Ferro: otra muestra de corrupción
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Entre nuestros clubes de fútbol, Ferro Carril Oeste fue alguna vez ejemplo de transparencia y buen manejo administrativo. Tuvo dirigentes idóneos y dotados de valores y principios morales firmes, quienes lograron llevar a esa institución a una posición destacada. Ahora, en cambio, sólo es una patente demostración del penoso estado en que han quedado muchas entidades deportivas, víctimas de las ineficiencias, cuando no de la corrupción, de sus conducciones.
Aquella bonanza se fue extinguiendo durante la década del noventa, cuando paulatinas renovaciones de las autoridades del club trajeron aparejada una honda declinación económica, financiera, institucional y deportiva. Hoy, como consecuencia de esas alternativas, Ferro -cariñosa denominación coloquial- enfrenta una situación crítica. Es más, si no puede revertirla a breve plazo corre el riesgo de desaparecer. Se ha convertido, pues, en el ejemplo crudamente demostrativo de cuál es el destino que les espera a las entidades deportivas cuyos socios se desentienden de sus deberes institucionales.
Ferro tuvo que afrontar el concurso preventivo; después, la quiebra, y, por fin, el gerenciamiento de acuerdo con la ley de fideicomiso de entidades deportivas. Esta gestión recayó en Gerenciar SA, designada al margen de los debidos procedimientos legales, lo cual determinó el progresivo agravamiento de la situación del club, y monopolizadora de todos los aspectos favorables de la relación, en tanto que a Ferro sólo le correspondieron los perjuicios.
A esa empresa le fueron otorgados la dirección, operación, comercialización y administración -libres de toda restricción, limitación y condicionamiento- de la actividad futbolística profesional y amateur del club. También el uso y la explotación exclusivos de todas las marcas, denominaciones, siglas, símbolos, emblemas, combinaciones de colores y demás elementos que distinguen a Ferro Carril Oeste.
La falta de transparencia y publicidad del proceso licitatorio, según se desprende de los elementos existentes en el trámite concursal, determinaron la decisión judicial de considerar nulo el mencionado contrato de gerenciamiento que, a lo largo de casi dos años, no le aportó al club ganancia alguna.
Además, como si lo expuesto no fuera suficiente, el contrato declarado nulo facultaba a la gerenciadora a firmar convenios que posibilitaran un aprovechamiento integral de los recursos inmobiliarios del club. Así fue como en diciembre de 2003 un programa televisivo denunció, mediante la cámara oculta, al juez Rodolfo Herrera -hoy suspendido por el Consejo de la Magistratura- y a un allegado a Ferro gestando una licitación ficticia para la venta de las valiosísimas tierras linderas al estadio. Respecto de ese presunto fraude hay dos causas penales en trámite por cohecho agravado, violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.
Ese derrumbe tiene por consecuencia que la autoridad natural del club (aunque sin ningún poder sobre sus activos) sea ejercida por dos comisiones directivas residuales. Ello plantea un problema adicional, que deberá ser resuelto por los socios de Ferro, quienes deberán tratar de deponer enconos, cicatrizar heridas y tratar de reconstruir a la institución.
Estamos ante un espejo en el cual tendrían que mirarse los socios de tantas otras entidades deportivas quebrantadas -o en trance de caer en esa situación- para comprender que muchas veces han sido su desidia y su indiferencia las que contribuyeron a que los malos dirigentes pudiesen obrar a sus anchas en beneficio propio y en detrimento de los clubes. Se trata de una señal de alerta para los asociados de aquellas instituciones que aún mantienen cierto grado de prosperidad, pero en las cuales el egoísmo colectivo torna imposible la razonable integración de organismos de control.
