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Eliminar la corrupción policial
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Es indudable que el país enfrenta una situación de crisis socioeconómica que por su persistencia durante años generó corrupción. Una corrupción que va más allá de lo admisible en aquellos países que tienen un desarrollo considerable. Como no podía ser de otra manera, la crisis también llegó a las instituciones fundamentales de la República y, en este sentido, las fuerzas de seguridad no fueron una excepción.
Para corroborarlo basta recordar las noticias que dejaron trascender la relación de policías con narcotraficantes o de aquellas otras que señalaron la protección policial a prostíbulos y al juego ilegal, como también las que dieron cuenta de los agentes del orden que "armaron" casos involucrando a personas inocentes para desviar la investigación, de manera de poner a resguardo a los verdaderos delincuentes.
Aunque resulte una obviedad, es conveniente señalar que no son las instituciones las que recurren a prácticas corruptas, sino algunos de sus hombres; y si la cuestión es preocupante se debe a que, a diferencia de otras épocas, el índice es ahora mayor, bastante más de lo que históricamente fue habitual.
Por otra parte, la inseguridad pública se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la vida de los ciudadanos, también porque se percibe que el Estado no aparece en condiciones de controlar el problema y, para colmo de males, las fuerzas que fueron armadas para defender a la ciudadanía exhiben inquietantes niveles de corrupción.
Nada justifica un acto de corrupción. Por el contrario, es un mal que hay que combatir y erradicar de cualquier institución, más aún de las organizaciones policiales. Una de las mejores formas de hacerlo es no dejándole puertas abiertas donde pueda entrar y florecer, y una de esas puertas son los bajos salarios que perciben sus integrantes. Si realmente se quiere hacer algo contra la corrupción hay que comenzar por no tentar a ningún funcionario y mucho menos obligarlo a caer en sus redes.
Cuando los salarios de los funcionarios policiales se encuentran por debajo de aquel piso que les permitiría mantenerse con dignidad, este grupo que por su vocación de servicio debería ser respetado por toda la sociedad recibe dos mensajes del Estado que lo emplea: el bajo salario implica que su dignidad no es reconocida, lo que no sólo atenta contra la imagen que el funcionario público tiene de sí mismo, sino contra la que la sociedad construye de él y de su función como policía.
Además, una vieja y sabia máxima aconseja no someter la virtud a excesivas presiones y los policías constituyen una población de riesgo, en contacto permanente - cómo combatirlo, si no - con el delito y con las tentaciones que ofrece a quienes lo practican, protegen o, fácilmente, incumplen sus deberes.
Las medidas contra la corrupción policial deben también centrarse en la correcta selección del personal, en una adecuada formación profesional, en el establecimiento de salarios y condiciones laborales justas, así como en el diseño de mecanismos que posibiliten una amplia supervisión y un estricto control del desempeño policial.
Sin embargo, y además de los aspectos señalados, ningún avance concreto se logrará en la lucha contra la corrupción estructural en general y contra la policial en particular si no se atacan -con la decisión y firmeza que las circunstancias exigen- ciertos delitos que mueven fabulosas sumas de dinero, como el de la droga, la prostitución, el juego ilegal, los piratas del asfalto y los desarmaderos de autos, por sólo citar a los más mencionados como causantes de desvíos en las filas policiales. Asimismo, para desbaratar estas maniobras reñidas con la ley será necesario determinar si ha existido o existe alguna forma de protección política que ampare a sectores de estas mafias y proteja a los malos funcionarios de la policía.
Como se afirmó recientemente en la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), llevada a cabo en Quito, Ecuador, "la corrupción socava las instituciones públicas y privadas y la confianza de la sociedad, genera grandes daños económicos, compromete la estabilidad, erosiona el Estado de Derecho y vulnera la capacidad gubernamental para responder a otras amenazas a la seguridad".
Es de esperar que a través de las acciones enunciadas, como también de cualquier otra medida que tenga por finalidad desterrar la corrupción y las malas prácticas de las fuerzas policiales, se logre revertir la imagen negativa que algunos malos funcionarios lograron instalar en la sociedad. Es necesario que la policía, como institución de la República, recupere el prestigio y el reconocimiento ganado en tiempos pasados por su destacada profesionalidad, su legítimo desempeño y su incondicional vocación de servicio puesta a disposición de la comunidad.
Pero siempre debe partirse de la premisa de que la comunidad y el Estado deben honrar a sus servidores leales, para que éstos honren sus deberes.
