, la industria es el "embudo" donde se acumulan todos los costos argentinos. En cada producto que sale de una fábrica están presentes los impuestos distorsivos, los ávidos fiscos provinciales (y sus voraces municipios), la prepotencia sindical, el empleo público redundante, las jubilaciones sin aportes, las sentencias amañadas, los sobreprecios estatales y el corolario de todo ello: el demoledor "riesgo país".

El mundo ha cambiado y la Argentina se ha fundido. Ya no es viable un desarrollo industrial sin capitales, escondiendo los costos bajo la alfombra y compensando a las empresas con artificios insostenibles.

En su presentación, el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos señaló cuatro elementos de la política de Cambiemos que, en su opinión, provocaron ese "industricidio": el "tarifazo", la devaluación, la apertura comercial "indiscriminada" y la tasa de interés "más alta del mundo".

En todos los casos, se trata de consecuencias nefastas del populismo, potenciado durante los 12 años de kirchnerismo, incluyendo la gestión del propio Kicillof. El aumento de tarifas fue necesario para recuperar la inversión en energía, indispensable para la industria. La devaluación es consecuencia de la inflación, originada en el déficit fiscal. La apertura comercial fue muy limitada, ya que, sin reformas estructurales y sin crédito barato, no es posible abrir la economía como en Chile. En cuanto a la tasa de interés "más alta del mundo" se debe a la necesidad de financiar un gasto público desbordado e insostenible.

Para quienes pregonan salir de una economía de especulación y pasar a una economía de producción, vale recordarles que la "bicicleta financiera" comenzó en 1975 con los valores ajustables (VANA), que emitió Antonio Cafiero como ministro de Economía durante la gestión de María Estela Martínez de Perón. Aparecieron así las "mesas de dinero" del justicialismo, que captaban fondos del público y los invertían en esos valores, arbitrando entre la tasa que pagaban y la inflación desbordada que ajustaba el valor de los títulos. Una vez instalada por la inflación peronista, la especulación financiera no pudo erradicarse nunca más. Nunca habrá mentalidad productiva mientras la política desconozca el valor de la moneda.

El gran error de Cambiemos fue inverso a la crítica de Kicillof. La pifia fue el "gradualismo", pues al no encarar la reducción del gasto público como prioridad absoluta tampoco pudo crear la confianza que hubiera fomentado el ahorro, expandido el crédito, reducido la tasa de interés, fortalecido el peso, aumentado el empleo e impulsado el consumo interno.

Es entendible que los industriales reclamen cuando el Estado absorbe todos los activos bancarios con una tasa de interés destructiva para evitar la fuga de los depósitos. Pero es responsabilidad de los dirigentes reconocer las causas últimas de ese fenómeno perverso y no intentar repetir los mismos errores en el futuro. Mientras no se recompongan las instituciones, no se reduzcan los gastos corrientes del Estado ni se realicen las reformas estructurales, cualquier gobierno será acusado de "industricidio", pues ninguna empresa tiene espaldas para cargar sobre sus hombros, además de sus empleados, al ejército de sombras formado por las multitudes que viven del populismo.

LA NACION

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