El ineludible control sobre los fondos universitarios

Todo indica que este año escalará el conflicto entre la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y las universidades nacionales.

A principios de 2018 el presidente Macri , al reglamentar la ley que pauta las funciones de la Sigen, otorgó al síndico general, Alberto Gowland (h.), atribuciones para participar, con los distintos sectores del Estado nacional, en la formación de los equipos de auditorías internas. Las opiniones de la Sigen en materia de control, según el decreto 72/2018, pasaron a ser de cumplimiento obligatorio para todo el Estado. El propósito perseguido por la norma era fortalecer los controles internos como mecanismo para alertar sobre el uso inadecuado de los fondos públicos, sobre prácticas poco transparentes y sobre la ausencia de la debida rendición de cuentas. En otras palabras, realizar una actividad preventiva en materia de corrupción y ayudar a administrar mejor la burocracia estatal. El decreto, que resulta aplicable a toda la administración, sin exclusiones, estableció un sistema de consulta con cada sector de la administración para la designación de las auditorías internas, con el objetivo de lograr una mejor coordinación en el uso de la información.

Las universidades nacionales, como explicó la periodista Maia Jastreblansky en este diario hace unas semanas, desafiaron la reglamentación de la ley dispuesta por el Poder Ejecutivo bajo el falaz dogma de una autonomía ilimitada y absolutizada. Unas diez universidades dictaron resoluciones oponiéndose a los nombramientos de auditores por la Sigen y, aunque resulte difícil de entender, la Universidad de La Rioja presentó una demanda a pesar de que la resolución de la Sigen ratificó precisamente al mismo auditor que ella había designado. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, adoptó una tan sorprendente como inapropiada decisión al ordenar a la Sigen que se abstuviera de intervenir en la designación del auditor de la universidad. A fines de diciembre del año pasado, la Cámara Federal de Córdoba, con la firma de Graciela Montesi, Ignacio María Vélez Funes y Eduardo Ávalos, puso fin a esa anómala situación y revocó la medida cautelar del juez federal riojano. Para hacerlo sostuvo que este había violado la ley aplicable en materia de medidas cautelares contra el Estado, entre otros errores notorios que la Cámara Federal destacó como fundamento de su resolución. En consecuencia, el auditor tiene vigentes su nombramiento y su ratificación posterior.

Se debe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en dos recordados precedentes de 1999 y 2017 que, al consagrar la autonomía, la Constitución garantiza la libertad académica y de cátedra, sin que pueda sostenerse que la universidad es un poder en sentido institucional. Se trata de un principio constitucional que debe ser interpretado junto con las finalidades que hacen a la esencia de la actividad encomendada a las universidades, en el contexto de una actividad estatal desarrollada con fondos públicos. De allí que sostuviera que entre el poder administrador y las universidades hay una relación de apoyo y cooperación para la ejecución de las funciones estatales y la formulación de políticas generales en materia universitaria.

La autonomía no justifica rechazar los mecanismos de control sobre los recursos públicos que administra. Menos aún cuando nada hace pensar que se trata de una acción que ponga en riesgo la docencia, la investigación y la extensión de sus actividades a la comunidad. Las universidades nacionales forman parte del Estado nacional y carecen de las atribuciones soberanas que la Constitución confiere a las provincias.

El presupuesto nacional para el año en curso asignó 123.500 millones de pesos para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. En el plan de acción para 2019 de la Sigen hay una serie de propuestas para efectuar un control sobre cómo se utilizan esos fondos. Esas medidas exigen una coordinación entre las auditorías internas de todos los sectores del Estado nacional y la Sigen. Las atribuciones conferidas a la Sindicatura por el mencionado decreto tienen el objetivo de reforzar los mecanismos para auditar la utilización de los recursos públicos.

Se trata de una política pública que va en una sana dirección e intenta dejar atrás los tiempos en que Julio De Vido, como ministro de Planificación Federal, encumbraba a su esposa, Alessandra Minnicelli, en la Sigen y alimentaba una por demás oscura relación con las universidades.

En sucesivos editoriales hemos dado cuenta de los graves problemas de corrupción que afectaron el ámbito universitario y han dado lugar a recurrentes escándalos. Desde la triangulación de fondos estatales, mediante la participación de algunas casas de altos estudios impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner y utilizada reiteradamente por la administración de Cristina Fernández de Kirchner , sin una adecuada rendición de cuentas, hasta el financiamiento de series televisivas, por sumas varias veces millonarias, investigadas penalmente, que desnudan la imperiosa necesidad de controlar el uso de los fondos públicos que reciben las universidades.

La Argentina es parte de la Convención Interamericana y de la de las Naciones Unidas contra la corrupción. En ambos tratados internacionales las palabras claves son prevención y control. Articular la acción de la Sigen con los distintos sectores es un paso trascendente para superar el grave problema del manejo espurio de fondos públicos.

Las casas de altos estudios deberían ser las primeras interesadas en mostrar que han superado situaciones que tomaron estado público y que exhibieron una evidente degradación. Sin argumentar burdos pretextos, tendrían que sumar su compromiso para incorporar vigorosos mecanismos de auditoría que alejen cualquier sospecha sobre el uso del dinero que reciben de una sociedad que hace denodados esfuerzos por superar la crisis económica reinante. Hay un no evaluado costo reputacional que pesará sobre las universidades si continúan desafiando las acciones tendientes a transparentar los sanos y necesarios sistemas de control en lugar de sumarse a políticas que redunden en una mayor transparencia.