Entre el relato, la campaña y la impunidad

Con la lógica pendenciera y descalificadora del que se cree impune, tanto la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como el interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, defendieron públicamente en estos días el controvertido plan Qunita, de 2015, dirigido a la compra de 150.000 kits para bebes de madres vulnerables.

En julio de 2015, Cristina Kirchner había festejado los 7784 pesos pagados por cada kit, al aducir que el precio de mercado de entonces era de 11.550 pesos. Pero la dirigente opositora Graciela Ocaña compró otros de mejor calidad, en negocios minoristas de la zona de Once, por solo 4129 pesos, según consta en las facturas presentadas ante la Justicia.

La instrucción de la causa por tan groseros sobreprecios, denunciada por la actual diputada Ocaña, fue llevada adelante en 2016 por el hoy fallecido juez Claudio Bonadio. El magistrado entendía que se había diseñado un pliego a medida con el fin de direccionar la licitación para que resultaran ganadoras seis empresas. Entre los procesados figura, además de Aníbal Fernández, el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

Ese mismo año, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió extender el pedido de juicio oral a una docena de procesados, incluido el actual viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, como uno de los empresarios beneficiados con la cuestionada licitación. El fiscal sostuvo que esta estuvo “direccionada desde su principio” y que validó “un perjuicio económico considerable a las arcas del Estado en tanto permitió la afectación abusiva de una partida presupuestaria por un monto de $1.097.259.250 (para 140.000 kits) cuando la prevista originalmente para la operación era de $ 675.000.000 (para 150.000 kits)”. Surge del peritaje oficial, por ejemplo, que las empresas ganadoras de aquella licitación no tenían bienes de uso registrados ni contaban con solvencia patrimonial ni antecedentes en la materia.

Hace pocos días la presidenta del Senado aprovechó un acto de entrega de notebooks para homenajear al diseñador del plan Qunita, Santiago Ares, un joven ya fallecido. Afirmó en esa oportunidad que la demanda judicial opositora fue “una matriz, un modelo que se replicó: la denuncia por la denuncia misma”. Aníbal Fernández, por su parte, descalificó a Ocaña con improperios que seguramente el Inadi no dejaría pasar si el denigrado fuera un representante del oficialismo.

Ambos dirigentes kirchneristas montaron sus arengas y críticas sobre una foto parcial del proceso judicial, olvidando que la película no ha concluido. Se basaron para ello en el dictamen presentado por la fiscal Gabriela Baigún ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, por el que solicitó el sobreseimiento de los acusados y el archivo del expediente. Pero el TOF puede considerar que corresponde seguir con la causa y convocar a juicio oral. Cabe recordar que la misma fiscal había pedido, en su momento, la liberación de Carlos Zannini y Luis D’Elía en el proceso por presunto encubrimiento en el atentado contra la AMIA.

Tras conocer el pedido de sobreseimiento, Ocaña señaló que la fiscal se equivoca con el cálculo que realizó para desestimar que haya habido sobreprecios, como previamente había constatado el fiscal Taiano: “Tomó el valor de salida de fábrica del kit de productos, de 2585 pesos”, dijo la diputada de Juntos por el Cambio para refutar a Baigún y adelantó que estudia la posibilidad de pedir un jury en su contra.

“Baigún descarta de un plumazo todo lo actuado y las pruebas recolectadas por la instancia de instrucción en la causa”, sostuvo Ocaña, quien recordó, además, que el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) presentaron informes en los que advirtieron sobre la “inseguridad” de algunos productos de aquellos kits.

Resulta cuando menos llamativo que, después de tantos años de investigación, de presentación de pruebas y de peritajes oficiales que refrendan lo dicho por el fiscal Taiano, su colega Baigún encuentre que no hay ningún elemento para enviar la causa a juicio oral. En cambio, aparece como muy claro el objetivo final de los principales imputados en causas de corrupción, renuentes a someterse a un juicio oral y público. Mediante la interposición de chicanas y recursos de todo tipo, buscan trabar todo trámite judicial para que caigan los expedientes, incluso al punto de pretender descaradamente modificar todo un sistema para garantizarse la impunidad.

Frente al peligro realista, los congresistas de 1816 declaraban la independencia de las Provincias Unidas respecto de la corona española y de toda otra dominación extranjera. Jamás podrían haber ellos imaginado que, más de dos siglos después, los argentinos estaríamos bregando por llevar a la Justicia a quienes, desde dentro, buscan imponernos mezquinos proyectos personales, carentes de grandeza y contrarios al sano espíritu republicano y libertario que aquellos patriotas tanto defendieron.