El megadecreto de Milei

Nadie puede ignorar el gravísimo estado en que se encuentra la Argentina tras tantos años de políticas populistas que desencadenaron el mayor proceso inflacionario de los últimos 32 años, junto a un largo período de estancamiento económico y un significativo incremento de la pobreza. Tampoco puede ignorarse que la ciudadanía se pronunció mayoritariamente en las urnas a favor de un cambio y que respaldó el compromiso del nuevo presidente de los argentinos de reducir el elefantiásico tamaño del Estado, poniéndole fin al crónico déficit fiscal, y de liberar las fuerzas productivas para avanzar por la senda del crecimiento económico.

Javier Milei se ha propuesto dejar atrás un modelo económico sometido a interferencias y regulaciones estatales que ahogaron durante años al sector privado, a controles de precios, a cepos cambiarios y a restricciones arbitrarias al comercio, a una presión tributaria que se ubica entre las más elevadas del mundo y a amenazas como las derivadas de la extemporánea ley de abastecimiento. Es necesario terminar con esa trama de regulaciones y trabas al desarrollo económico, por lo que debe apoyarse la intención del primer mandatario de avanzar hacia la desregulación de la economía.

Tiene razón el Presidente cuando, al describir la funesta herencia recibida, señala que la intrincada red de regulaciones diseñada por quienes gobernaron el país en las últimas décadas, lejos de proteger a los sectores más débiles de la población, los ha hecho dependientes de grupos notablemente improductivos y parasitarios, y que se torna imprescindible romper ese círculo vicioso de empobrecimiento generalizado y crisis recurrentes. Es cierto, también, que la falta de confianza –pilar fundamental de las decisiones económicas– solo podrá revertirse con un programa integral de reformas que quiebre las causas profundas de la decadencia argentina.

Difícilmente las crisis se resuelvan avasallando la división de poderes

Los propósitos y el contenido del reciente megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente de la Nación deben ser apoyados en general. Entre otras cosas, no puede negarse que la nefasta ley de alquileres vigente, ahora derogada, ha virtualmente paralizado al mercado locatario residencial, ya que provocó una fuerte retracción de la oferta. Tampoco puede cuestionarse la necesidad de declarar como servicios esenciales a la salud y la educación, ni el hecho de que las empresas de medicina prepaga se incorporen al sistema de obras sociales, con la posibilidad de que cada trabajador elija adónde derivar su aporte. La derogación del régimen de sociedades del Estado y su transformación en sociedades anónimas con vistas a su eventual privatización es otro capítulo importante, al igual que la declarada intención de modernizar el régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino y de disminuir el costo de los despidos.

Independientemente de los beneficios que generarían las medidas, no puede dejar de tenerse en cuenta que, para no pocos especialistas en derecho constitucional, el decreto comentado sería decididamente inconstitucional. La Constitución Nacional señala que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” y que solo podrá dictar decretos de necesidad y urgencia cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que las facultades para que el Poder Ejecutivo dicte un DNU son admitidas en condiciones de rigurosa excepcionalidad para limitar y no ampliar el sistema presidencialista.

La salida exige coraje pero también diálogo

Dado que difícilmente las crisis se resuelvan avasallando la división de poderes, sería deseable que el presidente Milei convocara cuanto antes a sesiones extraordinarias del Congreso y enviara un proyecto de ley que reproduzca las numerosas disposiciones contempladas en el DNU para su urgente tratamiento parlamentario, de tal modo que los legisladores puedan analizar cada una de las más de 300 iniciativas, aprobando aquellas que consideren admisibles y rechazando aquellas que no lo sean.

La salida de la crisis exige coraje pero también diálogo. No es factible prescindir de las reglas de la República ni del respeto por la división de poderes, necesario para que cualquier cambio resulte legítimo y duradero.