Haití, violencia extrema
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Los terribles episodios de violencia en Haití no son una novedad, pero tender a su normalización es parte esencial del problema. La ausencia de estabilidad que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse, asesinado en 2021, no ha logrado afrontar el colapso del Estado, jaqueado por grupos narco y acelerado por una corrupción estructural, luchas de poder en la clase dirigente –sostenida por elites económicas mafiosas- y miseria extendida.
Las calles son el registro vivo de la crueldad impuesta por bandas que se enfrentan sin control entre sí o con una policía desmoralizada y mal armada. Los asesinatos, secuestros y agresiones sexuales se han multiplicado y el solo hecho de salir a la calle encierra un riesgo mortal. Las bandas se han convertido en un poder paralelo, que ya no puede ser ignorado por la dirigencia política, que habla de la necesidad de un diálogo directo, pero que se topa con el rechazo de una población tan aterrorizada como martirizada, carente de suficientes alimentos y atención sanitaria.
La espiral de violencia sin freno supera todos los límites de atrocidad que las pandillas imponen diariamente a la población de Haití. El último informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití registró entre el 1° de junio y el 31 de agosto pasados 2123 homicidios en todo el país, entre ellos 161 de mujeres y 45 de niños, lo que supone un descenso del 10% con respecto a las 2364 víctimas registradas entre marzo y mayo de este año.
Sin embargo, el informe destaca que el número de homicidios ha aumentado de forma alarmante en los departamentos de Artibonite y Centro, donde se registraron 1303 víctimas entre enero y agosto de este año, frente a las 419 del mismo periodo de 2024, un aumento del 210%.
El estudio también señala que, entre junio y septiembre de 2025, al menos 733 personas murieron y otras 423 resultaron heridas en operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas. El 78% de las víctimas eran miembros de bandas, mientras que el 22% eran residentes afectados por balas perdidas en sus hogares o durante sus actividades cotidianas.
En un contexto de altísima violencia criminal no han estado dadas las condiciones para convocar a elecciones nacionales; las últimas fueron en 2016. Con un Consejo Presidencial al frente y un gobierno de transición encargado de restablecer la seguridad, la intención es llamar a elecciones generales a finales del corriente año, con el objetivo de que un nuevo gobierno se instale en febrero de 2026. Pero la dura realidad de las calles lleva a preguntarse quiénes podrían salir a votar cuando los grupos armados controlan hasta el 90% de la capital, con instituciones colapsadas, fuerzas policiales sin recursos y un gobierno criminal que explota a niños y trafica armas y drogas.
Haití necesita reestablecer el orden y la seguridad y llevar ante la Justicia a los criminales que están creando caos en el país. No podrán hacerlo sin el apoyo internacional. La misión de apoyo a la policía haitiana, decidida en 2023, debió desplegar una fuerza de 2500 personas, pero careció de la financiación necesaria En septiembre pasado, en la última asamblea de la ONU, el Consejo de Seguridad volvió a prometer el envío de una fuerza internacional para hacer frente al aumento de la violencia impuesta por las pandillas. Pero a la fecha seguimos ante meras promesas. La ayuda exterior es imprescindible. Reconstruir las instituciones públicas y restablecer plenamente el Estado de Derecho, necesario para el transparente desarrollo del futuro proceso electoral solo será posible una vez que pueda recuperarse el orden público. Los más de 11 millones de haitianos imploran por una solución urgente a tantos años de inestabilidad, violencia y miseria.
Tipo de trabajo:
opinión
