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Información, evaluación y calidad educativa
El auténtico desafío no radica en seguir modificando las leyes, sino en hacer cumplir las que se encuentran vigentes
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LA NACION
Nuestra ley de educación nacional, de 2006, describe las normas que deben cumplirse para asegurar la calidad del sistema educativo obligatorio con el fin de lograr el respeto integral del derecho constitucional de aprender.
Bajo el título "La calidad de la educación", la ley dedica un capítulo entero a un tema sensible a la hora de discutir las medidas por adoptar para la mejora del sistema. Aborda así las disposiciones atinentes a información y evaluación. La ley otorga al Ministerio de Educación nacional "la responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica" y agrega que el objetivo es una toma de decisiones "tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social".
Cuando los legisladores aprobaron la ley, se ocuparon también de fijar ciertos límites a la responsabilidad que le cabe al ministerio en cuestión. Especificaron que "la política de información y evaluación se concertará en el ámbito del Consejo Federal de Educación", es decir que, cualquiera fuese esta, demandará acuerdos provinciales. Incluso, se estipuló con mayor detalle que cada provincia debe hacer pública la información obtenida, respetando las disposiciones fijadas en el articulado respecto de pautas y límites. Entre ellas, vale destacar que la obligación de publicar no se refiere a todos los datos, sino a aquellos indicadores "que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión y la investigación educativa", y que respecto de los resultados de las evaluaciones se "resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia".
Esta es la regulación vigente. Más allá de sus aciertos o errores, es el texto aprobado por los legisladores con las mayorías necesarias para convertirlo en ley de la Nación.
La cuestión por mensurar es la verdadera batalla que hay que dar para lograr la calidad educativa. Los países necesitan un diagnóstico preciso del rendimiento académico de sus estudiantes y también de sus docentes.
Ciertamente, los rankings de escuelas pueden aportar información, pero también confundir, si esta no es precisa. La falta de detalle sobre aspectos como su vinculación con la condición social de los alumnos, entre otros, puede dar lugar a errores de interpretación. Vale la pena remarcar en este sentido un concepto señalado por la Asociación Educar 2050 en su campaña #YoVotoEducación. Esta prestigiosa institución expresa acertadamente que el auténtico desafío educativo argentino no radica en modificar leyes, sino en cumplirlas.
Los últimos resultados de las pruebas PISA, que se realizan cada trienio a estudiantes de 15 años de numerosos países, han vuelto a poner a la Argentina en una situación delicada, pues ocupó un puesto alejado: el Nº 63 entre un total de 79 naciones que participaron de evaluaciones en matemática, lengua y ciencia.
Los países de América Latina en general mostraron estar en peores condiciones educativas que el resto. En nuestra región, solo se destacaron Chile, Uruguay y Costa Rica, aunque también en puestos bajos del ranking: 43, 48 y 49, respectivamente.
Nuestra legislación establece que "la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa". Los países necesitan un diagnóstico despolitizado y, por lo tanto, claro del rendimiento escolar para poder mejorar los niveles educativos. También, el cumplimiento de un mínimo de días de clases, que entre nosotros fue fijado en 180, pero que, pese a lo exiguo de la exigencia, hace mucho tiempo que no se llega a cumplir.
Los gremios, las provincias y la Nación acordaron recientemente garantizar esas 180 jornadas de clases para el ciclo que comienza en breve. Es de esperar que se logre ese objetivo y que la educación pase a ser realmente una política de Estado. Los países más exitosos son aquellos en los que la calidad educativa aumenta de manera continua y sostenida. No hay futuro posible sin educación de calidad.
LA NACION
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