1
Fútbol, dirigismo y clientelismo
Incluso dentro del más popular de los deportes, hay mejores destinos para la deficitaria inversión del Estado
1 minuto de lectura'
Es probable que al haberse hecho cargo de la televisación de los encuentros de la primera división del fútbol el Gobierno haya pretendido hacer borrón y cuenta nueva sobre la reciente derrota electoral, además de instalar la discusión sobre el cuestionable proyecto de ley de medios audiovisuales aprobado por el Congreso.
El problema es que los 600 millones de pesos anuales que le costará al erario este nuevo avance del Estado sobre una actividad de neta índole privada pudieron haber tenido destinos más positivos, incluso dentro de la esfera de influencia del fútbol.
Harto conocido es el punto de partida de ese acto impregnado de manifiesta falta de sentido común. Comenzó con los apuros financieros de muchos de los irresponsables clubes que, acosados por ingentes deudas provocadas por sus pésimas gestiones administrativas y sus dispendiosas compras de futbolistas, acudieron sin ningún recato, una vez más, a golpear las puertas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La AFA reclamó un nuevo incremento del canon que por la exclusividad de la televisación del fútbol le abonaba la empresa TSC y, ante la negativa, rescindió unilateralmente el contrato que las asociaba y que todavía tenía varios años de vigencia.
Resulta curioso, por así decirlo, el abrupto vuelco del criterio utilizado por el Gobierno para intervenir en ese conflicto entre privados. En primera instancia, el jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, interpretó que "el fútbol debía ocuparse de resolver sus problemas". Días más tarde se hizo cargo de las negociaciones cuyo desenlace culminó con la estatización de la televisación del fútbol, sometida a su directa tutela e inexactamente bautizada Programa Fútbol para Todos, porque el canal oficial no cubre toda la extensión del país y en muchos sitios poder captarlo requiere ser abonado a un cable.
Hasta se da el caso de que Fernández se ha reservado, según el contrato publicado en el Boletín Oficial, determinar cuáles serán los tres cotejos más importantes. Esta maniobra fue consumada so pretexto de que el Estado iba a recuperar la inversión merced a la publicidad que absorbería y hasta obtendría ganancias que permitirían beneficiar al deporte olímpico. Sin embargo, a simple vista se puede apreciar que hasta ahora esa publicidad proviene, en su mayor parte, de las pautas oficiales que en forma harto discriminatoria distribuye el Gobierno.
Y esa situación negativa es tan concreta que, según estimaciones privadas, los asientos contables del denominado Fútbol para Todos estarían en rojo: los egresos excederían a los ingresos en alrededor de 84 millones de pesos. Ello a pesar de que el ministro Fernández había anticipado que esta aventura "no le costaría un peso" al Estado. Pero, hasta ahora, la publicidad privada ha preferido mantenerse al margen de estas transmisiones.
No es responsable ni administrativamente sensato, pues, que el Estado esté sustentando la televisación del fútbol con recursos tomados de las arcas públicas, cuyo sostenimiento corre por cuenta de los contribuyentes directos e indirectos, o sea de la masa de la sociedad. El razonable propósito de que la televisación del fútbol esté al alcance de todos podría y debería quedar librado a la iniciativa privada.
Por lo visto, a la ciudadanía la asiste el pleno derecho de preguntarse si el Gobierno no tiene asuntos más importantes de los cuales ocuparse y preocuparse. Sin ir más lejos, los campeonatos de las divisiones mayores organizados por la AFA tienen enquistado un tumor maligno, el de la violencia desenfrenada, que tiene su origen en las barras bravas, que desde ya hace mucho tiempo han sobrepasado el límite del fanatismo y se han convertido en muchos casos en organizadas e intolerantes bandas delictivas, dedicadas a incrementar la inseguridad y a medrar con la velada protección que les dispensan desprejuiciados personajes del mismo fútbol, del gremialismo y de la política.
Si tanto le place intervenir en el fútbol, el Gobierno podría exigir una mínima contraprestación a los clubes, como buscar soluciones que de una vez por todas permitiesen erradicar esa plaga maligna que son los barras bravas. Y a fiscalizar que los clubes no las solventen con esos recursos que, con tanta irresponsabilidad, han sido puestos a disposición de una improcedente intervención gubernamental viciada de dirigismo y de clientelismo.
