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Hay que acatar las leyes
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Algunos sectores de nuestra sociedad parecen haber adoptado, a título de convicción irrefutable, el principio de la relatividad de las leyes. Interpretan que sólo deben acatarlas si les conviene y, si no, requerir de inmediato su modificación o su lisa y llana derogación.
Un hecho reciente fortalece esa presunción. Algunos de los artesanos -no siempre legítimos, según se puede verificar a simple vista- que han invadido hasta el desborde muchos de los paseos públicos porteños no cejan en su empeño por hacer valer el supuesto "estado de necesidad" que los aquejaría. Pretenden así quedar al margen de las expresas disposiciones del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires respecto de esa actividad.
Esos sectores contestatarios no están solos. Contaron con el auspicio del Interbloque de Izquierda de la Legislatura, para cuyos miembros, por lo visto, la legislación también tiene valor relativo.
En actitud que pone en tela de juicio cuál es la medida de su responsabilidad frente al mandato asumido, esos diputados locales pretenden obtener la suspensión de la aplicación de los artículos 83 y 84 de aquel código, que reglamentan la actividad de los vendedores ambulantes, artesanos y artistas callejeros. Esgrimen que tales disposiciones constituyen "el arma que aducen los fiscales para reprimir a los vendedores ambulantes y los artesanos".
La actividad de los artesanos es admisible y simpática. Sobre todo en aquellos casos en que se trata de un recurso para ganarse la vida honestamente. Siempre y cuando admita, sin ninguna clase de reservas, encuadrarse dentro de los límites que rigen la convivencia social.
Comprobaciones fehacientes demuestran que si bien están previstos 1190 cupos para esas actividades y sólo han sido concedidos 771, ciertas zonas más cotizadas están repletas de vendedores no registrados, que prefieren mantenerse al margen de la legitimidad, incluso ofreciendo seudoartesanías tales como alimentos de dudoso origen y aún más dudosa calidad.
En esta columna editorial se ha señalado hasta el cansancio que, salvo excepciones puntuales, las actividades callejeras del tipo de las aquí comentadas entablan desleal competencia con el comercio establecido, obligado a respetar, quiéralo o no, un sinnúmero de engorrosas y onerosas disposiciones laborales, sanitarias y fiscales.
Al margen, el exceso de puestos improvisados atenta contra el orden público y vulnera un derecho todavía más elemental: el de circular libremente, que implica poder disfrutar de los paseos públicos sin que nada nos impida o restrinja el ejercicio de esa franquicia legal.
Oportunos operativos de control realizados por los fiscales contravencionales fueron el detonante de las airadas reacciones de los artesanos irreductibles y de los legisladores complacientes, en cuyo particular concepto los preceptos contravencionales son "sesgados y represivos", "intentos de castigar la pobreza" e "interpretaciones y ejercicios aplicativos de derecha".
Ninguno de esos argumentos tiene el sustento de la razonabilidad. Los funcionarios actuantes no han hecho más que dar cumplimiento a la misión para la cual han sido designados: la de fiscalizar el cumplimiento de la ley y acusar en sede judicial a aquellos que la desobedecen en nombre del pueblo de la ciudad de Buenos Aires.
Pésimo ejemplo dan, pues, los legisladores que, sin razones valederas y en aras de parcializados intereses, preconizan insensatas revocatorias y desprecian normas que han sido aprobadas por el cuerpo del que son integrantes. De hecho, han logrado salirse con la suya: una comisión compuesta por legisladores y por representantes de los "trabajadores", los comerciantes y los vecinos se encargará de regular las actividades artesanales y feriales (disposición que, tal como era previsible, fue debatida y aprobada bajo la presión de los insultos emitidos por "barras" de artesanos y dirigidos a quienes votaron en favor del respeto por la ley).
Entretanto, y durante 90 días, los artesanos asentados en la plaza Cortázar -origen del conflicto- podrán desarrollar sus actividades sin restricciones.
Sería positivo que los legisladores porteños reparasen en que las leyes han sido dictadas para acatarlas. De lo contrario, la historia demuestra que se empieza por desdeñar las normas menos trascendentales para terminar probablemente en la más absoluta anarquía.
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