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Indec, vergüenza nacional
Los nulos avances del Gobierno en la recuperación del organismo oficial siguen degradando la confianza en el país
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La escandalosa manipulación de las cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) amenaza con perpetuarse. Desde hace cinco años, la ciudadanía es testigo de cómo se avanza en la destrucción de un organismo fundamental que alguna vez alcanzó un gran prestigio internacional que ahora será difícil de recuperar.
Para todo 2011, el índice de precios al consumidor (IPC) que informó el organismo oficial fue de apenas el 9,5 por ciento. Se trata de un porcentaje ridículamente bajo, tanto si se lo compara con las mediciones de organismos oficiales de la mayoría de las provincias como si se lo coteja con el índice que elabora el Congreso de la Nación sobre la base de estudios de consultoras privadas, que alcanzó el 22,8 por ciento.
La falta de credibilidad en los índices del Indec es tan generalizada en toda la sociedad, que hasta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a decir públicamente que los créditos del Bicentenario destinados a la producción, otorgados a una tasa anual fija del 9,9 por ciento, son concedidos a una tasa negativa. Esto indica que ni para la propia primera mandataria argentina es creíble la inflación anual del 9,5 por ciento que midió el Indec.
La homologación de convenios laborales por parte del Ministerio de Trabajo, que toma como referencia a consultoras privadas y descarta por completo los informes del Indec, indica que ni siquiera el propio gobierno nacional cree en los datos dibujados del instituto oficial. Del mismo modo, la CGT y los sindicatos de trabajadores jamás han reparado en los informes de este organismo para sus demandas salariales.
La alteración alevosa del IPC modifica significativamente el valor de la canasta básica de alimentos y, por ende, disfraza un dato esencial para toda la sociedad: la cantidad de habitantes que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Resulta a todas luces irritante que, para el organismo oficial de estadísticas, el nivel de pobreza en nuestro país apenas llegue al 8,3 por ciento o que una familia tipo necesite tan sólo 609 pesos mensuales para no ser considerada indigente.
Tan increíbles son las estadísticas oficiales que, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas llamó al gobierno argentino a adoptar las medidas necesarias para hacer confiables los datos del Indec y que sus metodologías resulten accesibles para investigadores, académicos y usuarios en general.
El daño sobre la institucionalidad y la confianza es tan grande que se torna imprescindible avanzar sin demoras en la rectificación del fraude y la recuperación del organismo.
Será necesario, primero, un reconocimiento sin vueltas del problema de la inflación, dejando de lado denominaciones equívocas que sólo irritan a la sociedad como "tensión de precios", "reacomodamientos temporarios" o "subas estacionales".
Se deberán asumir las culpas propias y no vociferar siempre las responsabilidades ajenas de los empresarios o del propio crecimiento económico, ante los palpables ejemplos de los países vecinos que crecen con estabilidad. Es menester ejercer "un capitalismo en serio" en el país, sostenido en la reunión del G-20 en Cannes, impidiendo que un secretario de Estado como Guillermo Moreno digite el valor de los productos que se ofrecen a la venta, niegue o autorice exportaciones e importaciones según su parecer u otorgue aumentos de precios con total discrecionalidad. También se deberá cesar con la ilegalidad y el absurdo de aplicar multas a las consultoras privadas que miden la inflación utilizando metodologías enteramente aceptables o con estándares internacionales reconocidos, y hasta con el "circo" de pretender citar judicialmente a los periodistas que se ocuparon de la problemática del aumento de precios.
Es que la destrucción del Indec excede incluso la gravedad referida y coloca bajo sospecha la totalidad de los anuncios oficiales. La pérdida del valor de la palabra es una inmediata consecuencia de este despropósito.
Hace un año, cinco universidades nacionales prepararon y entregaron al ministro de Economía un informe muy crítico sobre el desenvolvimiento del Indec desde 2007, en el que se cuestionaba el proceso de recolección de datos, su procesamiento y uso, y también los desplazamientos y nombramientos arbitrarios del personal. Las propuestas realizadas nunca fueron atendidas ni mucho menos llevadas a la práctica por el Gobierno.
Es de esperar que con el segundo mandato de la Presidenta se avance finalmente en la eliminación del falseamiento estadístico y la recuperación del Indec. Daríamos así un indispensable paso en procura de mejorar la institucionalidad del país, tantas veces declamada y siempre pisoteada.
