Ineptitud manifiesta

En los tres años de la gestión de Victoria Donda al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), la cantidad de delegaciones pasaron de 27 a 43 y la planta sumó 120 empleados. Pudieron haber sido 121 si su empleada doméstica no hubiera denunciado que le había ofrecido empleo en el organismo a su cargo para terminar una relación laboral no registrada de más de diez años, algo que Donda al día de hoy desmiente. Exculpada del delito de administración fraudulenta y malversación de fondos por la Justicia, con el argumento de que la empleada rechazó el ofrecimiento, el juez Sebastián Casanello sí consideró que la conducta denunciada era claramente inapropiada para una funcionaria pública. Qué menos.

El Inadi nunca publicó oficialmente, como algunas otras dependencias estatales, en qué gasta los dineros públicos. Este medio difundió el mes pasado millonarios incrementos en las partidas presupuestadas para pasajes y viáticos y en “correos y telégrafos”. Podemos imaginar el resto.

Los escándalos de su gestión incluyeron también un viaje oficial a Suiza para disertar ante un auditorio de diez personas, una pelea con el gobierno porteño por la presencialidad en escuelas durante la pandemia, el enfrentamiento con el cantante Ricardo Arjona, su postura a favor de regular los “discursos de odio” que movieron a que la oposición pidiera su renuncia, el silencio del organismo ante las agresiones del gobernador formoseño a María Eugenia Vidal, su cuestionado manual para comunicadores durante el Mundial, y ni qué hablar de los silencios ante los derechos pisoteados de tantas personas, incluidas mujeres iraníes, afganas o de otras nacionalidades en regímenes abusivos, por agregar algún ejemplo.

Desde muy joven, expresó una marcada vocación social con compromiso político. Convertida en la nieta recuperada número 78, luego de ser concejala suplente en Avellaneda, su condición le valió a Donda el apoyo de Estela de Carlotto para candidatearse a diputada por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Accedió así a una banca en 2007, a los 26 años, y pasó a ser la más joven en la historia de la Cámara. Desde entonces, se desempeñó durante tres períodos y no asumió el cuarto, pues fue convocada por el Presidente para el Inadi. A los 45 años, no habría conocido otro empleador más que el Estado.

La bajada de pulgar del Presidente a la hora de renovarle la confianza, llevó a Donda a expresar su decepción “de hace tiempo” con el Gobierno. El vicejefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Olmos, se encargó de ventilar que fue echada por Alberto Fernández. La carta “de renuncia” de Donda incluyó elogios a Cristina Kirchner y críticas para funcionarios, sin dar nombres. Sin embargo, vislumbramos algún otro interesante cargo público debidamente apadrinado para quien aún no contaría con la edad necesaria para comenzar a cobrar una jubilación de privilegio.

Greta Pena, abogada y periodista, fue designada sucesora de Donda al prorrogarse la intervención en el organismo. Desde 1977, pasó por ambas cámaras del Congreso, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, por distintos organismos y con distintas funciones. Tuvo incluso un puesto en el Inadi durante la primera presidencia de Cristina Kirchner. Toda una vida en la gestión pública que se suma a su reconocida militancia en el feminismo, en particular, relacionada con cuestiones vinculadas a la diversidad sexual y la identidad de género. Una vez más, vivió al amparo de la billetera ciudadana; permítannos dudar de sus blasones. Su promesa respecto de que “trabajará por los consensos que nos unen como sociedad” suena atractiva y celebraremos si así lo hace, defendiendo los derechos de todos y no solo los de los afines. Sus cuestionamientos al interesante artículo de Marcelo Gioffré de días atrás en nuestras páginas, que analiza en términos sociopolíticos la porosidad de una clase social disconforme de la que supo aprovecharse el kirchnerismo, solo parecen reforzar la grieta. Incapaz de interpretar adecuadamente las palabras y la propuesta presentada de un acuerdo republicano superador, solo pudo advertir desde su lente deformada que “construir estereotipos no es inocuo”.

Ni sus méritos, ni su preparación, ni su experiencia, mucho menos su honestidad o decoro, son requisitos para ser designado funcionario del paquidérmico y burocrático sistema estatal. Es la militancia. La ideología. Desconocen, por tanto, lo que es tener que pagar un sueldo a fin de mes y también tener que rendir eficientemente para no ser despedido. El círculo vicioso en el que se mueven les garantiza, con la expresión utilizada por un sagaz lector, que sus habilidades en el “garrochismo político” les permitirán sortear cualquier obstáculo para caer bien paradas en nuevas funciones, independientemente de su desempeño. Es la manera de asegurarse un buen retiro a costas de un Estado quebrado.

No hay remedio para nuestro país en estos términos. La escena nacional se repite a nivel provincial y municipal. Todas las administraciones, algunas más y otras menos, caen en estas nefastas prácticas. Con organismos y empresas públicas muchas veces fundidas, que solo sirven para dar cabida a la militancia, ministerios que deberían subsumirse por razones de economía y gestión, y funcionarios tantas veces parásitos que multiplican también el número de empleados a su servicio para garantizarse su permanencia, nuestra suerte está echada. El más discriminado resulta ser siempre el ciudadano de a pie.