El juicio por el submarino ARA San Juan
En cualquier parte del mundo el accidente de un navío en altamar hubiera sido investigado y juzgado por tribunales militares o especiales y no por la Justicia Civil
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LA NACION
El ascenso post mortemotorgado días atrás a los 44 tripulantes del ARA San Juan constituye un justo y demorado reconocimiento a la dedicación y el sacrificio de los hombres y mujeres de la Armada que perdieron la vida, a 900 metros de profundidad, custodiando nuestro mar territorial.
Lamentablemente, tan merecido homenaje resulta contradictorio frente a las imputaciones que la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo del juicio por el hundimiento del submarino, formuló a distintos cuadros de la Armada, en enero pasado, prescindiendo de los más elementales peritajes técnicos y sin haber arribado a las causas concretas que expliquen el naufragio, básicas para eventualmente establecer supuestas responsabilidades.
Un viejo axioma de la filosofía del derecho recomienda construir a partir de la materialidad de los hechos. En el caso del hundimiento del submarino ARA San Juan resultará muy difícil, si no imposible, saber qué y cómo ocurrió. Los restos, junto con los cuerpos de nuestros 44 heroicos marinos, la más dolorosa prueba de lo acontecido, yacen inaccesibles en la profundidad.
Quienes probablemente nunca vieron un submarino, sobre la base de hipótesis y dictámenes más o menos fundados técnicamente, intentan reconstruir los hechos y aplicar lo que fijan los códigos vigentes, aunque lejos se encuentren de comprender cabalmente la realidad del comando de una nave militar tan compleja en altamar.
En un reciente fallo, la jueza Yáñez procesó a seis oficiales de rango medio y alto de la Armada Argentina, a quienes imputó el delito de estrago culposo agravado por el resultado de muerte, y los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio.
La referida competencia judicial no sería objetable si el accidente se hubiera producido en ámbitos regidos por la ley civil o penal, pero no resulta aplicable a lo ocurrido en el militar. En cualquier parte del mundo un accidente así hubiera sido investigado y juzgado por la Justicia Militar. De hecho, desde el año 2000, ha habido en el mundo 15 accidentes de submarinos militares, con un total de 216 víctimas mortales. En todos los casos, actuaron juzgados especiales. En la Argentina, ni el Código de Justicia Militar ni los tribunales que lo aplicaban sobrevivieron a las reformas aplicadas desde 1983, nacidas de un marcado espíritu antimilitar que el 6 de agosto de 2008 derogó dicho código y suprimió la Justicia Militar, un vacío que no se compensó con el más reciente Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, hoy vigente.
Esta grave anomalía impide que se consideren aspectos propios de las organizaciones castrenses que están fuera del campo de la justicia que se aplica en el ámbito civil. Cualquiera haya sido la motivación política o aun geopolítica de este proceder -reconociendo que a partir de 1983 se diluyeron tanto la hipótesis de conflicto con Chile como la rivalidad estratégica con Brasil-, la realidad es que desde la recuperación de la democracia se desatendieron los presupuestos de defensa y se consintió la duplicación de servicios con el área de seguridad, lo que hizo que los fondos asignados a defensa se limitaran prácticamente al pago de salarios. Con un mensaje implícito de los gobiernos hacia las Fuerzas Armadas, que sostenidamente fue el de quitarles el más básico apoyo, dejándolas a la buena de Dios, se sacrificaron las inversiones y el mantenimiento. Desde entonces se perdieron aviones de combate, algunos incluso cobrándose vidas; se radiaron naves; se canibalizaron tanques y equipos; la munición escaseó, y el personal redujo horarios por falta de raciones. Tareas y misiones pasaron a cumplirse en condiciones cada vez más precarias. Los oficiales enfrentaron riesgos crecientes ante la disyuntiva de tener que paralizar actividades necesarias para el debido cumplimiento de objetivos de defensa.
En el plano militar, se condenaría a un oficial que no enfrentase un ataque externo alegando que su equipamiento no está en óptimas condiciones. En términos más llanos, ¿corresponde desistir de contar con tripulaciones submarinistas ante un tan notable como peligroso aumento de riesgos por falta de mantenimiento? Si la respuesta fuera afirmativa, sería extensible a todo el aparato defensivo y, en consecuencia, las Fuerzas Armadas argentinas deberían permanecer paralizadas.
En el caso del ARA San Juan, hubiera correspondido que un consejo de guerra observara lo que en la jerga militar se conoce como la "eficacia del mando". Se habría puesto entonces el foco de atención en la conducción superior que remite directamente al poder político, con especial atención en el propio jefe del Estado Mayor, responsable de ejercer el gobierno y la administración de la Armada y de dirigir la preparación para la defensa, además de ser el principal articulador con el Ministerio de Defensa, del que depende por delegación del presidente de la Nación. Seguramente, no hubiera dejado de considerar el planeamiento del ejercicio en el que actuó el ARA San Juan, que fue el mayor y más ambicioso de la Marina en varios años, pero con material obsoleto, apto solo para navegar sin mayores exigencias.
Un tribunal militar hubiera advertido que, desde hace años, no se disponía de un buque de rescate en zona, a diferencia de lo que ocurre en Brasil y Chile. También hubiera evaluado si el personal de la Marina, tanto el embarcado en el ARA San Juan como el del resto de la fuerza, habían recibido el tiempo mínimo de entrenamiento para desarrollar y mantener sus destrezas navales. El largo tiempo de desfinanciamiento de la defensa nacional al que nos referimos dejó no solo una flota obsoleta, sino también marinos que suplen con coraje y arrojo la falta de horas de navegación y consecuente experiencia profesional.
Hay, por lo tanto, culpas compartidas entre la oficialidad y los gobiernos que redujeron los presupuestos y llevaron a tomar innecesarios riesgos. Ambos propiciaron el escenario de la tragedia al hacer de las carencias una habitualidad que prácticamente anuló la percepción del riesgo, disimulando fallas y restricciones. La desgraciada consecuencia fue transformar un ejercicio militar en una acción temeraria, como tantas otras veces ocurrió, por pura fortuna, con resultados menos infaustos.
Frente a esta situación, lo dictaminado por la magistrada Yáñez termina exponiendo las gravísimas limitaciones e insuficiencias del Código Penal para abarcar un hecho militar de alta complejidad, que demanda la inspección técnica del estado de una válvula tanto como la evaluación del ejercicio del mando en la Marina.
Para colmo, en este caso, la autoridad política, es decir, el ministro de Defensa de turno por delegación del comandante en jefe, que es el Presidente, no estuvo a la altura impuesta por las circunstancias. Contó además para ello con la incompetencia de la jueza Yáñez, quien deslindó también la responsabilidad del propio jefe de la Armada. La injustificable actitud del exjefe de Estado Mayor de la Armada Marcelo Srur no tiene precedente en nuestra historia naval. Su intento de responsabilizar a sus subordinados directos de graves delitos militares inexistentes en el accidente del ARA San Juan resulta tan inexplicable como cuestionable.
Una vez más -la larga lista de desatinos excede esta opinión editorial-, resultan imputados en responsabilidades penales jefes de las Fuerzas Armadas por accidentes ocurridos en el desarrollo de prácticas profesionales aprobadas u ordenadas expresamente por el poder político y exigidas al límite por las penurias presupuestarias descriptas.
Como vergonzosa circunstancia agravante, los jefes y oficiales que han sido víctimas de accidentes en ejercicios profesionales bajo las deficientes condiciones que imponen los recortes no son defendidos legalmente por el Estado, como correspondería. En cambio, pasan a ser los únicos acusados y deben incluso procurarse, a su exclusivo costo, la defensa legal. En el caso del ARA San Juan, además, la jueza ha dictado importantes embargos a los que los oficiales imputados no pueden hacer frente con sus modestos ingresos y bienes.
En este escenario, que gran parte de la sociedad lejos está de tener en cuenta, solo alguna voz aislada con escasa difusión se ha levantado frente a tan contradictorio como inmerecido desaguisado. Sería importante para el futuro de los cuadros de las Fuerzas Armadas en general y de la Armada en particular que hubiera un pronunciamiento esclarecedor no solo por parte de la Cámara desde el ámbito judicial, sino también por parte de quienes más respeto despiertan dentro del arma. Los oficiales en actividad tienen obvias restricciones institucionales, pero la palabra de un grupo importante de almirantes retirados serviría como faro de ejemplaridad, reafirmando valores y brindando sostén a la esperanza de quienes empeñan, por vocación, su vida en defensa de la patria.
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