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Hegemonía política y autoritarismo
Si el oficialismo logra controlar el Congreso tras las elecciones, podría profundizar arbitrarias prácticas en materia económica
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Cuando las elecciones presidenciales se aproximan, parece necesario reflexionar brevemente acerca de algunas de sus posibles consecuencias si, como parecen sugerir las encuestas, el oficialismo obtiene no sólo la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, sino, una vez más, el control sobre ambas cámaras del Congreso.
Que un sector político alcance la mayoría propia en el seno del Poder Legislativo hace, por cierto, al juego propio de la democracia y de las instituciones de la República. El problema reside en que la fracción que podría lograr esa privilegiada posición parlamentaria ha dado sobradas muestras de autoritarismo y no ha ocultado sus peligrosas tendencias hegemónicas.
El riesgo que en ese caso correríamos todos los argentinos se explica fácilmente con un ejemplo absolutamente contundente: el de la llamada ley de abastecimiento, sancionada en 1974, apenas una semana antes del fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón, como respuesta al desabastecimiento entonces existente respecto de varios de los productos de la canasta familiar, situación que fuera consecuencia directa de los desaciertos de los gobernantes de entonces.
Esta peligrosa norma le confiere al Poder Ejecutivo la posibilidad de fijar caprichosamente precios máximos u obligar a continuar la producción, aun cuando ella fuera ruinosa; restringir o prohibir las exportaciones; intervenir arbitrariamente empresas hasta por un plazo de dos años; expropiar a voluntad, y otros graves abusos. Además, permite al Ejecutivo encarcelar a quienes violen las normas dictadas en su consecuencia, lo que constituye una verdadera aberración jurídica, porque la imposición de penas que suponen la pérdida de la libertad de los ciudadanos debería ser siempre una facultad privativa de nuestros jueces.
La recurrencia a la ley de abastecimiento ha sido lamentablemente una constante del oficialismo. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, personifica la enorme cuota de arbitrariedad con la que se la ha utilizado, como ocurrió con la intervención a Metrogas o con la implacable persecución a la petrolera Shell. Todo esto, pese a que la norma, de cuestionable constitucionalidad, está además suspendida en su aplicación por el decreto 2284
91, indiscutiblemente ratificado por el Congreso mediante el artículo 29 de la ley 24.307, que continúa en vigor.
El Poder Ejecutivo no está autorizado para declarar una situación de emergencia que ponga en marcha una norma suspendida por el Congreso y que implica un gravísimo cercenamiento de las libertades constitucionales.
En un Estado de Derecho, ni siquiera recurriendo a los decretos de necesidad y urgencia se pueden sancionar normas de tipo penal ni tributario, porque esto y no otra cosa es lo que dispone formalmente el artículo 99 de la Constitución Nacional.
La reactivación de la ley de abastecimiento podría ser una de las consecuencias inmediatas del control total del Congreso por parte del oficialismo, con el agregado de cambios como los sugeridos por el proyecto de ley presentado por el diputado Héctor Recalde, que la harían aún más arbitraria. La libertad y la fortuna de los argentinos quedarían, más que nunca, en manos de la discrecionalidad de los funcionarios de turno.
Si con la reimplantación de esta norma se pretende controlar la inflación, el resultado sería bien diferente. Basta recordar que, en otras épocas, su consecuencia no fue otra que una mayor informalidad y la destrucción de los incentivos para invertir.
Lejos de mejorar la economía del país, medidas de esta clase, como la intervención del Estado en los directorios de empresas privadas, las restricciones al comercio exterior y los hostigamientos a determinados grupos empresarios sólo pueden apuntar a acentuar la hegemonía del partido gobernante, mediante la extensión de dispositivos de dominación económica.
El manejo extorsivo de los recursos que hace el poder central para someter a sus designios políticos a gobernadores e intendentes son un ejemplo tan palmario como la escandalosa agresión por parte de Moreno contra un militante de Pro de Vicente López que, en el barrio de Núñez, promocionaba la candidatura de su postulante a jefe comunal.
Mientras tanto, a la manera de advertencia, nuestra Suprema Corte de Justicia acaba de no hacer lugar a nueve apelaciones del titular de Comercio Interior contra las absoluciones que la empresa Shell había obtenido en sede judicial respecto de una serie de multas millonarias que le fueran impuestas por supuestos incumplimientos de la ley de abastecimiento. Otras 17 causas más, vinculadas con la misma empresa, deben aún ser resueltas por el máximo tribunal, lo cual demuestra el tipo de vía crucis administrativo y judicial que debe ser recorrido por no pocos empresarios cuando, de pronto, son perseguidos arbitrariamente bajo la invocación de una norma que repugna a nuestra Constitución, cuya resurrección podría ocurrir si el oficialismo fuera de pronto investido con la suma del poder público.
