El proyecto monetario de Milei
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El presidente Javier Milei esbozó recientemente el camino que se seguiría con la moneda. Como parte de una política de competencia de monedas, el eje de su propuesta consistiría en anular completamente la emisión de dinero. En lo inmediato, la prohibición alcanzaría la emisión para financiar el déficit fiscal. Luego abarcaría también las necesidades del Banco Central (BCRA) para sus pasivos remunerados y la compra de reservas.
Milei declaró que se propone enviar al Congreso un proyecto de ley para sancionar penalmente a los funcionarios que quiebren esa prohibición. Esta norma de sanidad monetaria viene siendo cumplida parcialmente. Se ha logrado que no sea el déficit el que la haga necesaria, pero sigue siendo requerida para el pago de intereses de la deuda del propio BCRA y adquirir dólares con el fin de recuperar reservas.
La emisión cero exigiría cerrar estos requerimientos o bien compensarlos con un mayor superávit fiscal equivalente. Está ayudando actualmente la reducción de la tasa de interés que aplica el BCRA, pero se estaría encontrando un límite al provocarse un desplazamiento de los depósitos en pesos hacia la compra de dólares financieros. La auspiciosa reducción de la brecha cambiaria se detuvo y sufrió una leve ampliación tras el último anuncio de una nueva baja de la tasa de interés. La disminución de esta brecha es una condición para salir del cepo sin que se produzca una devaluación que entorpezca la convergencia hacia la estabilidad. La salida del cepo forma parte del curso de acción anunciado por el Presidente.
Dentro de estas definiciones, el jefe del Estado agregó que si aumenta la demanda de pesos, los particulares tendrán que utilizar sus ahorros en dólares, ingresándolos al circuito monetario. De esa forma, si la economía creciera o mejorara la confianza y aumentara la monetización, habría una gradual dolarización. Siguiendo este proceso, según afirmó Milei, el Banco Central sería suprimido. La racionalización técnica de esta propuesta abre caminos alternativos para las medidas que pueden esperarse.
Mientras no se cancelen los pasivos remunerados del BCRA, el superávit fiscal financiero debería compensar el déficit cuasifiscal para hacer posible la emisión cero. Sería también condición que el BCRA deje de intervenir en el mercado cambiario. En otras palabras, que haya libre flotación en un mercado único y libre de cambios. Siendo el propósito eliminar el BCRA, un paso lógico sería que ello suceda y que el Tesoro Nacional absorba la totalidad de sus activos y pasivos, quedando solo una superintendencia de entidades financieras, sin capacidad de emitir deuda ni de actuar como prestamista de última instancia ni desarrollar política monetaria.
Según anticipó el Presidente, la prohibición de emitir se mantendría aun en el caso de que por el crecimiento de la economía o por la mayor confianza aumentara la demanda de dinero. Esto implica renunciar al llamado señoreaje, permitiendo o alentando, como dijo Milei, que los particulares aporten sus dólares ahorrados para satisfacer la mayor necesidad de dinero. La dolarización se produciría gradualmente de esta forma, sin la necesidad de fondos públicos para una conversión forzada de la masa monetaria.
Producido este cambio, si en adelante el Tesoro, nuevo depositario de las reservas internacionales, quisiera aumentarlas, tendría que hacer uso del superávit fiscal y no de la emisión. La flotación cambiaria y la previsibilidad necesaria para los agentes económicos harían conveniente que se anticipe el programa de reservas, manteniendo la potestad de actuar en forma transitoria y limitada en situaciones anómalas y excepcionales que puedan alterar el mercado de cambios.
En este esquema, el Estado debería estar habilitado para cobrar impuestos y pagar salarios, jubilaciones y cualquier otro gasto, ya sea en pesos o en dólares o en otra moneda de suficiente liquidez. Lo mismo valdría para el sector privado. La relación entre monedas sería la que resulte en un mercado verdaderamente único y libre de cambios en la fecha de pago. Los comercios y empresas deberían exponer sus precios en pesos o en dólares, indicando la fecha del dato informado. Tal como está estipulado en la reforma del Código Civil y Comercial incorporada al DNU 70/23, los contratos estipulados en una determinada moneda deberán ser cumplidos en la misma moneda, salvo otro acuerdo entre las partes. Esto debería valer también para los laborales. La tasa de interés sería la que determine el mercado para cada moneda. Se dejaría de lado el modus operandi de una tasa de política monetaria.
La mayor dificultad para concretar esta transformación del régimen monetario, que parece estar en la cabeza y la voluntad presidenciales, se encuentra en el plano fiscal. La salida del cepo implicaría resignar la recaudación del impuesto PAIS sobre la compra de divisas, que actualmente aporta alrededor de dos puntos del PBI y es un puntal del superávit fiscal. La reducción del gasto debería entrar de lleno en recortes genuinos y estructurales. Se debería retomar la recuperación de las tarifas, que actualmente se encuentra en un compás de espera privilegiando la reducción de la inflación.
Más que conveniente serán necesarias la sanción de la Ley Bases y la consolidación de la vigencia del DNU 70/23 para fortalecer la confianza e impulsar la recuperación de la actividad económica. La reforma monetaria no está incluida en estas normas y exigiría otras que probablemente ocasionen un intenso debate legislativo teñido de diferencias ideológicas y políticas. Lograr estabilidad y crecimiento es un desafío nada sencillo.
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