Evitar el noveno default

Aun cuando se alcance un acuerdo con los acreedores, será necesario elaborar un programa coherente para no caer en otra cesación de pagos

La voluntad política de llegar a un acuerdo con los acreedores que permita evitar el default no ha sido hasta ahora suficiente para lograrlo. Así lo está demostrando la prolongada y dificultosa negociación que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán .

Los analistas internacionales han comenzado a manifestar dudas sobre la concreción del arreglo y los mercados reflejan esa incertidumbre al mostrar cotizaciones cambiantes de los títulos argentinos. Se vienen observando oscilaciones en el índice de riesgo país , pero siempre sosteniendo valores elevados. Esto indica que, aun evitando el default, subsistirá la desconfianza del cumplimiento de cualquier plan de pagos acordado. Nuestro gobierno no ha hecho explícito ningún programa que muestre cómo se corregirán los fuertes desequilibrios macroeconómicos.

Si no se encaran reformas profundas, la mera extrapolación de las tendencias económicas actuales, particularmente de las cuentas fiscales, mostraría una clara imposibilidad de generar los excedentes necesarios para pagar los intereses que se acuerden. Debe reconocerse que un país que ha caído en default en ocho oportunidades, la mayor parte de ellas en los últimos cuarenta años, necesitará demostrar solvencia genuina durante mucho tiempo para recuperar la confianza y la credibilidad. Para peor, fueron los anteriores gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner los que impusieron un fuerte descuento y maltrato a los acreedores que alentaron un alto porcentaje de rechazo y de atracción a fondos especulativos orientados a acciones judiciales que terminaron en sentencias adversas al país. El mundo se asombra de que Cristina Kirchner haya logrado ser elegida vicepresidenta de la Nación y que además ejerza desde allí prácticamente todo el poder. Se observa además que ella no ha abandonado su afinidad con el "socialismo del siglo XXI", haciendo avanzar al Estado sobre la propiedad privada y avasallando instituciones y preceptos constitucionales. Esto se puso en evidencia al decidir la intervención e intentar la expropiación de la empresa Vicentin pasando sobre la Justicia en medio del proceso de la renegociación de la deuda. También está a la vista su intento de ir por todo presionando a jueces y quebrando la división de poderes para lograr su propia impunidad.

La primera oferta presentada por Guzmán a los acreedores el 22 de abril no preveía ningún pago de capital ni de intereses durante los tres primeros años, o sea, durante el actual período presidencial. Estaba estructurada con perfiles diversos para los varios tipos de bonos según sus condiciones de emisión, pero todos ellos agresivos. Descontado a una tasa anual de 10%, el valor presente del flujo de pagos equivalía a un 39% del valor nominal de los bonos. Esta oferta fue aceptada por menos del 15% de los acreedores, un porcentaje muy por debajo de los establecidos en las cláusulas de acción colectiva de aquellos bonos que la incluían. Esta exigua aceptación fue una respuesta realista de la mayor parte de los acreedores, que hicieron caso omiso de una declaración de apoyo a la oferta argentina liderada por Joseph Stiglitz, el iconoclasta mentor doctrinario del ministro Guzmán. También terciaron a favor de la oferta funcionarios del Fondo Monetario Internacional, señalado por haber concedido al gobierno argentino el crédito más grande de su presente cartera.

La oferta se ha ido ampliando hasta llegar al 50% del valor presente respecto del valor nominal, a lo que se agregaría como "endulzante" un cupón atado al crecimiento de las exportaciones. No todos los acreedores tienen las mismas aspiraciones, aunque se conoce que los más importantes han mostrado el objetivo de alcanzar el 56%. La negociación sigue abierta, a pesar de que ya se incurrió en default técnico cuando transcurrieron 30 días del incumplimiento del pago de 503 millones de dólares de intereses el 22 de mayo pasado. Ha habido cinco prórrogas sucesivas, fijándose como fecha límite, ya improrrogable, el 24 de julio. Ese día finalizará el período de gracia del impago de los bonos discount entregados en las reestructuraciones de 2005 y 2010. Además de deseable, es bastante probable que se llegue al acuerdo. Pero debemos tener en cuenta que solo es una condición necesaria pero no suficiente para encarrilar la economía. Será indispensable elaborar y ejecutar un programa coherente de reformas estructurales; de lo contrario, en no mucho tiempo surgirá nuevamente la necesidad de volver a gambetear el default.