Frente a la inseguridad, menos presupuesto

La inseguridad es para el Gobierno un asunto de poca monta. Ignorado olímpicamente por la Presidenta en sus reiterados y largos discursos por la cadena nacional, el problema que más angustia a los argentinos por la cantidad de vidas que se cobra cada día ocupa un modestísimo lugar en el presupuesto 2015 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional.

Los números no mienten: de cada 100 pesos que el Estado ejecute en 2015, sólo el 2,92 por ciento será para lo que se denomina Seguridad Interior, que es el gasto operativo de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo cual representa una suba de sólo el 13,3% con respecto al año anterior, apenas un tercio de la inflación proyectada para este año según estudios privados.

Las piruetas dialécticas que intentó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, como respuesta al informe sobre el gasto en seguridad que publicó LA NACION, no solamente resultaron inconsistentes frente a las cifras del presupuesto, sino también una burla a las familias destrozadas por la inseguridad que su gobierno no sólo no atina ya a contener, sino siquiera a atenuar.

Lo incontrastable es que, hasta el mes pasado, el Gobierno llevaba ejecutado solamente el 38,2% del presupuesto previsto para todo el año, cuando el promedio de ejecución de otras áreas alcanza el 89 por ciento.

Aunque Capitanich haya dicho que inversiones en infraestructura y equipamiento pueden, por procesos licitatorios, concentrarse en el último trimestre del año, sugiriendo que entonces aumentaría el monto ejecutado, hoy por hoy los números dejan en claro que el drama de la inseguridad no es prioritario para el Gobierno, como sí lo son otros rubros cuya gravitación en la calidad de vida de los argentinos es indiscutiblemente menor.

Uno de ellos, justamente de dependencia directa de la Jefatura de Gabinete, es el programa Fútbol para Todos, que ya ha consumido algo más del 66% de su partida anual de 1447 millones de pesos, y el programa de prensa y difusión de los actos de Gobierno, que ya utilizó el 65% de su presupuesto.

Es cierto que en lo que respecta al Fútbol para Todos debe computarse el desembolso en moneda extranjera que debió hacer el Gobierno para que la transmisión del Mundial de Brasil fuera gratuita, pero ello no hace más que ratificar que, ante su incapacidad para enfrentar y solucionar el problema que según cualquier encuesta más preocupa y angustia a los argentinos, la Presidenta opta por gastar plata del Estado en entretenimiento. Cualquier similitud con la política del pan y circo del imperio romano no parece ser pura coincidencia.

Más grave aún, frente a lo ejecutado este año y lo presupuestado para el próximo en seguridad interior, es lo que se destina a la publicidad oficial. Como se sabe, la ley de presupuesto le había destinado en principio 950 millones de pesos, una cifra módica comparada con años anteriores. Sin embargo, a mediados de año, Capitanich tomó la decisión administrativa de subir en 200 millones de pesos esa partida.

Tampoco el vicepresidente Amado Boudou se quedó atrás en materia de gastos, a tal punto que el Senado de la Nación, que él preside, ya tiene ejecutado más del 65% de su presupuesto. Como informó LA NACION, a mitad de año Boudou ya había firmado 750 nuevos contratos para el ingreso de personal en la Cámara alta.

Al margen de cifras oficiales que no admiten discusión, la despreocupación del Gobierno por el flagelo de la inseguridad también se refleja en la escasa actividad que ha tenido la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados que preside Carlos Kunkel, un hombre de obediencia canina frente a los deseos de la Presidenta.

Más allá de debilitar el combate contra la inseguridad urbana, la desaceleración del gasto en seguridad para 2015 afecta también el trabajo que la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria deben hacer, especialmente en las fronteras, en procura de frenar el crecimiento del narcotráfico, otro drama argentino del cual el Gobierno no habla.

Las decisiones de la Presidenta respecto del gasto en seguridad interior resultan inadmisibles desde todo punto de vista, pero especialmente porque el combo mortal que forman la inseguridad y el narcotráfico afecta principalmente a las capas más desprotegidas de la sociedad. Precisamente, los mismos sectores por los que Cristina repite estar dispuesta a dar lo mejor de su administración.