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Explosivos: misteriosa desaparición
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En febrero último desaparecieron de la Fábrica Militar de Azul (Fanazul) 2820 kilogramos de anfo, un compuesto elaborado con nitrato de amonio y gasoil. La cuestión es preocupante, pues se trata del mismo material que se empleó en la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y, además, el volumen sustraído alcanzaría para realizar siete atentados similares al cometido contra la mencionada institución judía.
En efecto, tras un recuento de stock de material explosivo -del cual surgió el faltante mencionado- el director del polvorín, un coronel del Ejército Argentino en actividad, radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Azul, cuyo titular dio intervención a la Delegación de la Policía Federal de esa localidad bonaerense. A partir de este gravísimo hecho quedaron confirmadas las sospechas que insinuaban una falta de control sobre la compraventa y circulación de ese tipo de materiales. Ese control es absolutamente necesario, sobre todo en un país que cuenta con más de un centenar de fábricas de explosivos y casi 900 polvorines.
En 1973 se sancionó la ley 20.429, que otorgaba la fiscalización de explosivos a la Dirección de Fabricaciones Militares, pero un decreto del año 2001 le transfirió esa responsabilidad al Registro Nacional de Armas (Renar). Este último organismo, inexplicablemente, tomó conocimiento del episodio de Fanazul -cuatro días después de haberse verificado la falta del explosivo- a través de una nota publicada en el diario El Tiempo, de Azul. Tampoco la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) fue informada sobre la desaparición del material. Sólo conoció el lamentable hecho el 24 de marzo a raíz de una consulta periodística.
El anfo, que la fábrica de Azul comercializa con la marca Nago 280, es un explosivo clásico, usado por grupos terroristas en todo el mundo. Media tonelada de nitrato de amonio -su componente básico, que se emplea como fertilizante- fue hallada hace pocos días por Scotland Yard en poder de presuntos terroristas. Está probado que para volar la sede de la AMIA se utilizaron 300 kilos de amonal -mezcla de nitrato de amonio y aluminio-, material que por los indicios recogidos habría sido adquirido en el país, pero que por la falta de controles impidió seguir una pista clave que permitiera llegar a los responsables de tan brutal y cobarde atentado.
Esta falta de control sobre la compraventa y circulación de explosivos -y, en consecuencia, la posibilidad de que material sensible pueda ser adquirido incluso con fines terroristas- fue admitida por el director del Renar, Juan Carlos Ramos, quien con comprensible preocupación, en un contexto internacional de amenazas terroristas y ataques explosivos de magnitud, busca retomar el control del tráfico de estos materiales a través de un plan integral, que establezca una supervisión transparente y eficaz.
En un país que en los últimos doce años fue escenario de tres atentados masivos con explosivos, que ocasionaron más de un centenar de muertes y que todavía permanecen impunes -la embajada de Israel, la AMIA y la Fábrica Militar de Río Tercero- resultan inexcusables el silencio, la falta de comunicación y el misterio que prevalecen en el reciente caso de Azul.
Es de desear que las autoridades pertinentes redoblen los esfuerzos no sólo para establecer y aplicar los controles adecuados e indispensables en la producción y comercialización de explosivos, sino también para lograr el total esclarecimiento de cómo se produjo la desaparición de las casi tres toneladas de ese material de altísimo riesgo en un predio estatal que cuenta con vigilancia militar. Y es de esperar que se individualice a las personas responsables de su cuidado y su custodia, sobre las cuales deberían recaer las máximas penalidades previstas en la legislación.
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