El Rally Dakar y la tentación del pasado
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La posibilidad de que el Rally Dakar abandone Arabia Saudita a partir de 2029 volvió a encender, en la Argentina, una nostalgia conocida. Durante una década, el país fue escenario de una de las competencias más exigentes y emblemáticas del automovilismo mundial. Desiertos, montañas y pueblos del interior formaron parte de una épica que todavía persiste en la memoria colectiva. Sin embargo, convertir esa nostalgia en política pública sería hoy un error de diagnóstico.
Las declaraciones del director de la prueba, David Castera, fueron claras: no se trata de elegir dónde gustaría correr, sino dónde efectivamente se puede. Y ese “poder” excede largamente la geografía. Incluye condiciones económicas, logísticas, ambientales y políticas que la Argentina, en su estado actual, difícilmente pueda ofrecer sin asumir costos significativos.
El primer aspecto es fiscal. El Dakar no es un evento que llegue sin contraprestaciones. Requiere aportes estatales directos, garantías financieras, despliegues de seguridad, asistencia sanitaria, acondicionamiento de rutas y caminos, y una compleja coordinación interjurisdiccional. En un país con restricciones presupuestarias severas, déficit estructural y una deuda social persistente, destinar recursos públicos a una competencia privada de alto costo plantea un dilema evidente. No se trata de desconocer el valor del deporte o del turismo, sino de establecer prioridades.
La experiencia previa dejó resultados ambiguos. Si bien hubo picos de ocupación hotelera y visibilidad internacional, los beneficios económicos fueron puntuales, concentrados y de corta duración. El impacto estructural sobre las economías regionales fue limitado, mientras que el gasto estatal resultó considerable. A diferencia de otras inversiones estratégicas, el Dakar no deja capacidades instaladas ni efectos multiplicadores duraderos.
A ello se suma una dimensión hoy ineludible: la ambiental. Gran parte de los recorridos históricos atravesaron ecosistemas frágiles, zonas áridas de lenta recuperación y territorios con alto valor natural y cultural. En varios casos, la competencia ingresó o bordeó áreas protegidas, incluyendo parques nacionales, generando cuestionamientos técnicos, judiciales y sociales que nunca fueron plenamente saldados.
Un evento de estas características exigiría hoy algo que en el pasado no se hizo de manera integral: un estudio de impacto ambiental acumulativo para la totalidad del circuito, con evaluación previa, participación ciudadana efectiva y control interjurisdiccional. No se trata de un formalismo, sino de una exigencia mínima del derecho ambiental moderno. Sin ese análisis, autorizar una competencia de escala continental implicaría retroceder en estándares que el propio país dice defender.
En ese contexto, resulta razonable establecer un límite claro: no permitir que el Dakar vuelva a atravesar parques nacionales u otras áreas naturales protegidas de máxima categoría. Estos espacios no son escenarios deportivos ni plataformas de marketing; son bienes públicos estratégicos, creados para la conservación a largo plazo y protegidos por normas específicas. Exponerlos nuevamente a un evento de alto impacto físico y simbólico sería una señal institucional equivocada.
La logística tampoco juega a favor. Enero es un mes complejo para la Argentina: temperaturas extremas en amplias regiones, riesgos hídricos crecientes, incendios forestales y una infraestructura vial que muestra signos de importante deterioro. A ello se suma la dificultad de coordinar múltiples provincias, cada una con normativas, capacidades y prioridades distintas. La continuidad institucional, clave para eventos de esta magnitud, ha sido históricamente un punto débil del país.
El contraste con Arabia Saudita es evidente. Allí, la organización encuentra vastos desiertos continuos, baja densidad poblacional, control territorial centralizado y un fuerte respaldo estatal. Esas condiciones explican más que cualquier afinidad cultural o deportiva la permanencia del Dakar en Medio Oriente.
También conviene observar el contexto internacional. El creciente interés de fabricantes y equipos asiáticos, en particular chinos, sugiere un desplazamiento del eje del rally hacia regiones con mayor capacidad industrial, recursos financieros y ambición estratégica en el automovilismo. Frente a ese escenario, la Argentina aparece más como un recuerdo valioso que como una opción competitiva.

Hay, finalmente, una cuestión de sentido. El país necesita orientar sus esfuerzos hacia un desarrollo sostenible, diversificado y de largo plazo. Turismo sí, pero con planificación; deporte sí, pero con coherencia presupuestaria; visibilidad internacional sí, pero alineada con objetivos estratégicos. Apostar nuevamente por un megaevento de alto impacto, breve duración y beneficios acotados parece ir en dirección contraria.
Nada de esto implica negar lo que el Dakar significó para la Argentina ni desconocer la pasión que despertó en miles de personas. Aquella experiencia tuvo su tiempo y su contexto. Pero gobernar también presupone saber cerrar ciclos y resistir la tentación de repetir fórmulas que hoy ya no resultan convenientes.
Quizá el verdadero cambio histórico no sea que el Dakar mire hacia otro destino asiático, sino que la Argentina empiece a mirarse a sí misma con mayor realismo. Entender que no todo lo que alguna vez funcionó debe necesariamente volver, y que la madurez de un país también se mide por su capacidad de fijar límites claros, respetar sus propias normas ambientales y elegir con prudencia qué batallas dar y cuáles es mejor dejar en el recuerdo.


