Ficha limpia contra la corrupción

Tal como estaba previsto desde hace un mes, la Cámara de Diputados comenzó a debatir anteayer en comisión una ley que impida a condenados por delitos graves presentarse a competir por cargos electivos.

Recordamos la fecha por dos motivos: el primero está vinculado con la inexplicable postergación que esta discusión parlamentaria ha sufrido por años. El segundo, que habiéndose acordado retomar el tema en el Congreso para ese día, resulta un enorme contrasentido que la oposición acuse al oficialismo de oportunista al ponerlo en agenda.

Que el domingo próximo haya comicios para definir candidaturas en las PASO y que todavía se esté en el principio del debate de esa ley no hace más que dejar en evidencia la negativa de buena parte de nuestra dirigencia de fomentar conductas ejemplificadoras entre quienes aspiran a ocupar cargos electivos.

Tanto es así que en las listas de precandidatos para las próximas elecciones figuran numerosos nombres de personas con graves imputaciones judiciales y, peor aún, con múltiples procesamientos y hasta elevaciones a juicio oral, tal como ocurre con la postulante a la vicepresidencia de la Nación por el Frente de Todos, Cristina Kirchner.

Hoy no hay un impedimento legal para que se presenten en esas condiciones, pero sí un fuerte cuestionamiento moral. En cualquier país democrático del Primer Mundo, quien se encuentre procesado en 13 causas y tenga siete pedidos de prisión preventiva por gravísimas acusaciones, como es el caso de la expresidenta de la Nación, sería impensable que pudiera siquiera presentarse. Constituiría un verdadero escándalo.

La ley de ficha limpia es aplicada actualmente en Brasil, entre otros tantos países. Esa legislación impidió que el expresidente Lula da Silva se volviera a presentar para competir por otro mandato al frente del Poder Ejecutivo. Lula se encuentra preso cumpliendo una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero.

El proyecto actualmente en discusión en nuestro Congreso prohíbe que personas condenadas en segunda instancia judicial por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos públicos. Al debate legislativo se sumó la presentación de más de 255.000 firmas en favor de ese proyecto, cosechadas en la plataforma online change.org, a instancias del profesor de la UBA Gastón Marra. En ella se reclama que la prohibición rija de pleno derecho a partir de la confirmación de la condena y que no pueda ser suspendida ni dejada sin efecto por otro tribunal, por recurso alguno ni por ninguna presentación judicial que se realice. Y que deberá mantenerse vigente hasta la revocación de la condena o el paso de ocho años a partir de la conclusión de la sentencia condenatoria.

En la reunión de comisión de anteayer, si bien avaló el espíritu general de la norma y, como se dijo, curiosamente criticó la oportunidad del debate (también lo hicieron otros bloques opositores), el kirchnerismo reclamó que entre los inhabilitados a postularse figuren los tenedores de cuentas offshore, una chicana dirigida a integrantes del partido de gobierno, pero con poco sustento, por cuanto no es delito tener una cuenta en el extranjero siempre que esta haya sido declarada.

La discusión de si debe haber una condena en primera o en segunda instancia también divide las aguas en el Congreso. Como ya hemos comentado desde estas columnas, nadie es culpable hasta que haya una sentencia judicial firme, pero una condena penal ratificada en una segunda instancia debería vedar una candidatura.

Desde ya que no dan los tiempos para que una norma de este tipo rija para los comicios de este año, pero no por eso debe dejar de avanzarse en el tema. No es cuestión de oportunismos ni de proselitismos. La corrupción destruye la legitimidad de las instituciones públicas y atenta contra las bases de una democracia republicana.