Improcedente pretensión de jurisdicción universal
La solicitud de una jueza argentina para extraditar a cuatro ex integrantes de la policía franquista mereció objeciones de la justicia española
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Como si no tuviéramos bastante con el presente y el pasado propio cargado de divisiones, enfrentamientos y tragedias, la Argentina, mediante un pedido de la jueza María Servini de Cubría, pidió la extradición de cuatro españoles que integraron las fuerzas de seguridad durante el gobierno de Francisco Franco, a raíz de denuncias realizadas en nuestro país por parientes y descendientes de supuestas víctimas de la acción de los miembros de la policía franquista. Frente a ese pedido, recientemente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España sostuvo que tales arrestos "no son ni necesarios ni urgentes", en virtud de la "antigüedad de los hechos" y de que las personas reclamadas están amparadas por una ley de amnistía que data de 1977.
La citada Fiscalía añadió que las órdenes de detención cursadas por la magistrada argentina darían lugar a una "denegación", por no constar en ellas datos sobre fechas y lugares de comisión de los delitos, como lo requiere el Convenio Bilateral de Extradición y Asistencia Judicial entre España y la Argentina. La doctora Servini ha sostenido que los crímenes del franquismo son imprescriptibles y que debería ser aplicable el principio de jurisdicción universal para evitar que queden impunes. Con anterioridad, había suspendido declaraciones testimoniales tras el llamado del embajador argentino en España, Carlos Bettini, que advertía el malestar que causaba a las autoridades de ese país la forma de recabar testimonios, según la resolución judicial argentina.
En la Guerra Civil que enlutó a España entre 1936 y 1939 hubo un millón de muertos. En esa tragedia, ambos bandos recurrieron a la violencia, los juicios sumarios y los fusilamientos a destajo, y los horrores se prodigaron desde el profundo odio ideológico que enfrentó a las dos Españas.
Durante el pasado gobierno de Rodríguez Zapatero, a instancias del juez Baltasar Garzón– destituido de su cargo por prevaricato y hoy asesor del Congreso argentino–, se buscó abrir un proceso denominado "Recuperación de la Memoria Histórica" para investigar y abrir causas por víctimas del accionar del franquismo, dejando de lado a todos los casos de víctimas del gobierno republicano– sacerdotes y monjas incluidos–, en manos de socialistas, comunistas y anarquistas. Esa búsqueda sesgada de la verdad fue rechazada en España por la justicia y por la gran mayoría de los españoles, que han superado ya los enfrentamientos que produjo la cruel Guerra Civil de 1936, lo que permitió la transición democrática en 1975 luego de fallecido Franco por la voluntad de todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales y empresariales, que decidieron construir un futuro y no reabrir heridas del pasado. Ese pacto político fue rubricado por Manuel Fraga Iribarne, quien fuera ministro de Franco, diplomático y cabeza del Partido Popular durante años, además de jefe político de Galicia elegido democráticamente, y por Santiago Carrillo, miembro emblemático del Partido Comunista, integrante de las juventudes de éste durante la Guerra Civil y partícipe también de la confrontación civil, que le valió el exilio en la ex Unión Soviética, luego de la derrota militar en 1939.
Que hoy, en 2013, buscando dificultar una pacificación que dé por terminado nuestro enfrentamiento interno de los años 70, se pretenda reabrir causas en España por hechos que tuvieron como causa uno de los episodios más traumáticos del siglo XX europeo, prolegómeno del conflicto mundial de 1939-1945, demuestra el grado de confusión que existe en nuestro país, promovido desde hace años en nombre de un presunto humanitarismo que, en los hechos, sólo buscó la venganza y no la memoria completa que llevara a la pacificación, la reconciliación genuina y la superación de los trágicos años de enfrentamiento.
El pedido de extradición formulado por la jueza argentina está ahora en manos de la justicia española, aunque la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional pone en duda que esa solicitud vaya a ser cumplida. Mientras tanto, la Argentina pierde credibilidad ante el mundo por las reiteradas violaciones de elementales principios republicanos y los abusos del Poder Ejecutivo. Pero, eso sí, hemos asumido ser de pronto los justicieros del mundo, buscando ser árbitros en uno de los mayores dramas que vivió nuestra querida España. Una impostura más de nuestro desconcertado presente y de este nuevo concepto de justicia universal que no debería ser utilizado para reabrir heridas que trasciendan las fronteras de nuestro país.
