Huelga de camioneros
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En los últimos días se realizó una importante huelga del transporte automotor de mercaderías con el propósito de obtener un beneficio para los transportistas de granos. La medida de fuerza, que cubrió las principales provincias del arco productivo granífero, fue promovida por la Confederación Argentina del Transporte Automotor (Catac) y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), y contó con el apoyo del titular del sindicato de camioneros, Hugo Moyano.
El reclamo de los autotransportistas estaba centrado en un ajuste en las tarifas de los fletes, un pago extra por los días de espera en las playas de descargas y la liquidación de los viajes en los lugares de destino. También se requería la fijación de un canon que estuviera representado por una tarifa de referencia de 65 pesos por tonelada para un transporte de 300 km (la actual fluctúa entre 45 y 50 pesos durante el período del año de mayor movimiento de los cereales a las fábricas y puertos de exportación), tanto en la época de las cosechas como en los restantes meses de menor actividad. Los transportistas, que en su mayoría son dueños de sus unidades, alegaron como fundamento de sus requerimientos los altos costos del transporte que les impiden la renovación de las unidades que registran una antigüedad de 25 años.
Anteanoche quedó parcialmente desactivada gran parte de la huelga por disposición de la Catac, tras un aparente acuerdo de condiciones, conforme con el cual se prevé la implementación de un mecanismo de asignación de cargas para distribuir de manera equitativa los fletes en los meses de baja actividad; el pago de 350 pesos en concepto de estadía por cada día de espera para la descarga de los camiones, y un nuevo sistema de verificación para controlar las liquidaciones de los fletes y el cumplimiento de las tarifas pactadas. Por su parte, el gobierno nacional se comprometió a instrumentar en las próximas semanas un programa de asistencia crediticia para la renovación de la flota de camiones en un plazo de cuatro años. Independientemente de este acuerdo, la medida continúa en la provincia de Santa Fe, donde la Fatac mantiene sus reivindicaciones.
Intervinieron en la negociación representantes de Catac, acopiadores de cereales, Coninagro, la Sociedad Rural y la Bolsa de Cereales, el gremio de los camioneros y la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación. En tanto, las entidades agrarias expresaron su opinión favorable a la libre contratación de los fletes, un importantísimo componente de sus costos de producción.
Sin perjuicio de lo ocurrido, el paro ha mostrado la debilidad del sistema productivo en relación con los piquetes, utilizados como mecanismo de extorsión, cuyas consecuencias han sido apreciadas. En efecto, el paro comenzó afectando el transporte de la cosecha de girasol, en pleno desarrollo; se repitió con la de maíz y se extendió luego a las actividades en general, con cortes de rutas que afectaron la circulación de camiones con leche, con hacienda vacuna, aves, cerdos y producciones vegetales; produjeron ingentes daños a los productores y crearon riesgo de desabastecimiento para la población. Baste destacar que hubo tres millones de litros de leche que debieron ser inutilizados, amén de los riesgos de daños emergentes en las cadenas productivas de aves y cerdos, cuyo sistema tecnológico requiere una rotación constante y programada de las producciones, y cuya interrupción, aunque sólo sea por unos pocos días, significa altísimos quebrantos.
La ya persistente costumbre de negociar beneficios eligiendo los momentos en los cuales las huelgas, de la naturaleza que sean, provocan daños a veces irreparables, debe ser motivo de la mayor atención. En el caso que referimos, se atenta contra lo que dispone el artículo 14 de la Constitución nacional, que garantiza, entre otros derechos, el de circular por todo el territorio nacional. Nadie atiende a esta prescripción en la medida en que a diario se la vulnera, sin que las autoridades aporten los medios para que sea respetada.
Como ha quedado palmariamente demostrado, el caso del transporte es de una gravedad incontrastable, aunque por cierto hay tantos otros ejemplos en los que se ejercen distintos tipos de extorsiones. En lugar de mirar para otro lado, el gobierno nacional debería utilizar las leyes y el poder público para ordenar los derechos y obligaciones requeridos por la sociedad, imprescindibles para facilitar el cauce de la producción.
