Es necesario modificar la actual ley de tierras
Levantar absurdas prohibiciones constituirá una señal de que la Argentina quiere dejar atrás las secuelas forjadas por regímenes retrógrados
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El jefe de Gabinete ha anunciado que el Gobierno se propone elevar al Congreso de la Nación un proyecto de modificación de la ley de tierras, oficialmente conocida, desde comienzos de 2012. como ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
Después de su triunfo de fines de 2011 la expresidenta y hoy convicta, Cristina Kirchner, logró que el Congreso sancionara la ley 26.737, que restringió el acceso a la propiedad de tierras a los extranjeros y violentó de tal manera los artículos 16 y 20 de la Constitución nacional. Ambos ítems establecen la igualdad del trato entre estos y los argentinos.
La descabellada idea de que la soberanía nacional se juega en discriminaciones compulsivas e inconstitucionales de la naturaleza consagrada en aquella ley de 2012 está aún presente en declaraciones del siguiente tenor: “Se trata de uno de los últimos instrumentos que le quedan al Estado para decidir quién es dueño de su suelo, su agua y su alimento”. Un disparate.
Está todo demasiado a la vista como para que sea indispensable a esta altura elaborar argumentos racionales frente a quienes aparentan desconocer que la propiedad de cualquier bien registrable, como el caso del dominio sobre tierras, se halla sometido a disposiciones legales que no dejan por abordar ninguna cuestión legislable en la materia: catastrales, fiscales, de derecho civil y comercial, y cuantas otras que alcancen también a los ciudadanos argentinos. La soberanía nacional está garantizada, pues, de los más diversos modos y los charlatanes no hacen sino mezclar la propiedad de las tierras con un principio al que el Estado, bajo el imperio de ningún gobierno, podría renunciar.
La soberanía nacional está garantizada hoy de los más diversos modos y los charlatanes no hacen sino mezclar la propiedad de las tierras con un principio al que el Estado, bajo el imperio de ningún gobierno, podría renunciar
La ley sancionada en mejores tiempos para Cristina Kirchner tenía por objetivo declarado “proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra”. Lo hacía como si la nacionalidad argentina del propietario fuera determinante para asegurar la defensa de la soberanía nacional sobre el vasto territorio nacional y la renovación de nuestros recursos naturales. Olvidaba, también, que las labores rurales obligan a la movilización intensa de capitales.
En verdad, poco antes de la promulgación de la ley 26.737 el Estado chino estaba en arreglos con la gobernación de Río Negro para adquirir 300.000 hectáreas en el valle de igual nombre. Era incómodo, por lo tanto, para el entonces gobierno nacional, popular y antioccidental, llamar a las cosas como correspondía.
La propiedad sobre tierras, industrias, y demás, en el país por parte de personas jurídicas o individuos se registra normalmente en función de los principios de igualdad, libertad contractual, libre trabajo y comercio consagrados para por la Constitución nacional. Esos mismos principios y derechos plantean otro tipo de problemas cuando son invocados por un Estado extranjero.
La Argentina desespera por inversiones fijas en el país, pero en ese texto se restringe la compra por extranjeros a no más del 15% de las tierras que configuran el territorio nacional, el de una provincia o municipio
En la génesis de la ley de tierras todavía en vigor estuvo presente esa preocupación. Cualquier gobierno podría haber expuesto las reales razones de su inquietud, pero al kirchnerismo resultaba difícil expresar el pensamiento que lo impulsaba en la tramitación de aquella ley: el Estado que procuraba adquirir tierras en Río Negro nada tenía que ver con las potencias centrales y liberales de Occidente. Era China.
Se optó, pues, por otra clase de fundamentación para arribar a la sanción de la ley que el gobierno de Milei pretendería derogar en noviembre de 2023 por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70,
que contempló la diversidad de asuntos que se amparó bajo el nombre de Bases para la Reconstitución de la Economía Argentina. Una organización de excombatientes en las Malvinas interpuso contra ese DNU una medida cautelar que halló eco en la Cámara Federal de La Plata y ha sido recurrida por el gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tiene entendido que dos jueces han emitido su voto y que solo resta el del presidente del cuerpo, Horacio Rosatti.
Ya se verá si un pronunciamiento del más alto tribunal se demora a fin de que se evite o no una opinión en abstracto. El gobierno de Milei ya no pretende la derogación de la ley de tierras; ahora se interesa por su modificación, de modo de dejar las puertas abiertas a una negociación con el Poder Legislativo a fin de compartir correcciones que dejen de lado los aspectos más controvertibles de la ley de 2012.
Las absurdas limitaciones fundadas en las mismas extravagancias ideológicas que han paralizado por tantos años el desarrollo del país no solo conspiran contra la igualdad en el acceso a la tierra, sino que también han reducido la competencia, distorsionado los precios y depreciado los activos rurales argentinos
La Argentina desespera por inversiones fijas en el país, pero en ese texto se restringe la compra por extranjeros a no más del 15% de las tierras que configuran el territorio nacional, el de una provincia o municipio. No más del 30% de esas tierras pueden estar en manos de extranjeros de una misma nacionalidad y tampoco los extranjeros pueden comprar tierras aledañas a cursos de agua “de envergadura”, según dice la ley en lenguaje ripioso. Por si fuera poco, la ley establece el tope de 1000 hectáreas para las que sean adquiridas por extranjeros en la denominada zona núcleo, que se extiende esencialmente por el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Córdoba.
Estas absurdas limitaciones fundadas en las mismas extravagancias ideológicas que han paralizado por tantos años el desarrollo del país no solo conspiran contra la igualdad en el acceso a la tierra, sino que también han reducido la competencia, distorsionado los precios y depreciado los activos rurales argentinos. En 2012-2013, cuando se estancaron los valores de la tierra, una hectárea en la zona núcleo de la Argentina no estaba lejos de los precios que regían en operaciones realizadas en zonas rurales de Illinois, en los Estados Unidos.
Históricamente, la diferencia de valores entre ambas partes de América era de 1 a 1,5 en favor de esas tierras del Medio Oeste norteamericano, mencionada por usos y costumbres de la actividad inmobiliaria local en términos comparativos con las tierras de la zona núcleo de la Argentina. Hoy, una hectárea en Illinois cuesta unos 50.000 dólares: o sea, se halla a distancia sideral de lo que puede esperarse de los mejores precios de campos argentinos.
Las retenciones y los cepos cambiarios, menos restrictivos hoy que en el pasado, conspiran, como se sabe, contra el desarrollo de las actividades agropecuarias en el país y explican parte de lo que nadie ignora: cuántas posiciones relativas han perdido en su evolución respecto de países vecinos, sin ser Brasil el único que nos ha aventajado. Situaciones de tal gravedad no se configuran solo por aquellos obstáculos, sino también por rémoras ideológicas que aun impregnan nuestra legislación general.
En ese sentido, las consecuencias negativas de mantener esta ley de tierras devenidas de los siniestros tiempos kirchneristas son más que obvias. Levantar tantas prohibiciones sería, además, una señal más de que la Argentina quiere dejar atrás las secuelas de regímenes retrógrados.
Tipo de trabajo:
opinión
