El revanchismo no es la solución

La decisión adoptada en la provincia de Buenos Aires de eliminar de espacios públicos el nombre de personalidades de la historia contemporánea del país por el hecho de haberse desempeñado en gobiernos militares es una manifestación más de la política oficial de parcialismos que ha caracterizado el último lustro. Nada han dicho las autoridades competentes de la provincia sobre lo que harán con las figuras que participaron en funciones descollantes en gobiernos de facto, pero también en gobiernos de origen constitucional, como fue el caso del general Juan D. Perón.

Como para refrendar lo ocurrido en 1970 en Timote, partido de Carlos Tejedor, donde fue asesinado por pistoleros de una organización terrorista, el teniente general Pedro Eugenio Aramburu ha sido objeto de una voluntad afrentosa que indigna. Es tan subalterna esa voluntad que carece de altura para rozar el pedestal natural sobre el que reposan el espíritu y la memoria del ex presidente, cuya heroicidad, al momento de la ejecución ordenada "en juicio revolucionario", es avalada por el impresionante relato ulterior de quienes lo fusilaron.

Desde luego que Aramburu cometió errores, y algunos de gravedad. Su actuación debe juzgarse, sin embargo, a la luz del tiempo en que, por la fuerza de los hechos, debió gobernar el país y de acuerdo con el carácter con el que superó disidencias a fin de que se cumpliera el compromiso de entregar el poder a las autoridades elegidas por el voto popular, en febrero de 1958. Así lo reconoció el presidente Frondizi, cuya administración, jaqueada por actos de violencia partidaria y por planteos militares, ha sido rescatada, en los años últimos, por casi todos los sectores de la sociedad política argentina.

Eran aquéllas de los años cincuenta circunstancias de odios inauditos. Se derivaban, como una tempestad incontenible, de esa década en que se incendiaron templos de la Iglesia Católica y sedes de partidos políticos y de instituciones sociales. De tiempos en que cundió la delación de los adversarios a fin de perseguirlos sin tregua y se negó, de manera sistemática, el derecho a la libre expresión de las ideas. Sólo con el cómputo de tal degradación del orden constitucional, por parte de un gobierno de origen democrático, se comprende cuál era la medida de calidad de las instituciones políticas del país y hasta qué punto regía o no por aquellos años el Estado de Derecho.

La historia deliberadamente falseada, en unos casos, e ignorada, en otros, por un desconocimiento agravado en la pertinacia, pasa por alto, entre sus malversaciones frecuentes, la deferencia que el gobierno de Aramburu dispensó, por ejemplo, a los representantes de la República Española en el exilio. Ello suscitó, como no era para menos, dificultades con el régimen de Franco, que amparó en su exilio a Perón, después de que éste debiera abandonar sucesivos refugios brindados por dictadores latinoamericanos de la época: Stroessner, de Paraguay; Pérez Jiménez, de Venezuela, y Trujillo, de la República Dominicana.

Como una contrafigura exacta de lo que se procura lograr con el desplazamiento de nombres que tenían desde hacía muchos años un lugar en ciudades y pueblos de la provincia, se rinde homenaje a individuos que en su tiempo adquirieron posiciones relevantes en organizaciones aplicadas a diseminar el terror en el ámbito nacional. Para que esto se comprenda con el mayor sentido posible de actualidad, esa curiosa derivación de una historia manipulada equivaldría a que en algún momento germinara en España, vaya a saberse por qué caprichos de la política, la idea de que los cabecillas presos de ETA fueran acreedores de un idéntico reconocimiento ciudadano.

¿Hay alguien en España dispuesto a levantar la mano en aprobación anticipada para un fenómeno de esa naturaleza? ¿Debería haberlo, acaso, en la Argentina respecto de una situación análoga?

¿No es del caso levantar, como única bandera merecedora de nuestro compromiso con la República, la del juramento de defender la democracia, pero no la democracia vacía de contenido, sino la que se integra con el sistema de libertades y de garantías individuales y con las instituciones y la división de poderes?

¿No deberíamos acaso los argentinos admitir que nuestra historia política ha estado plagada de graves equivocaciones, que no son patrimonio de un único sector, y que no serán saldadas incentivando revanchismos y exacerbando odios y divisiones?

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