El mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa
Alberto Fernández perdió una nueva oportunidad para brindar precisiones sobre un plan económico integral que hasta hoy sigue sin conocerse
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LA NACION
Casi tres meses han transcurrido ya desde la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Nación y prácticamente siete desde su contundente triunfo en las primarias abiertas de agosto que lo ubicaron a un paso de la Casa Rosada. Sin embargo, tanto la ciudadanía argentina como la comunidad internacional carecen hasta hoy de datos mínimos por parte de las autoridades nacionales sobre el plan económico que el jefe del Estado asegura tener.
El gobierno nacional continúa apostando a resolver, primero, la cuestión de la deuda pública, procurando una renegociación que incluya una prórroga por varios años de sus vencimientos y una quita sustancial de capital e intereses, y, solo después de ese hipotético acuerdo, presentar un plan que ofrezca garantías de un crecimiento que torne la deuda sustentable.
Cabe insistir en que esa lógica pone el carro delante de los caballos, por cuanto no es razonable imaginar que un acreedor acepte condicionamientos como los que propone el gobierno argentino sin tener mínimas garantías de que, esta vez, la Argentina honrará en tiempo y forma sus compromisos.
Más allá del impacto que la ausencia de certezas sobre la existencia de un plan económico integral pueda tener sobre el proceso de renegociación de la deuda, esta cuestión se torna vital en momentos en que las inversiones productivas siguen frenadas, al tiempo que el futuro hasta de áreas estratégicas como Vaca Muerta está provocando incertidumbre entre las potenciales empresas inversoras.
El primer mandatario desperdició ante el Congreso una oportunidad para plantear pautas fiscales y monetarias, al igual que planes para alentar inversiones, indispensables para empezar a percibir un horizonte menos difuso que el actual.
No solo no lo hizo, sino que insistió en un diagnóstico equivocado al responsabilizar de todo lo malo que le pasa a la Argentina al gobierno de Mauricio Macri. Independientemente de los errores de la gestión de Cambiemos, es imposible ignorar que problemas como el crónico déficit fiscal y la inflación se remontan a muchos años atrás, y que el kirchnerismo hizo mucho por profundizarlos. Tampoco es acertado señalar, como puntualizó con vehemencia el presidente Fernández, que la inflación es principalmente consecuencia de la acción de "formadores de precios" y de "pícaros que especulan".
Hubo algunos anuncios, no obstante, como la propuesta de creación de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino que sirva de plataforma para diseñar "la agenda del futuro" y atraer con fines productivos la riqueza argentina que está en el exterior. O como un nuevo régimen para la minería y para inversiones hidrocarburíferas, aunque sin mayores precisiones.
Las omisiones en materia económica fueron en cierta forma disimuladas por el lanzamiento de una agenda política. Esta comprendió como cuestiones centrales una reforma judicial, que incluirá la creación de un nuevo fuero federal penal y el paso al sistema acusatorio, y una iniciativa legal para la interrupción voluntaria del embarazo.
Respecto de los cambios en la Justicia, el Presidente propuso terminar con "la designación de jueces amigos", así como "desterrar las componendas del poder político con el Judicial" y poner fin a la "existencia de magistrados dependientes de oscuros poderes". Expresó también que su gobierno quiere acabar con "los sótanos de la democracia", en referencia a las redes ilegales que desde hace mucho tiempo vinculan a jueces con servicios de inteligencia. En tal sentido, anunció que los espías dejarán de cumplir el papel de auxiliares del Poder Judicial y sugirió que se buscará diluir el poder de los jueces federales de Comodoro Py, al que definió como un "oligopolio".
Nadie puede dudar de la necesidad de terminar con viejos vicios como los que mencionó el primer mandatario. Pero tampoco puede dejar de suscitar dudas el hecho de que haya sido el kirchnerismo el sector que, desde la gestión gubernamental, más se valió de esas relaciones espurias para garantizarse impunidad. Es de esperar que la palabra del Presidente no vuelva a devaluarse y que, efectivamente, se haga realidad su idea de que "los problemas se resuelven con más y mejor justicia", enfatizada durante su exposición ante diputados y senadores.
Hubiera sido positivo que el primer mandatario se despegara en forma contundente de algunas iniciativas provenientes de sectores del oficialismo tendientes a favorecer la impunidad de exfuncionarios procesados o condenados por hechos de corrupción y que desechara completamente proyectos disparatados como el de intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy.
Difícilmente se superará la grieta en la sociedad si una inmensa porción de los argentinos siguen pensando que el actual gobierno tiene entre sus principales objetivos dotar de impunidad a la actual vicepresidenta y a algunos de sus exfuncionarios.
Tampoco ayuda a la unión de los argentinos la insistencia en proyectos de ley como el de la legalización del aborto, que rechazó en 2018 el Senado de la Nación. Si bien el Presidente enfatizó que la iniciativa irá acompañada de un "plan de 1000 días" para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y sus hijos en los primeros años de vida, al igual que de una norma sobre educación sexual integral para prevenir los embarazos no deseados, la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo seguirá sembrando divisiones. En especial si, como ocurrió en su mensaje a los legisladores, el presidente Fernández emplea cuestionables argumentos, afirmando que se debe respetar "la decisión individual de los miembros de la sociedad a disponer libremente de su cuerpo", sin tener en consideración el derecho a la vida de la indefensa persona por nacer, que consagra nuestra propia Constitución nacional.
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