Imputabilidad de los menores: la edad no puede ser una coartada
Es hora de avanzar en el diseño de un nuevo régimen penal juvenil; la impunidad absoluta los somete a más violencia, reincidencia y muertes tempranas
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El asesinato del adolescente Jeremías Monzón, en Santa Fe, obliga a detenerse en una realidad muchas veces comentada, pero sobre la que poco o nada se ha hecho. Jeremías tenía 15 años y fue atacado con una ferocidad que hiela la sangre. Tres menores de edad le asestaron 20 puñaladas y uno de ellos hasta llegó a filmar la escena. Ese crimen no solo expuso un nivel de violencia extrema, sino también una falla estructural del sistema. Dos de los atacantes recuperaron rápidamente la libertad amparados en su inimputabilidad. Para la familia de la víctima y para una sociedad golpeada por el delito, la respuesta estatal resultó tan insuficiente como incomprensible.
Hacia fines de 2024, otro caso encendió las alarmas. Un menor de 16 años fue apresado en Recoleta por un intento de hurto. Era la detención número 72 desde que había comenzado su carrera delictiva, a los 13. Setenta y dos ingresos por comisarías en apenas tres años, con la certeza de que, por su edad, siempre volvería a la calle. No se trata de episodios aislados, sino de síntomas de descomposición de un régimen que fracasó tanto en prevenir como en reeducar.
Anteayer, el gobierno nacional anunció que insistirá con la reforma del régimen penal juvenil, que incluye la baja 13 años de la edad de imputabilidad, que hoy es de 16 años. Con ese objetivo, habilitó el tema para ser tratado durante la extensión del actual período de sesiones extraordinarias, a partir del 2 del mes próximo. La iniciativa toma como base un dictamen de la Cámara de Diputados, que el año pasado contó con el respaldo de La Libertad Avanza, Pro, la UCR e Innovación Federal, con acompañamientos parciales de otros bloques y el rechazo frontal del kirchnerismo, que volvió a refugiarse en una lectura abolicionista e ideologizada del derecho penal.
Conviene despejar, desde el inicio, algunas confusiones deliberadas. Bajar la edad de imputabilidad no equivale a “meter presos a chicos” ni a desconocer su condición de personas en formación. Lo que está en debate es si el Estado puede seguir renunciando a intervenir penalmente frente a delitos graves cometidos por adolescentes que ya distinguen perfectamente entre el bien y el mal y que, muchas veces, son utilizados por adultos como mano de obra del crimen organizado. La inimputabilidad absoluta no protege a esos menores, sino que los somete a un circuito de violencia, reincidencia y muerte temprana.
Muchos de quienes se oponen a bajar dicha edad lo fundamentan en que no debería aumentarse el castigo cuando el propio Estado se ha desentendido de brindarles amparo, comida y educación a edades tempranas. Se preguntan qué soluciones se les acercó a las familias de esos chicos para que los contuvieran, y se rasgan las vestiduras porque la escuela ha dejado en muchos casos de ser socia de los padres en la tarea de educar, habiéndose fomentado incluso la pérdida del respeto a la autoridad y a las reglas de la vida comunitaria. Resulta curioso que quienes ahora se hacen todas esas preguntas no se las hayan formulado durante los gobiernos que condujeron -o con los que simpatizaban- y que tanto han profundizado esas graves carencias.
Huelga decir que la prevención debe ocupar un lugar central. Está claro que ninguna reforma penal será suficiente si no se refuerzan las políticas de contención familiar, de permanencia en el sistema educativo y de transmisión de valores básicos. Un chico fuera de la escuela, sin adultos responsables y rodeado por el delito y la droga tiene pocas oportunidades de elegir otro camino. El Estado llega tarde si solo aparece con el patrullero o con el juez.
El dictamen parlamentario hoy vigente propone un régimen penal juvenil diferenciado, con garantías de debido proceso y la privación de la libertad como último recurso. Prevé sanciones alternativas para delitos menores y penas efectivas solo para hechos de extrema gravedad, con topes claros y en establecimientos especializados, separados de los adultos. Lejos de un esquema meramente punitivo, el proyecto apunta a construir un sistema que hoy no existe.
Nadie duda que el encierro, mal concebido, puede convertirse en una escuela del delito. Las cárceles de adultos son prueba de ello. Precisamente por eso, la discusión no puede agotarse en la edad de imputabilidad. Nuestro país necesita institutos juveniles adecuados, con personal capacitado, educación obligatoria, formación en oficios y acompañamiento psicológico y familiar. La Constitución nacional es clara al señalar que las penas deben tener como finalidad la resocialización. Ese mandato vale también -y muy especialmente- para los menores de edad.
Tan equivocada como la lógica del castigo vacío es la del abolicionismo. El Estado no puede permanecer de brazos cruzados mientras adolescentes con profusos antecedentes siguen delinquiendo sin límite alguno. No hay derecho humano más básico que el de las personas a no ser atacadas ni política social más cínica que la que confunde comprensión con impunidad.
El debate que se abre en el Congreso es una oportunidad para abandonar consignas y abordar el problema con seriedad. Reconocer que el régimen vigente fracasó no implica renunciar a la mirada humanista, sino recuperarla. Proteger a la sociedad, evitar nuevas víctimas como Jeremías Monzón y ofrecer a esos menores una verdadera posibilidad de reinserción no son objetivos contradictorios. Son las dos caras de una misma responsabilidad pública.
Tipo de trabajo:
opinión
