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El mapa de la prostitución infantil
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Una profunda preocupación existe hoy en nuestro país por la creciente actividad de las bandas criminales que explotan el tráfico de menores y la prostitución infantil mediante operaciones centradas en la zona de la Triple Frontera. No sólo en la Argentina hay angustia e inquietud por este grave problema. También en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia crecen las denuncias sobre este comercio infame, que opera en red y que en muchos casos "exporta" menores de una provincia a otra o de un país a otro.
El Instituto Americano del Niño exhortó hace algún tiempo a los Estados de la región a realizar investigaciones sistemáticas sobre estas redes delictivas y a combatirlas en forma conjunta. En nuestro país, el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha investigado el tema y ha obtenido un importante caudal de datos, sobre la base del cual es posible trazar un mapa de las principales rutas que las redes de prostitución infantil utilizan para concretar sus perversos objetivos.
Las estrategias que se ponen en marcha contra esta clase de delitos tropiezan con una dificultad muy fuerte, que reside en la frecuente complicidad de las propias familias de las víctimas en la consumación del crimen. En numerosos casos, en efecto, la integración del menor a una cadena de prostitución es alentada o ejecutada por sus propios padres o por otros parientes, que se benefician económicamente al entregarlo a la red.
Más aún, con bastante frecuencia, los niños sufren abusos sexuales en sus propios hogares, de modo que cuando caen en las garras de un proxeneta o de una organización delictiva ya han sido violentados anteriormente por sus propios familiares. Se estima que en la Triple Frontera y sus inmediaciones hay unos tres mil quinientos menores de 18 años que sufren habitualmente algún tipo de violencia sexual. En esos casos, obviamente, la desaparición del menor no suele ser denunciada, con lo cual falta el elemento básico para que la fuerza policial inicie la búsqueda del niño "capturado" por la red.
Por eso, las bandas criminales prefieren traficar con chicos o chicas provenientes de familias que están en situación de extrema pobreza o de aguda marginalidad social. Prefieren hacer arreglos con los familiares antes que recurrir a la metodología del secuestro, más compleja y riesgosa. Además, es fácil advertir que cuando un niño o una niña cruza un puesto fronterizo en compañía de uno de sus padres el margen de acción de las fuerzas de seguridad es muy estrecho. En efecto, aunque sospechen que está en marcha una operación ilegal o criminal, los gendarmes no pueden actuar ante los padres sin una interdicción o un pedido de captura.
Todo esto demuestra que detrás del desafío que plantean las redes de prostitución infantil subyace un drama social y cultural de extraordinaria magnitud. Y revela que el problema no puede ser encarado únicamente mediante la intervención de las fuerzas del orden, sino también en términos de políticas de largo alcance, orientadas a dar respuestas al duro diagnóstico sobre la realidad social que numerosas entidades de la sociedad civil se han ocupado insistentemente de elaborar y difundir. No está de más recordar que la agenda de la 88a. asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, que está deliberando en San Miguel, otorga justamente al tema de la pobreza y la marginalidad social y cultural un espacio importante.
En la provincia de Misiones, la preocupación por el tema del tráfico de niños se ha agudizado marcadamente. Se sabe que muchas mujeres menores de edad cruzan los puestos aduaneros en camiones internacionales, que traen y llevan ese doliente cargamento humano, a veces trasladándolo a otras regiones del país, a veces llevándolo a los puertos del Atlántico o del Pacífico, que son la salida segura al comercio internacional.
El I Congreso Internacional de Abuso y Pedofilia, celebrado recientemente en Buenos Aires con amplia participación de profesionales del derecho, la medicina, la educación y la psicología, trató este doloroso tema y formuló una serie de recomendaciones al Poder Legislativo de la Nación. Pidió, entre otras cosas, una modificación de la ley para que estos graves delitos no prescriban, a fin de que el niño víctima de abusos, al llegar a la mayoría de edad, disponga del tiempo suficiente para reflexionar y "asimilar" en su fuero íntimo lo que le pasó antes de llevar su caso a la Justicia. También se recomendó que se evite la "revinculación" entre el agresor y la víctima durante el tiempo que demande la tramitación del juicio, ya que a veces el agresor es -como ya se dijo- uno de los integrantes de la propia familia.
La prostitución infantil exige, en consecuencia, un enérgico combate en dos frentes. En primerísimo lugar, se requiere la puesta en marcha de políticas de prevención y represión policial extremadamente severas, destinadas a identificar y desbaratar a las bandas criminales que condenan a niños y adolescentes al "infierno" de la prostitución. Por otro lado, es imperioso desarrollar planes sociales que eliminen progresivamente los factores que llevan a tantas familias a situaciones de extrema exclusión social, creando los contextos de miseria y abandono en los cuales prosperan los engranajes de este monstruoso comercio.
