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El veto a la ley del 82 por ciento
Resulta claro que si no hay más fondos para los jubilados la culpa es del propio gobierno kirchnerista
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Tal como lo había anticipado, la Presidenta vetó la ley sancionada por el Congreso que establecía que la jubilación mínima debía equivaler al 82 por ciento del salario mínimo y móvil.
La explicación de la medida no prescindió de adjetivos y descalificaciones que pretendieron amortiguar el costo político de perjudicar materialmente a alrededor de cinco millones de jubilados. Se expuso el fantasma del default y se hizo referencia a la norma vetada como la "ley de quiebra del Estado". Además, desde el atril presidencial se elaboró una alambicada teoría conspirativa afirmando que la ley había sido impulsada por determinadas empresas que querían forzar a la Anses a que les venda sus tenencias accionarias a precio vil.
La aspiración a que los jubilados tengan un ingreso más digno había motorizado este proyecto en el Congreso. Con él se hubiera logrado que la jubilación básica aumente desde 1046 a 1508 pesos y que en adelante se ajuste de la misma manera que el salario mínimo.
La ley preveía, además, el reconocimiento de los aumentos históricamente no aplicados a los jubilados que cobraban más de mil pesos en 2002. Ninguna de estas características debiera haber sido objetada como reclamo de una vida decorosa y del mantenimiento del ingreso frente a una inflación de la cual los jubilados no son culpables. Sin embargo, había una cuestión de orden práctico para un gobierno para el que la caja es un instrumento esencial de poder y que actualmente no pasa por una buena situación en sus cuentas. En los próximos doce meses, se necesitaría destinar al pago de jubilaciones un monto adicional del orden de 33.000 millones de pesos. Esta suma no está disponible, salvo que se la detraiga de otros destinos o se aumenten los aportes patronales u otros impuestos. De no ser esto posible, se debería recurrir a la emisión monetaria, arbitrio hoy ya utilizado y que en este caso debería incrementarse.
No sólo el Gobierno se asustó, también cayó la cotización de los bonos públicos argentinos cuando se conoció la aprobación de la ley con el voto positivo de desempate de Julio Cobos. Los fondos que los legisladores de buena fe entendieron que estaban disponibles para solventar el requerimiento adicional, en realidad están en su mayor parte comprometidos por decisiones de gasto o por aumento en los ya decididos, que seguramente son de menor prioridad social, pero resultan difícilmente reversibles. Por eso la cuestión del veto debe analizarse desde una visión más amplia, que no se limite a observar las cuentas públicas en la situación presente, sino a evaluar el manejo gubernamental del gasto y de las prioridades en un contexto de tiempo más amplio.
El gasto público ha pasado desde un nivel promedio histórico en 2002 del 30 por ciento del producto bruto interno, a un 40 por ciento en 2010. El número de empleados públicos en todo el país en ese mismo período ha aumentado en un 45 por ciento sin que mejore ni la calidad ni la cantidad de los servicios prestados por el Estado.
Los congelamientos tarifarios obligan este año al gobierno nacional a transferir subsidios al sector privado por un monto del orden de 45.000 millones de pesos. Gran parte de estas subvenciones favorecen más a ricos que a pobres. El Fútbol para Todos le está costando este año al Gobierno más de 600 millones de pesos. No hay una evaluación precisa de cuánto significa la corrupción o el gasto meramente político.
Está claro, por lo tanto, que si no hay más fondos para resolver el problema de los jubilados, la culpa la tiene el propio Gobierno que ha sido dispendioso en la persecución de objetivos populistas, políticos y otros aún menos heroicos.
La decisión de vetar la ley del 82 por ciento, si evita que se agrave la situación fiscal, debió ser explicada asumiendo las propias culpas para llegar a esta situación. La omisión de una parte importante de la verdad es tan grave como la hipocresía de tachar de irresponsables o de defender intereses espurios, a los legisladores de la oposición y al vicepresidente, que votaron la sanción de esta ley.
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