Graves ataques a periodistas

El procesamiento del periodista Germán Sasso dispuesto por la justicia federal de Bahía Blanca es un paso gravísimo tendiente a conculcar el derecho de la prensa a informar libremente y el de la población a ser informada. Lamentablemente, no es el único ataque en ese sentido registrado en los últimos años, pero sí uno de los más graves, junto con el intento de aplicación de la ley antiterrorista a un periodista de Santiago del Estero.

Sasso, de la radio y portal digital La Brújula 24, de la ciudad de Bahía Blanca, fue procesado por violación de secretos y encubrimiento por el juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez, quien lo consideró responsable prima facie de ese delito por haber hecho públicos audios en los cuales el empresario Juan Ignacio Suris y otras personas vinculadas con una causa por narcotráfico mencionan a políticos, policías y funcionarios judiciales. Suris está detenido desde enero pasado en una causa por narcotráfico y se hizo conocido por sus vínculos con Leonardo Fariña, preso por evasión de impuestos, y con el polémico pseudoempresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez en la causa abierta por el uso de facturas falsas.

El "delito" que se le imputa al periodista de Bahía Blanca es consecuencia de su negativa a revelar quién fue la fuente que le suministró la información divulgada, un derecho que está taxativamente amparado por la Constitución nacional y garantizado por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, entre otros organismos internacionales.

El procesamiento contra Sasso se suma al allanamiento que la Justicia realizó en la sede de La Brújula 24, en el centro bahiense, donde secuestró material sobre esas escuchas. "La intención, según nos dijo la policía, es llevarse todo lo relacionado con Suris, Fariña y las escuchas de la causa vinculadas con el narcotráfico y con el entramado policial que a Suris lo protegía para vender la droga", dijo Sasso al revelar que esa incautación tuvo lugar inmediatamente después de que adelantó por la radio que se aprestaba a difundir más material sobre esa causa.

En defensa de su proceder, el juez difundió un comunicado para aclarar que había actuado por pedido del Ministerio Público Fiscal, con el fin de investigar "la presunta sustracción o violación de secretos por parte de funcionarios públicos" y "eventuales complicidades o encubrimientos de quienes los hubieren recibido y difundido". Es decir, en primer término, el magistrado parecería más preocupado por averiguar cómo es que semejante información llegó al público que por la oscura trama de delitos gravísimos que habrían cometido empresarios y funcionarios públicos. En segundo lugar, un juez no está obligado a acceder a los pedidos del fiscal si no está de acuerdo y, más aún, si no se ajustan a derecho

Por otra parte, como adecuadamente interpreta la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), la gravedad de la posible participación de funcionarios de distintas jerarquías en hechos ilícitos da cuenta del interés público que ha despertado la divulgación de los audios, lo cual no hace más que reafirmar el importante papel que está cumpliendo la prensa al darlos a conocer.

Decíamos al principio de esta columna editorial que no han sido pocos los casos de amedrentamientos contra periodistas y medios periodísticos, con el fin de limitar la libertad de expresión y de prensa. Hace pocas horas, fue amenazado el corresponsal de LA NACION en Santiago del Estero, Leonel Rodríguez. La casa de sus padres apareció cubierta de pintura, con un ataúd en la puerta relleno de tierra y sal, y rodeado de velas negras y rojas con alfileres clavados. Rodríguez fue el autor de una reveladora nota sobre una denuncia por violación contra el intendente de La Banda, Héctor Eduardo Ruiz, acusado por una mujer mayor de edad quien asegura que la forzó sexualmente en el despacho del palacio municipal. Con anterioridad a esta última intimidación, el periodista había sido amenazado por el hijo del intendente Ruiz, Leandro, de 20 años, quien lo fustigó desde una camioneta, y vapuleado desde perfiles apócrifos de Facebook. El hecho, como era de esperar, generó el inmediato rechazo de instituciones que defienden el ejercicio de la libertad de prensa.

Igual apoyo y pedidos de explicaciones a las autoridades recibieron en su momento los periodistas Alfredo Leuco, asaltado y golpeado en pleno centro porteño y a la luz del día, cuando le robaron una computadora con material de trabajo; la injustificable detención del periodista santiagueño Juan Pablo Suárez durante diez días y el posterior intento de acusarlo mediante la aplicación de la ley antiterrorista –más tarde sobreseído por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán–; el incendio de la camioneta del periodista Gustavo Sylvestre frente a la puerta de su vivienda en el barrio de Saavedra, en la Capital Federal; las constantes persecuciones, agresiones y censuras al equipo de Periodismo para todos en provincias como Jujuy y Formosa, y el sospechoso ataque a Marcelo Longobardi para robarle mientras circulaba por la custodiada zona de Barrio Parque.

Pero son muchos más quienes padecen este tipo de agresiones, de mensajes mafiosos tendientes a generar miedo para que no se sigan revelando los abusos y delitos cometidos por personas en el poder o vinculadas con ellas.

No está de más recordar aquí la artera persecución padecida por el fiscal José María Campagnoli, a quien desde el corazón mismo del Gobierno se quiso apartar de su cargo, afortunadamente sin que pudieran lograrlo. Campagnoli fue el primer fiscal que investigó a Lázaro Báez después de las confesiones de los tristemente célebres Fariña y Federico Elaskar, presunto financista del sospechado pseudoempresario patagónico.

Medidas judiciales tan aberrantes como las tomadas contra los periodistas de Santiago del Estero y de Bahía Blanca y las amenazas al corresponsal de LA NACION constituyen otro peligrosísimo avance en la serie de ataques a la prensa que ha caracterizado los once años de kirchnerismo.

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