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"Ficha limpia" para una democracia fortalecida
El Congreso Nacional debería debatir y sancionar una ley que impida expresamente ser candidatos a cargos electivos a condenados por delitos
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LA NACION
La convocatoria realizada por el oficialismo en Diputados para empezar a debatir el mes próximo una ley que impida a condenados por delitos graves postularse a cargos electivos merece ser bienvenida y acompañada.
Una norma en ese sentido fue sancionada en Brasil, donde se la conoce como "ficha limpia". Es la que impidió a Lula da Silva volver a presentarse para competir por un nuevo mandato presidencial. Tras un largo debate, el Tribunal Superior Electoral de ese país rechazó por amplia mayoría aquella habilitación para Lula, quien se encuentra preso cumpliendo una condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
En nuestro país, hace dos años, la diputada oficialista Silvia Lospennato, presentó un proyecto de ley en un sentido similar, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el que Carlos Menem quedó habilitado a competir por un nuevo mandato como senador nacional a pesar de contar con dos condenas por contrabando de armas. El más alto tribunal del país fundamentó su fallo en que la situación judicial del expresidente no contaba con lo que se conoce como "doble conforme", es decir, que un segundo tribunal revisara y respaldara una sentencia previa. Ese polémico fallo de la Corte sobrevino a una resolución en sentido inverso de la Cámara Nacional Electoral, que disponía que Menem no podía volver a ser candidato.
Menem se presentó entonces a elecciones y renovó su banca en la Cámara alta y, con ella, los fueros en los que se viene amparando para evitar ir preso, los mismos privilegios de cuya interpretación amañada sacan provecho muchos otros dirigentes con numerosos procesos abiertos para rehuir un eventual encarcelamiento.
El requerimiento de contar con una condena confirmada en segunda instancia para impedir que alguien en esa situación se presente a elecciones fue recogido en una petición pública que se mantiene abierta en la plataforma change.org, que ya ha superado ampliamente las 230.000 firmas.
Esa petición, impulsada por el profesor de la UBA Gastón Marra, dispone que la prohibición rija de pleno derecho a partir de la confirmación de la condena y no pueda ser suspendida ni dejada sin efecto por otro tribunal, por recurso alguno ni por ninguna presentación judicial que se realice. También establece que la referida prohibición se deberá mantener vigente hasta la revocación de la condena o el paso de ocho años a partir de la conclusión de la sentencia condenatoria; es decir, una vez cumplida la condena penal, se extiende la suspensión del derecho político a ser votado.
Más restrictivo resulta el proyecto de Lospennato, por cuanto inhabilita a todos los condenados por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, encubrimiento, delitos de fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios. Y hace extensiva esa inhabilitación desde la sentencia condenatoria en primera instancia hasta su revocación por la instancia de alzada o bien hasta la finalización por cumplimiento de la condena.
La legisladora fundamenta su proyecto en diversas interpretaciones de la Convención y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, al poner en manos de los Estados la previsión y aplicación de los requisitos para ejercitar los derechos políticos, que no son absolutos, por lo que pueden estar sujetos a limitaciones. Además, recoge la preocupación expresada por la OEA y otros organismos internacionales en el sentido de que "la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la Justicia".
Inscribe, de este modo, esas habilitaciones en el principio de que sin ética no hay democracia. Hay muchas cuestiones que pueden ser debatidas desde lo legal, pero que no admiten discusión alguna desde la ética que debe observar un candidato y la fuerza política que lo unge como tal.
Una muestra acabada de la falta de esa conducta ejemplificadora lo constituye el hecho de que en las listas de precandidatos a cargos electivos para las próximas PASO figuran numerosos dirigentes con procesamientos judiciales por delitos como corrupción, narcotráfico, abusos sexuales y estafas, entre muchos otros. Entre ellos, se encuentra la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra procesada en nada menos que 13 causas, al tiempo que tiene siete pedidos de prisión preventiva por gravísimas acusaciones. En cualquier país democrático del primer mundo, resultaría impensable que alguien con semejantes acusaciones pudiera aspirar a ocupar uno de los más altos cargos de gobierno.
También se presenta como candidato a diputado por el Partido Republicano Federal (un apéndice kirchnerista) el exministro de Planificación Julio De Vido, condenado en primera instancia a 5 años y 8 meses de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos por haber sido partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en la tragedia de Once, mientras se halla preso en Marcos Paz por otra causa por corrupción y es investigado en muchos otros expedientes judiciales.
Otro caso emblemático por su falta de decoro es el del candidato a diputado nacional por Chubut Daniel Ruiz, inscripto por el Frente Izquierda Unida. Ruiz es un dirigente sindical petrolero de Comodoro Rivadavia que se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz por haber disparado un mortero casero frente al Congreso Nacional, en oportunidad de debatirse la reforma previsional, a fines de 2017. Fue detenido tras diez meses en los que se mantuvo prófugo.
Cabe mencionar además el caso del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien compite por su reelección, pese a que ha sido sentenciado a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso conocido mediáticamente como "mochila verde", porque en un bolso de ese color se habrían trasladado 600.000 pesos del Casino Central para superar una auditoría frente a un faltante de dinero. En esa época, Menéndez era director de Casinos de la gobernación de Felipe Solá.
Lamentablemente, la lista es muy larga y todo indica que en muchos de esos casos los candidatos obtendrán el puesto para el que se proponen.
Como ya hemos dicho desde estas columnas, aun cuando no se pueda señalar a nadie como culpable hasta que haya una sentencia judicial firme, una condena penal en primera instancia debería vedar una candidatura.
La ley de "ficha limpia", si bien no podrá tener efectos retroactivos, se constituirá en un futuro en una herramienta fundamental en la búsqueda de transparencia, en contra de la corrupción y en pos del fortalecimiento del sistema democrático.
LA NACION
