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El juicio a Uribe
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En el fallo dictado en uno de los procesos más largos de los que tenga recuerdo Colombia, la jueza penal del Circuito de Bogotá Sandra Liliana Heredia decidió que había suficientes pruebas para condenar al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, mientras lo exculpó, por duda probatoria, del concerniente a soborno a testigos.
El expresidente, quien alega ser víctima de una persecución política, ha protagonizado un extenso proceso judicial que comenzó en 2012. En ese momento, Uribe acusó al senador de izquierda Iván Cepeda de buscar en las cárceles testigos que lo acusaran de tener vínculos con grupos paramilitares. La Corte cerró en 2018 la causa contra Cepeda y, en un inesperado giro, abrió una contra Uribe. La sospecha cambió de destinatario. La Justicia entendió que era Uribe quien manipulaba testigos.
La magistrada descartó de manera tajante cada argumento de la defensa y acreditó la idoneidad del considerado testigo clave del caso, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. También validó elementos probatorios, columna vertebral del proceso, que la defensa del exmandatario había solicitado rechazar por ilegales. Entre ellos, las interceptaciones telefónicas del teléfono de Uribe que desde el primer día los técnicos a cargo de la escucha habían advertido a los magistrados que estaban espiando a la persona equivocada.
La defensa del expresidente alegó que esas interceptaciones vulneraron las garantías procesales que amparan el derecho a la intimidad personal y familiar, y, además, que necesitaban de una orden judicial que no fue incorporada al expediente. Al valorar la prueba, tampoco fueron tenidos en cuenta testimonios que podrían haber incidido en la decisión final de la jueza Heredia.
Por los delitos por los que fue imputado, la jueza Heredia condenó al expresidente a una pena de 12 años de prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años, más una multa de 578.000 dólares.
Frente a lo resuelto por la magistrada, es inevitable comparar con la vara en que se han medido los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante años por exjefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que siguen esperando sin haber estado en prisión lo que se resuelva dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que fueron “premiados” con bancas en el Congreso colombiano.
Los abogados de Uribe han manifestado que apelarán el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El juicio contra el expresidente no solo hace inevitable la percepción de la intromisión de la política en su resultado, sino que también ha potenciado la polarización que existe en la sociedad colombiana.
Tipo de trabajo:
opinión
