El peor riesgo país, un juez inmoral
Insistir con el juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia es la aniquilación del concepto republicano de mérito, dignidad y probidad de antecedentes para tan alto cargo
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Hay decisiones mal encaminadas que pueden afectar negativamente a la sociedad en el corto plazo. Hay otras que tienden a extenderse como una mancha de aceite venenosa a lo largo de varias generaciones.
La inapropiada elección de un candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra entre estas últimas. Tendría efectos nefastos, según la suerte final de la iniciativa, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo también. Ese posible salto al abismo sobre el cual el Gobierno ha sido insistentemente reconvenido por organizaciones civiles del país y del exterior, al punto de que se desconoce que haya habido una advertencia de tal magnitud en el historial de la Corte, asomó, a pesar de todas las prevenciones hechas, en el pedido de consideración en sesiones extraordinarias del pliego del cuestionado juez de primera instancia, Ariel Lijo, como candidato para cubrir una de las dos vacantes existentes en la Corte Suprema. Todas las opiniones críticas sobre la eventualidad de esa designación han coincidido en conjeturar que se trata de una componenda entre el oficialismo y la oposición originada en motivos espurios. Peligrosamente, el jueves último, ese pliego obtuvo dictamen de comisión en el Senado de la Nación, por lo que estará en condiciones de ser tratado en el recinto el jueves próximo.
El principal riesgo país para la Argentina es tener una Corte infectada por voceros de la casta política que curiosamente el Gobierno tanto denigra
Se ha clasificado a esos motivos espurios en diferentes categorías: pactos de impunidad con el kirchnerismo, continuidad de prácticas potenciales oscuras en el manejo de causas sensibles para el poder político, loteo partidista de la magistratura, aventuras en los subterráneos servicios de inteligencia y de espionaje ilegal. Cualesquiera sean las causas del caso derivan irremisiblemente hacia la aniquilación del concepto republicano de mérito, dignidad y probidad de antecedentes para ocupar un sitial en el más alto tribunal del país y, desde luego, para cualquier otra instancia por igual.
La ironía es por demás elocuente. Está en contraposición absoluta con los conceptos proclamados por el presidente de la Nación de acabar con una casta que poco menos que aniquila el país y de avanzar hacia un nuevo modelo económico, fundado en la competencia, la apertura, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y en la eficiencia administrativa. ¿A qué está jugando el Poder Ejecutivo de la Nación entonces con el tema que nos preocupa?
A la hiperinflación y sus riesgos no se la puede domar con la hipercorrupción de tribunales plagados de personeros e influyentes en las causas más sensibles para la salud institucional de la República
Una justicia trabada por la especulación política, que cajonea o acelera causas en función de los intereses de quien ostenta el poder político o económico, o que es capaz de consagrar la impunidad como moneda de cambio de canonjías inconfesables, no hace más que mellar la posibilidad de un progreso económico sostenible. Ha sido advertido de esto nuestro país: sin verdadera seguridad jurídica, que comienza con el prestigio de jueces intachables, se afectará el ingreso eventual de inversiones físicas preparadas para hacerlo.
La Argentina pretende ser miembro del selecto grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como modo de potenciar sus posibilidades de inserción internacional. Convendría que quienes impulsan la candidatura del doctor Lijo leyeran las conclusiones del Informe 2024 de dicho organismo: “La corrupción –dice– tiene un impacto negativo en la prosperidad y la democracia. Profundiza las desigualdades y debilita el crecimiento económico, erosiona la resiliencia y el buen funcionamiento de las democracias e impide la representación y la confianza en el gobierno. Por lo tanto, los países de todo el mundo han invertido, especialmente en los últimos años, en el fortalecimiento de sus marcos anticorrupción e integridad (…) esta labor está lejos de ser concluida y es necesario mejorar los marcos si los países quieren seguir salvaguardando la prosperidad y la democracia”.
Una Justicia trabada por la especulación política, que cajonea o acelera causas en función de los intereses de quien ostenta el poder o que es capaz de consagrar la impunidad como moneda de cambio de canonjías inconfesables, no hace más que mellar la posibilidad de un progreso económico sostenible
Dicho informe tiene otro elemento revelador. “Si bien –dice– la mayoría de los países de la OCDE adoptan un enfoque estratégico de la integridad y la lucha contra la corrupción, la tasa media de implementación de las actividades previstas es del 67%, lo que indica que alrededor de un tercio de las acciones previstas no se han llevado a cabo”. Precisamente, un Poder Judicial independiente, equilibrado, honesto en la aplicación de la ley e insobornable frente a los desmanejos políticos, será indispensable en la convalidación de un adecuado funcionamiento de la democracia. ¿Considera el presidente Milei que está haciendo lo necesario para que así sea?
Por si lo anterior no resultara de suficiente esclarecimiento podrían recordarse los argumentos de la Academia Sueca en ocasión de distinguir en 2024, con el Premio Nobel de Economía, a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson. En el centro de sus preocupaciones, destacó la academia, han estado las cuestiones institucionales asociadas a la disciplina y comportamiento económico. Y agregó: “Han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país. Las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor”.
Un Poder Judicial independiente, equilibrado, honesto en la aplicación de la ley e insobornable frente a los desmanejos políticos, será indispensable en la convalidación de un adecuado funcionamiento de la democracia
A la hiperinflación y sus riesgos no se la puede domar con la hipercorrupción rampante de tribunales plagados de personeros e influyentes (influencers, en el cabal sentido del anglicismo tan de moda) en las causas más sensibles para la salud institucional de la República. El principal riesgo-país para la Argentina es tener una Corte infectada por voceros de la casta política que curiosamente el Gobierno tanto denigra.
La libertad no se conquista con jueces que pueden prestarse a cualquier maniobra por motivos económicos, políticos, o de enriquecimiento personal. Convendría, en tal sentido, alertar al Gobierno –y a los legisladores que han decidido dictaminar favorablemente sobre Lijo– sobre el candor de suponer que por una componenda que alguien lleve en bandeja a su consideración se va a garantizar la protección futura o la benevolencia cómplice de los jueces que se promuevan hoy a partir de pactos inconfesables.
En el otoño de su poder, verían de ese modo algunos posarse sobre su cuello la guillotina de quienes ahora pueden jurar lealtad o fidelidad como modo de acceder al máximo tribunal del país. Serán ellos los primeros en perseguirlos con opacos motivos aptos para alinearse al nuevo poder de turno, según enseña la historia.
Será así porque sencillamente para algunos personajes todo tiene precio y nada tiene valor. Suena increíble cómo se puede ser ingenuo o ignorante de notorios hechos del pasado como para suponer lo contrario.
