El Palomar: una equivocada decisión judicial

La resolución de una jueza que prohibió los vuelos nocturnos en un aeropuerto avanza en cuestiones que deberían dirimir los otros poderes del Estado
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8 de octubre de 2019  

Una reciente resolución judicial prohibió a las aerolíneas que operan en el aeropuerto de El Palomar las maniobras de despegue y aterrizaje en horario nocturno y limitó su actividad a los vuelos diurnos. La decisión fue tomada a partir de la denuncia de una particular, molesta por la contaminación sonora.

La determinación, adoptada por la jueza federal Martina Forns, afecta la ecuación económica de los operadores. Transitamos momentos en los que las líneas aéreas de bajo costo -las llamadas low cost- vienen ganando mercado y produciendo una revolución en el transporte aéreo del país con claro beneficio general, puesto que la mayor competencia ha generado una baja de precios y el aumento exponencial de usuarios, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales.

La inquietud de una vecina genera sorpresa cuando el referido aeropuerto funciona desde hace más de 70 años sin despertar quejas que excedan las naturales. La cantidad de vuelos no debiera tampoco ser motivo de reclamo. Quienes viven cerca de las vías férreas escuchan inevitablemente el paso de los trenes y los vecinos de las autopistas soportan el tronar de los automotores.

Otra observación se asocia al carácter individual de la denunciante que deja desafectado el aspecto comunitario. Numerosos vecinos llevaron a cabo días atrás una movilización en la cual, al grito de "queremos aeropuerto", expresaron su desacuerdo con la queja, invocando que la actividad de la base aérea había traído beneficios económicos al barrio, por cuanto generó fuentes de trabajo y un incremento en los ingresos de muchos negocios de la zona.

Un comentario aparte merece la reiteradamente cuestionada hiperactividad judicial: los jueces no pueden intervenir en todos los conflictos surgidos de las decisiones de la administración pública. En el caso particular que nos ocupa se contrapone con una política de transportes largamente añorada en el país y que derivó en una decisión administrativa que ha apuntado al bienestar general. Hay fallos que detienen la poda de árboles o impiden la plantación de otros, invadiendo esferas propias de otros poderes del Estado.

No todo es judiciable aunque pueda llegar a serlo en determinadas circunstancias. No parece que en el caso que nos ocupa corresponda. Otras vías podrían haber resuelto el problema en forma más razonable y con menores perjuicios para todos los involucrados.

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