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Espías contra "golpes de mercado"
Sólo los países que sufren pésimas gestiones económicas denuncian procesos destituyentes para profundizar sus medidas populistas y antidemocráticas
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Se atribuye al fundador y entonces director del diario Ámbito Financiero, Julio Ramos, haber acuñado allá por 1989 la expresión "golpe de mercado" para describir el fenómeno político-económico que causó la derrota electoral del presidente Raúl Alfonsín. Sin saberlo entonces, Ramos puso en circulación una expresión que ha sido de mucha utilidad para quienes pretenden crear una grieta entre la democracia y el mercado, atribuyendo a éste ser enemigo permanente del interés general y propulsor de autoritarismos destituyentes.
Pero Ramos nunca hubiera imaginado que su frase periodística pudiese transformarse en una consigna ideológica y, luego, en una categoría legal al incluirse como polizón en la nueva doctrina de inteligencia nacional (decreto 1311/15) que reglamenta la ley de inteligencia nacional.
En efecto, ya esa ley, dictada a las apuradas luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, dio lugar a la polémica al facultar a la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) a realizar inteligencia criminal respecto de variados delitos federales complejos, como el terrorismo, pero incluyendo como novedad los que atentasen "contra el orden económico y financiero".
El decreto reglamentario fue mucho más allá del texto legal, reflejando la inspiración chavista de su redactor, pues redefine la forma de organización nacional con los mismos términos de la constitución venezolana: "Estado constitucional social y democrático de derecho", calificativos ajenos a nuestra Constitución Nacional.
Conforme a la nueva doctrina de inteligencia nacional, formulada en el citado decreto, corresponderá a la AFI realizar inteligencia sobre "grupos económicos y/o financieros empresas, bancos, compañías financieras, etc. [sic]- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos, mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, «golpes de mercado», etc. [sic]". Estas tareas serán responsabilidad de la ahora temible Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Dinicri), una de las dos grandes direcciones de la AFI que tendrá en la mira a los grupos nacionales o extranjeros sospechosos de delincuencia económica o financiera.
Es deplorable que un decreto reglamentario haya sido escrito sin ningún rigor técnico, como si se tratara de un folleto instructivo para militantes de La Cámpora, utilizando "etcéteras" al definir ámbitos de competencias de un organismo de inteligencia y, mucho más, al adoptar una expresión coloquial entrecomillada como "golpes de mercado", que carece de todo sustento normativo o jurisprudencial.
Ante las críticas recibidas de instituciones empresarias, el nuevo responsable de la AFI, Oscar Parrilli, debió aclarar que "el objetivo de la AFI es cuidar y no espiar a los argentinos". Mientras articulaba sus poco creíbles declaraciones, aumentaba aún más la inquietud de sus interlocutores, pues lo hacía anunciando el traspaso del control de las escuchas telefónicas desde la AFI a la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, activista indiscutida de Justicia Legítima.
La Comisión de Acuerdos del Senado aprobó la semana pasada los pliegos del citado Parrilli y de Juan Martín Mena para dirigir la nueva AFI, quienes ya pueden hacer inteligencia sobre posibles "golpes de mercado" y sus eventuales inspiradores. Insólitamente, el titular de la UCR, el senador Ernesto Sanz, afirmó: "Si algunos esperaban que yo hablase en contra de las posibilidades de atacar la criminalidad económica o los golpes de mercado, no lo voy a hacer. Un gobierno radical fue víctima de muchas de esas cosas. Todo lo que sea hacer inteligencia sobre personas antidemocráticas que usan variables económicas va a contar con nuestro respaldo".
Es triste que el radicalismo avale la utilización de un modismo tan ingenioso como intencionalmente vago para ampliar las facultades discrecionales del organismo de inteligencia controlado por el kirchnerismo. Y que un político inteligente y republicano como el senador Sanz repita el mismo discurso conspirativo utilizado por el gobierno de Alfonsín cuando la hiperinflación hizo estallar el Plan Primavera. La UCR todavía carga el lastre de haber intentado mimetizarse con el peronismo en su recordada Declaración de Avellaneda (1945) cuando propuso la "liberación económica del hombre argentino y de la Nación argentina" identificando a los acaparadores, a los monopolios y a los especuladores, entre otros enemigos de esa liberación.
En la Argentina, como en Venezuela, los desajustes económicos son causados por pésimas políticas públicas. La búsqueda de culpables fuera del Estado es un clásico de los populismos para concentrar poder reclamando la unidad del pueblo frente a enemigos externos e internos. La teoría conspirativa es parte esencial de esa convocatoria, pues permite manipular las culpas, exculpando a los amigos e incriminando a los enemigos. Su objetivo es la "liberación", ya que una vez liberadas de sus enemigos, las naciones serán prósperas y felices como corresponde a los países "de buena gente".
Para la teoría conspirativa, no existe inseguridad jurídica, ni déficit fiscal, ni pérdida de reservas, ni emisión monetaria, ni cepo, ni inflación. Sólo existen grupos de poder concentrados, especuladores financieros, fondos buitre, oligarquías terratenientes, políticos antipatria, medios saboteadores y corporaciones transnacionales que se oponen a las democracias populares. Cuando esos grupos ven en riesgo sus intereses, desencadenan "golpes de mercado". Verdaderas asonadas blandas, en el marco democrático, que sustituyen a los golpes militares del pasado y que desencadenan, en forma premeditada, corridas bancarias, alza del dólar, fuga de capitales y desabastecimiento de productos esenciales.
La teoría conspirativa abreva de numerosas fuentes, desde el nacionalismo tradicional hasta el marxismo de la sociedad sin clases. Convoca tanto a los lectores del Manifiesto Comunista, como inspira a quienes celebran la Vuelta de Obligado y a quienes aplauden la base china en Neuquén. Movilizó tanto a los Montoneros expulsados en 1974 como a los sindicalistas que los hicieron expulsar.
La interpretación conspirativa convierte al mercado en una asociación ilícita de operadores apátridas, mercenarios del dinero, carentes de moral e ideología, y capaces de actuar de consuno en función de intereses innombrables. Esta visión torpe y maliciosa pretende ignorar que la búsqueda de protección de los ahorros es la consecuencia y no la causa de las crisis que se imputan al mercado. Y que esas crisis ocurren cuando se remata el accionar público al mejor postor, cargando los presupuestos estatales de empleo redundante, de contrataciones infladas y de gastos con fines políticos.
El mercado que opera dentro del Estado es el verdadero responsable, aunque se lo arrope con el lienzo celeste y blanco. Ese mercado de lo público, a diferencia del privado, es el real contubernio de políticos y particulares que desnaturaliza su razón de ser, lo utiliza en provecho de pocos y lo desestabiliza hasta quitarle legitimidad.
La inclusión del modismo "golpe de mercado" en la doctrina de inteligencia nacional, además de inconstitucional, implica una atribución de facultades discrecionales a la AFI con propósito persecutorio para ocultar la propia torpeza. Solamente los países que sufren pésimas gestiones económicas denuncian estos supuestos golpes para profundizar sus medidas antidemocráticas. Se trata de profecías autocumplidas, fruto de utilizar el Estado como una feria de designaciones, privilegios y contrataciones desviadas. Hacia ese "mercado de lo público" debería dirigirse la lupa de los nuevos investigadores si realmente desean identificar las causas y los causantes de las reiteradas crisis argentinas.
