Gigantesco costo del fraude kirchnerista

Ocurrió lo que era de esperar. El gobierno argentino fue sentenciado por el Tribunal Superior de Londres a pagar 1330 millones de euros a cuatro fondos internacionales que habían adquirido los derechos del 48% de los títulos emitidos con un cupón relacionado con el crecimiento del producto bruto interno (PBI). Los cupones fueron emitidos luego de la crisis de 2001/2002, cuando fue reestructurada la deuda pública, a partir de una idea del ministro Roberto Lavagna para darle aún mayor atracción a la colocación de esos títulos en los comienzos de la presidencia de Néstor Kirchner.

El fraude constatado por el juez londinense fue el de la subestimación forzada de sucesivos aumentos anuales del PBI para quedar artificialmente por debajo del valor que gatillaba el pago del cupón. El Indec modificó la metodología de cálculo del PBI que había estado vigente al momento de la emisión de los títulos. En marzo de 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento económico de 2013 había alcanzado un 3%, menor al 3,2% requerido para el cobro del cupón. Un mes antes, en febrero, el Indec había sostenido que el PBI en ese mismo año había crecido el 4,9%. La corrección posterior, llevando la base al año 2004, se aplicó retroactivamente.

La mano oscura de la familia Kirchner y el infantilismo ideológico de Kicillof, Zannini y otros funcionarios costarán mucho dinero a más de una generación de argentinos

La trampa estaba consumada y la seguridad jurídica, maldita palabra según el nefasto ministro Kicillof, quedaba destruida. Lo que él no sabía era que en el resto del mundo rige el Estado de Derecho y que aquellos bonos solo encontraron mercado porque se sometían a jurisdicción extranjera. El caso ha sido una oportunidad servida en bandeja a los hedge funds que esperan oportunidades generadas precisamente por gobiernos torpes o tramposos.

No ayudó a la defensa argentina en este caso el hecho de que en la misma época el Indec manipuló la medición de la inflación en forma groseramente ostensible. Las mediciones privadas y la simple observación de los ciudadanos indicaba que los índices oficiales de precios eran arbitrariamente reducidos. Además de buscar un efecto político, el Gobierno se beneficiaba en las emisiones de bonos con ajustes por inflación.

El falseamiento deliberado de datos por el Indec se practicó durante más de ocho años. Fue iniciado durante la gestión de Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior y solo se corrigió con el cambio de gobierno en 2015. El hecho fue denunciado y se inició un juicio en el cual el fiscal Carlos Stornelli pidió el procesamiento de Moreno y los funcionarios responsables del falseamiento. En marzo de 2018 el tristemente célebre juez Rodolfo Canicoba Corral dictó el sobreseimiento de los imputados. Poco después, la causa fue reabierta y radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. La evolución de esta causa puede o no dar espacio para reclamos de quienes poseían títulos ajustados por inflación.

El cúmulo de actos corruptos y burdas torpezas incluye estos y muchos otros episodios que exigirán del gobierno nacional enormes resarcimientos. No pueden tampoco dejar de mencionarse la compra de una minoría de YPF por el Grupo Eskenazi y la expropiación de la participación controlante de Repsol violando los Estatutos. La mano oscura de la familia Kirchner y el pertinaz infantilismo ideológico de Kicillof, Zannini y otros funcionarios costarán mucho dinero a más de una generación de ciudadanos argentinos.