Ilusionistas de la gratuidad

En su obra póstuma De la estupidez a la locura, Umberto Eco explica con una broma algo que, de tan usual, pasa inadvertido: que los seres humanos tendemos a responder de diferente manera una misma pregunta, según cómo se nos la formule. Refiere que dos religiosos, uno dominico y otro jesuita, compartían ejercicios espirituales. El dominico le preguntó a su amigo cómo era posible que fumara permanentemente durante ese tiempo de oración. El jesuita le contó que su superior lo había autorizado. El dominico se sorprendió porque, ante el mismo pedido de autorización, el suyo se lo había negado. “¿Pero cómo se lo has pedido?”, inquirió el jesuita “Bueno, obviamente, le pregunté si podía fumar mientras rezaba”. A lo que el jesuita dijo: “Mal hecho, debiste haberle preguntado si está permitido rezar mientras uno fuma. Mi superior dijo que a Dios le agrada que se comuniquen con Él en todo momento”.

¿Qué pensaríamos de la salud mental del que agradece calurosamente al cajero automático porque le entrega el dinero que antes él mismo había depositado?

Las distintas maneras de preguntarse lo mismo, acaso puedan confundir a la hora de establecer la “gratuidad” de algo. Por lo general, la justificación de esa condición es que responde a un “derecho humano”. Está visto que para muchos argentinos cualquier cosa muy demandada debería convertirse en prestación estatal.

Un ejemplo algo pintoresco es el de una legisladora porteña que impulsa la gratuidad del protector solar por considerar que no es un producto cosmético, sino un medicamento necesario para la salud humana. A poco que se aceptara ese criterio, también las bananas deberían ser entregadas gratuitamente, dado que es indudable que la humanidad necesita potasio. Ese pensamiento mágico amenaza permanentemente con adueñarse de la realidad. Basta como ejemplo recordar que el Congreso sancionó en 2019 una ley que reconoció el derecho de los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario a recibir educación sobre folclore.

No hay derecho natural que asista al reclamo de ninguna de esas cosas. En todo caso, podría eventualmente tratarse de una decisión de convertir algo en parte de gasto público y financiarlo de cualquier manera, como Fútbol para Todos, aunque más no sea con el impuesto inflacionario producto de la emisión monetaria sin respaldo. Sería interesante consultar a la ciudadanía, a la manera de la broma de Eco, qué le parecería que el Gobierno destinara el dinero de sus impuestos a pagar la cantidad de protector solar que decidiera consumir su vecino que pasa todo el día tomando sol, o a comprar acordeones y guitarras para las clases de chamamé en todas las escuelas del país. Probablemente entonces cambiaría el nivel de aprobación de semejantes dislates.

Todo aquello que un legislador o funcionario propone que el Estado haga o entregue “sin cargo” no es a título gratuito. Probablemente lo sepan, pero evitan confesarlo

Incluso, resulta una falacia cuando se hace un culto de la “educación gratuita”. Alguien paga esa educación. Y ese alguien es la gran masa de contribuyentes, de la cual la mayor parte no accede a ese servicio por distintas razones. Si se quiere ser aún más directo en el razonamiento, puede decirse que la educación pública la subsidian incluso los que no pueden acceder a ella, como los tantos casos de familias materialmente imposibilitadas de enviar a sus hijos a la universidad, pero que deben pagar el IVA de los alimentos que no pueden dejar de consumir.

Durante una entrevista realizada en 1984 en la Universidad de Islandia, uno de los académicos le reprochó al premio Nobel de Economía Milton Friedman que los asistentes a una de sus conferencias hubieran tenido que pagar por escucharlo, rompiendo la tradición de gratuidad de esa casa de estudios. Opinó el catedrático que haber pagado por la charla no aumentaba la libertad académica, sino que la disminuía, a lo que Friedman argumentó. “¿Quién paga los gastos de la asistencia a las conferencias gratuitas? La gente que no asiste a ellas (...) los ausentes subsidiaban a los presentes en esos encuentros”. Según Friedman, la palabra “gratis” es una de las peor usadas, básicamente porque “la educación cuesta dinero”.

El Estado no produce ni regala nada que antes no le haya quitado a quienes lo producen

Del mismo modo, todo aquello que un legislador o funcionario propone que el Estado haga o entregue “sin cargo” a las personas no es a título gratuito. Muy probablemente lo sepan, pero se reprimen de confesarlo. Detrás de ese tipo de decisiones políticas se revela la clara intención demagógica de imponer un asunto como un beneficio sin reconocer que el costo lo absorberemos todos.

Aun cuando pudiera resultar una verdad de Perogrullo, vale destacar que el Estado no produce ni regala nada que antes no le haya quitado a quienes lo producen. En escasas oportunidades, los autores de estos interesados proyectos se ocupan de indicar de dónde saldrán los recursos para hacer efectivo el “derecho” que se proponen instaurar. Muchas veces, incluso, las propias leyes son sancionadas con una cláusula que deja para más adelante la decisión sobre el financiamiento. Es evidente que sus impulsores solo necesitan abrevar de las mieles que provoca el impacto del anuncio. Una irresponsabilidad absoluta a mediano y largo plazo.

Es una falacia decir que un impuesto es una exacción sobre el patrimonio de “los ricos”. La tremenda carga que representan es mucho más pesada para quienes menos tienen

La cultura de la falsa gratuidad también aplica, por ejemplo, a las bajas en los precios de las tarifas de servicios como la energía eléctrica, prácticamente congelados durante 17 de los últimos 20 años para no mal predisponer a los votantes con aumentos, aunque esa decisión derive inevitablemente en futuros cortes en el suministro como fruto de un irremediable colapso del sistema. Otro tanto ocurre con los anunciados viajes gratuitos de fin de curso para estudiantes bonaerenses y con el Previaje. ¿O alguien realmente piensa que el recupero no lo pagamos todos?

Es también harto conocido cómo muchos políticos se solazan con la inauguración de obras o el lanzamiento de programas a cambio de recibir el aplauso de los que, paradójicamente, han hecho el esfuerzo para que esos “beneficios” pudieran otorgarse. El engaño se completa magistralmente con el mensaje de que el impuesto es una exacción sobre el patrimonio de “los ricos”, cuando es más que evidente que la tremenda carga que representan los tributos de tasa fija, no progresivos, como son todos los que gravan el consumo, incluso la propia inflación, se tornan mucho más pesados para los que menos tienen. ¿Qué pensaríamos de la salud mental de un sujeto que agradece calurosamente al cajero automático porque le entrega el dinero que él antes ha depositado?

Pueden existir atendibles razones para destinar recursos públicos a necesidades sociales, en cuyo caso el legislador o el funcionario deben justificar y explicar con claridad qué cosas dejarán de hacerse para costear esa decisión, ya que los recursos son siempre escasos y las necesidades, infinitas.

Desgraciadamente, que se pretenda convertir un recurso en un derecho no lo convierte en ilimitado o de libre disponibilidad. La sábana corta es un buen ejemplo.