Impuesto al viento

La iniciativa de establecer un impuesto al viento en la provincia de Chubut no es una broma. Tampoco es novedosa: hace unos años, el entonces gobernador de la Rioja Luis Beder Herrera propuso cobrar un impuesto al sol por el desarrollo de centrales fotovoltaicas. La poca imaginación política en casi todos los gobiernos desemboca en algo similar: un nuevo tributo. Ambas iniciativas se fundamentaban en la misma causa: "Las inversiones en energía eólica o solar no dejan nada" o "se trata de un negocio entre privados en el que las provincias quedan afuera y, por lo tanto, hay que crear un canon o regalía". Parece que resulta más fácil inventar un nuevo impuesto que bajar el gasto público. Afortunadamente para quienes quieren invertir en nuestro país, ninguna de las iniciativas prosperó.

No es necesario ser un experto en impuestos o en economía de los recursos naturales para saber que implementar un "impuesto al viento" implicará que los consumidores finales terminarán pagando más caro el consumo de electricidad.

Hay una cierta irresponsabilidad, o por lo menos desconocimiento de la actividad, al igualar las fuentes de energía renovable con las fuentes fósiles. Las regalías petroleras corresponden a la extracción de recursos no renovables que, en la mayoría de los casos, producen contaminación. El viento -o el sol, en su caso- es un recurso renovable y su aprovechamiento no impide que otros también lo aprovechen. La diferencia es esencial.

La Argentina ha creado un régimen estratégico para fomentar la utilización de energías renovables. Este régimen declaró de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes renovables con destino a la prestación de servicio público, como también la investigación para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos con esa finalidad.

Es por eso que se puso en funcionamiento el plan RenovAr, que promueve las inversiones a gran escala y la concreción de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, de 2015, celebrado en ocasión de la COP 21, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se trata de un régimen que fue pensado y planificado durante años y que ha logrado un récord de inversiones y un gran avance tecnológico, proveniente de países como Dinamarca, Japón, Alemania, Italia y China.

En materia de fabricación de equipos, hace pocos meses se inauguró, en la localidad de Campana, una planta de ensamblado de aerogeneradores eólicos para abastecer la demanda proveniente de los proyectos de energías renovables, lo que generó numerosos puestos de trabajo.

Aquellos inversores que realizaron un cálculo de la rentabilidad de los proyectos tuvieron confianza en que las condiciones no cambiarían. Es por eso que la instrumentación de un nuevo impuesto por parte de las provincias no solo configuraría un exceso en sus facultades para crear tributos sobre un régimen nacional. Sería, además, otra señal de inestabilidad jurídica y un mensaje muy negativo para quienes están considerando invertir en una actividad que recién comienza a desarrollarse en el país y que costó mucho instalar.

No debe olvidarse que la fuente de generación con mayor peso en las matrices energéticas en la Argentina son los combustibles fósiles, principales contribuyentes al cambio climático. Sin embargo, el potencial solar y eólico es inmenso y para aprovecharlo fue necesario contar con un modelo de generación descentralizado.

España intentó un tributo al autoconsumo de energía y el régimen fracasó: el año pasado lo abandonó.

Cuando la Argentina ratificó el Acuerdo de París de 2015, manifestó la intención de reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero de un modo cuantificable. El acuerdo implica un compromiso concreto para que el calentamiento global no supere los dos grados centígrados respecto de la temperatura promedio de la época preindustrial. Ello implica el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en función de sus prioridades nacionales. En consonancia con el Acuerdo de París, nuestro régimen tiene por objetivo que las fuentes renovables de energía alcancen el 20% del consumo de energía eléctrica nacional al 31 de diciembre de 2025.

Favorecer la energía eólica y solar implica el reemplazo de fuentes sucias por otras más limpias, el aumento de la inversión privada, el ahorro de millones de dólares en la importación de combustibles y la consecuente disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Algo que parece no tener valor para quienes imaginan la creación del impuesto al viento o al sol. Sería deseable que las autoridades y los legisladores intentaran promover las energías renovables, en lugar de mamar de ellas. La Argentina y el planeta estarán agradecidos.