Ensuciar a otros para garantizarse impunidad

Nuestra historia política reciente está llena de episodios con ribetes mafiosos, en los que se usan ciertos recursos de los que dispone el poder político para extorsionar, presionar o simplemente ensuciar la imagen del adversario. Allá por 2005, pocos días antes de una elección legislativa, al recordado dirigente radical y exjefe de gobierno porteño Enrique Olivera se le adjudicaron millonarias cuentas bancarias en el exterior no declaradas; más tarde se supo que esas cuentas no existían y que todo había sido una mera operación política. En 2009, el dirigente Francisco de Narváez, por entonces candidato a diputado enfrentado con el kirchnerismo, también se vio envuelto en una campaña sucia que lo asociaba con el tráfico de efedrina.

El 25 de febrero pasado la expresidenta Cristina Kirchner, con profundo fastidio, concurrió al juzgado de Claudio Bonadio a prestar una nueva declaración indagatoria por su responsabilidad en siete hechos de corrupción investigados en la causa de los cuadernos de las coimas.

Una vez más, en lugar de contestar las preguntas, la exmandataria se limitó a presentar un escrito, en el cual hablaba con sorna de la "escandalosa" y "bochornosa" causa "de las fotocopias". Allí describía su particular visión sobre un proceso en el cual, merced a los aportes de un significativo número de confesiones y arrepentimientos, se ha reunido sólida evidencia sobre los delitos cometidos. Su argumento central era que la prueba había sido tomada con métodos extorsivos, no obstante que en septiembre del año pasado los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun rechazaron un pedido de nulidad planteado por Oscar Parrilli en el cual sostenía que los testigos arrepentidos eran forzados a declarar.

La expresidenta ensaya una estrategia para vincular su situación con la denuncia presentada por Pedro Etchebest ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, integrante de Justicia Legítima y cercano a La Cámpora, por una extorsión que dijo haber sufrido de Marcelo D'Alessio, en la que también involucró al fiscal Carlos Stornelli y a Bonadio.

El juez ordenó el procesamiento de D'Alessio ese mismo 25 de febrero, al entender acertadamente que habría formado una asociación ilícita para llevar adelante operaciones ilegales de inteligencia a los fines de coaccionar, intimidar y extorsionar a personas para obtener réditos económicos. No mencionó a Bonadio, pero con respecto a Stornelli dio intervención al procurador general Eduardo Casal.

Dos días después, en la sesión preparatoria del Senado, Cristina Kirchner planteó una encendida cuestión de privilegio apoyada en la resolución de Ramos Padilla. Sostuvo que de la decisión de este juez surgiría que los pasos de D'Alessio involucrarían a la Embajada de Estados Unidos y sus agencias de seguridad. De allí que sostuviera que en los procesos en los que se la investiga debería actuar la Corte Suprema. El paroxismo que esconde el argumento no deja de reflejar que la preocupación por su situación en los procesos es más que alarmante debido a la prueba obtenida.

Anteayer, el juez Ramos Padilla concurrió a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, a instancias de su presidente, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien entiende que su presencia como vicepresidente primero en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia no lo limita para propiciar la participación de un juez se explaya sobre cuestiones vinculadas al espionaje. Es preciso recordar que, por lo sensible de la información que maneja esa comisión bicameral, la ley de inteligencia prohíbe a sus miembros hacer indebido uso de la información a la que tuvieren acceso en ejercicio de sus funciones.

El magistrado, manifiestamente incompetente, hizo una inusual presentación ante un auditorio formado casi exclusivamente por diputados kirchneristas -los legisladores de Cambiemos no concurrieron a escucharlo por entender que era una "puesta en escena"- y reveló la existencia de una red de espionaje paraestatal, al tiempo que mencionó que D'Alessio se comunicó vía WhatsApp con la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, aunque esta última no le respondió. Y sobre el final de una reunión que el kirchnerismo pretendió transformar en un show mediático para generar una cortina de humo sobre las causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, acusó infundadamente a sus pares Oliveto y Elisa Carrió de formar parte del aparato paraestatal de inteligencia del que habló el juez y pidió su apartamiento de la Cámara baja por "inhabilidad moral".

Nada parece casual. La senadora Kirchner, luego de que la Corte Suprema confirmara su prisión preventiva por encubrimiento de funcionarios iraníes, estalló en una catarata de tuits contra Bonadio y Stornelli, de quienes dijo que eran un dúo dinámico sin ser Batman y Robin. Ante tanta evidencia reunida en los procesos en que se la investiga por graves y diversos delitos, apuesta a que solo pueda salvarla otro dúo dinámico. Ramos Padilla y Moreau están haciendo sus mejores esfuerzos.