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El retorno de Carlos Zannini
La Procuración del Tesoro fue históricamente liderada por intachables abogados de alta formación jurídica; no es ese el caso del funcionario elegido
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LA NACION
Existe un consenso muy extendido acerca de que el regreso del kirchnerismo al poder no se produjo por sus antecedentes morales e institucionales, sino a pesar de ellos. El Presidente parece interpretar esa circunstancia cuando enfatiza su voluntad por sanear la decadente Justicia Federal Penal, promete desacoplar a esos tribunales de los servicios de inteligencia, y se rodea de personas que, aun con distintas sensibilidades ideológicas, como Gustavo Beliz, Daniel Arroyo o Vilma Ibarra, han desarrollado sus carreras políticas al margen de cualquier objeción ética.
Sin embargo, ha habido una cantidad de declaraciones y decisiones del actual presidente que van en sentido contrario de tales propósitos. Una de ellas es la designación de Carlos Zannini como procurador del Tesoro. La Procuración del Tesoro, creada por Bartolomé Mitre en 1863, es una oficina destacada del organigrama estatal abocada a asegurar la legalidad del obrar público y la seguridad jurídica como jefa de unos 6800 abogados del Estado. Su titular es, además, como un canciller jurídico, pues representa al país en cualquier litigio y ejerce el control de la calidad jurídica de todas las decisiones del Poder Ejecutivo, dado que desempeña la jefatura de los abogados del Estado.
La selección de Zannini para esa función merece varios reparos. El más inmediato tiene que ver con que la idoneidad de este abogado inspira dudas muy razonables. Durante 12 años, estuvo al frente de la Secretaría Legal y Técnica de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, es decir, fue el funcionario responsable de cuidar sus firmas. Si se tiene en cuenta el gran número de procesos penales desencadenados sobre las tres administraciones del matrimonio, es fácil concluir que Zannini careció de pericia para su tarea o que, distraído en otros menesteres, no tuvo el celo que correspondía en custodiar lo que sus jefes suscribían.
Una demostración de las deficiencias del nuevo procurador como profesional del derecho es que uno de los más costosos conflictos en los que deberá defender los intereses del Estado es un reclamo por una resolución legal que pasó por sus manos cuando era secretario legal y técnico. Se trata de la demanda del fondo Burford Capital porque, según esa firma dedicada a comprar presuntos derechos de terceros, la estatización del 51% de las acciones de YPF se realizó ignorando las previsiones del estatuto de esa compañía. Burford adquirió esos derechos de la familia Eskenazi, que accedió a YPF gracias a su estrechísima relación con Néstor Kirchner. Los Eskenazi recibirían el 20% de lo que consiga Burford de triunfar en el juicio, que se tramita en el juzgado neoyorquino de la jueza Loretta Preska. La demanda, se calcula, va de los 3000 a los 5000 millones de dólares. Uno de los argumentos de los demandantes es que las normas a través de las cuales se estatizó YPF no decían lo que ahora sostiene la Argentina en su defensa: que una ley de expropiación prevalece sobre un estatuto privado. Quien debió haber consignado esa prioridad era Zannini, en su gestión anterior. A estas controvertidas vinculaciones del actual procurador con uno de los más costosos entredichos en los que debe defender a la República se suma otra más incómoda: viene de ser director del Banco de Santa Cruz, en representación de esa provincia. El Banco de Santa Cruz pertenece a la familia Eskenazi.
Cabe recordar que, además del Burford, la Procuración del Tesoro tiene a su cargo en jurisdicción de los Estados Unidos la dirección de las causas por la supuesta modificación del cálculo del PBI en 2013 promovidas por el fondo Aurelius (la jueza Preska falló en favor del país, en una gestión iniciada por el exprocurador Bernardo Saravia Frías); la de la reestatización de Aerolíneas, que se dirime ante el Ciadi, y el caso Maxus contra YPF. Sumadas las anteriores solamente, representan una contingencia de cerca de 10.000 millones de dólares.
Estas contraindicaciones para designar a Zannini no son, sin embargo, las más delicadas. Quien debe ejercer la defensa jurídica de la Nación está procesado por su participación en la redacción del memorándum de entendimiento con Irán. El cargo que pesa sobre él es el de traición a la patria. Esta situación penal del máximo abogado del Estado, además de ser reprobable desde el punto de vista ético, se vuelve día tras día más inconveniente desde el punto de vista político.
El de la demanda de Burford/Eskenazi es uno de los muchos y gravosos entredichos en los que Zannini debe defender a la Argentina en los tribunales de un país para el cual Irán se ha convertido en el máximo enemigo.
Tradicionalmente, ese cargo fue ocupado por intachables abogados de alta formación jurídica como Lino Enrique Palacio, Acdeel Salas, Miguel Marienhoff y, más recientemente, Enrique Petracchi, Alberto García Lema y Saravia Frías, estos dos últimos de brillantes desempeños. Sus dictámenes prevalecen sobre los de la Secretaría Legal y Técnica y los de la cartera de Justicia, teniendo entre sus funciones resolver conflictos interadministrativos.
Una de las rarezas más notables del actual cuadro político es que el Presidente no ignora las limitaciones que se le señalan. Y no las ignora porque él mismo las hacía notar, en voz alta, durante los diez años en que se mantuvo crítico de las políticas de su actual vicepresidenta. Basta exhumar los videos de entrevistas en las cuales Alberto Fernández analizaba las condiciones del doctor Zannini para acompañar a Daniel Scioli como vicepresidente, para detectar que no hay ninguna deficiencia que a él se le hubiera escapado. En uno de ellos, el actual mandatario descalifica a su actual procurador del Tesoro por haber sido "el justificador intelectual de la intervención política a la Justicia y el promotor de [Alejandra] Gils Carbó".
Un grave problema que afronta hoy la vida pública argentina es que no se puede descifrar aún el verdadero pensamiento del jefe del Estado. Si es el que exponía cuando estaba enemistado con Cristina Kirchner, o el que expone ahora, como parte de una reconciliación gracias a la cual alcanzó la presidencia. En otras palabras: no se sabe si aquellos defectos se convirtieron, por arte de magia, en virtudes.
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