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Fondos para clientelismo, pero no para el Riachuelo
El Gobierno acaba de decir que no tiene dinero para sacar de la contaminación a seis millones de personas, pero sigue dilapidando en Fútbol para Todos
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La tan declamada y publicitada limpieza del Riachuelo acaba de sufrir otro traspié que, no por esperado, deja de sorprender ingratamente: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) ha comenzado a recortar partidas presupuestarias destinadas a programas en ejecución y otros por ejecutarse para la limpieza y fiscalización de obras en el río Matanza-Riachuelo.
De tal forma, alrededor de seis millones de personas que habitan en las inmediaciones de ese curso de agua ven que se aleja, una vez más, la perspectiva de que en un futuro cercano puedan tener una mejor calidad de vida.
El hecho tiene una gravedad infinitamente mayor que la circunstancia de que siga intacto el ominoso paisaje que representa la cuenca de ese curso de agua, y es la situación de alto riesgo en que viven esos seis millones de personas, en especial los menores de edad, particularmente, los bebes.
La cuenca Matanza-Riachuelo es uno de los focos de más alta contaminación de cuantos hay en los grandes centros urbanos de nuestro país habida cuenta de que en ella se vuelcan todo tipo de agentes químicos altamente peligrosos para la salud humana, a lo que debe agregarse la enorme cantidad y variedad de alimañas y de desechos.
La decisión de recortar los programas de saneamiento fue comunicada por el propio secretario de Ambiente de la Nación y titular de la Acumar, Juan José Mussi. Entre las acciones que ahora quedan literalmente en veremos figuran los convenios con AySA para terminar las plantas depuradoras de líquidos cloacales, la compra de equipos para el monitoreo del aire y la reforma del complejo comercial conocido como La Saladita.
Por la falta de presupuesto también se ha cancelado el convenio con la Auditoría General de la Nación (AGN), encargada precisamente de la fiscalización de esas obras. Ante esa decisión del gobierno nacional, la AGN anunció públicamente que rechaza el fin del contrato de control de saneamiento basado en la falta de fondos y dispuso seguir ejerciendo esa actividad que le fue encomendada por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El titular de la AGN, Leandro Despouy, a quien por otra parte el Gobierno intentó sin éxito separar de su cargo, ya había denunciado el año pasado una subejecución presupuestaria, razón por la cual no considera ahora pertinente la explicación de la falta de fondos en la que se ampara el gobierno nacional.
La nota suscripta por Mussi es demostrativa de la crisis en la que se encuentra el organismo a su cargo, integrado, además, por la ciudad de Buenos Aires y por la provincia homónima: de un presupuesto aprobado de 653 millones de pesos, sólo dos millones se solventarían con fondos propios; los otros $ 651 millones deben ser aportados por el gobierno nacional en un 50 por ciento, y el resto, en partes iguales, por las administraciones porteña y bonaerense.
En octubre último, en la Corte Suprema de Justicia, el titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti, inquirió a Mussi sobre la marcha del plan y éste admitió la existencia de problemas de presupuesto en la Acumar. También, y ante una pregunta puntual, Mussi explicó que no había un control sobre las tareas encargadas a AySA porque ellas formaban parte del plan director de la empresa.
En aquella oportunidad, Mussi también aseguró que ni la Ciudad ni la provincia estaban depositando los fondos necesarios para la ejecución de los trabajos de saneamiento.
Al margen de lo que ahora expuso la Acumar respecto de problemas presupuestarios, fresco está aún el pedido que a finales de 2012 también realizó Despouy, quien mencionó a Mussi y a AySA cuando reclamó de la Justicia que se investigaran presuntas irregularidades en las contrataciones de las obras para el saneamiento de la cuenca en cuestión. Cuestionó entonces Despouy la falta de controles de parte de quienes estaban obligados a ejercerlos.
Ahora, con la decisión de la Acumar de sincerar la situación recrudecieron las acusaciones entre las partes, que parecen más preocupadas en quedar lo menos descolocadas posible ante quienes deberán seguir viviendo, y sin esperanzas de que su situación cambie, en condiciones sanitarias vergonzosas y de alto riesgo.
Principal responsable de ello, el gobierno nacional no vacila en resignarse aduciendo falta de fondos para que el plan de saneamiento siga según lo previsto originalmente. Sin perjuicio de ello, no duda en seguir invirtiendo en clientelismo político, como el programa Fútbol para Todos, que costó 4000 millones de pesos entre 2009 y 2012.
Ante semejante orden de prioridades está claro que para el Gobierno la limpieza del Riachuelo puede seguir esperando.
