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Insaurralde y una interminable impunidad
La credibilidad de las instituciones no soporta la exasperante lentitud judicial para investigar escándalos de corrupción de semejante nivel de obscenidad
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LA NACION
Hay imágenes que resumen una época. Mientras la Justicia continúa acumulando expedientes por denuncias de hechos de corrupción que involucran a Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, lo vimos reaparecer relajado, fumando un habano junto a un grupo de amigos mientras disfrutaba de un partido de la selección argentina durante el Mundial de Fútbol. La escena transmitió y sigue provocando una sensación difícil de soslayar: la de un dirigente con una auténtica cara de piedra, convencido de que el paso del tiempo, las interminables demoras judiciales y los tan ocultos como sostenidos avales políticos que conserva le jugarán siempre en su favor.
Lejos de disiparse, las sospechas sobre quien fue uno de los hombres más poderosos de la política bonaerense no dejan de multiplicarse. Recientemente, una investigación periodística lo vinculó con una presunta estructura de financiamiento irregular a través del negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires, a partir de contratos públicos que habrían coincidido llamativamente con su desembarco en la Jefatura de Gabinete y con conexiones familiares bajo investigación. Será la Justicia la que determine responsabilidades, pero el cúmulo de indicios numerosos, graves y concordantes vuelve a colocar a Insaurralde en el centro de un entramado mafioso que exhibe demasiadas coincidencias para ser ignoradas.
El negocio de las fotomultas constituye desde hace décadas una de las cajas más opacas del Estado bonaerense y de los municipios. Concebidas como una herramienta para mejorar la seguridad vial, terminaron convirtiéndose en un formidable mecanismo de recaudación, un claro cazabobos -como bien han sido definidas-, que castiga al contribuyente con sanciones cada vez más gravosas y mediante mecanismos perversos, como ubicar las cámaras en lugares donde, por ejemplo, resulta imposible reducir la velocidad en tramos cortísimos de circulación.
De hecho, este mes se aplicaron nuevos aumentos en ese distrito. Por caso, una infracción por exceso de velocidad puede oscilar entre 340.650 y 2.271.000 pesos. Está claro que se trata de faltas que no deben cometerse y que su comisión debe ser castigada, pero suele suceder que, detrás de semejante flujo de recursos no existe ni el debido control ni la tan necesaria como firme voluntad de evitar accidentes ni de educar a los conductores, sino una descarada estrategia para incrementar la vil estructura destinada a financiar negociados políticos.
La vinculación de Insaurralde que ahora investiga la Justicia se suma a otras causas que se le siguen por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y maniobras que también alcanzan a personas de su entorno. A ello se agregan las sospechas sobre su eventual vinculación con el negocio del juego en la provincia de Buenos Aires, otra actividad históricamente vinculada a enormes intereses económicos, políticos y empresariales. Un reciente peritaje contable realizado por especialistas de la Corte Suprema y peritos de parte determinó que el exintendente de Lomas de Zamora declaró al fisco niveles inferiores de consumo para que le cerraran los números de sus declaraciones juradas, al tiempo que sus abogados han pedido cerrar la causa por enriquecimiento ilícito y lavado con el pretexto de que Insaurralde recibió un préstamo de su exesposa Jesica Cirio.
Más grave aún resulta la desesperante lentitud de parte de la Justicia. Han transcurrido casi tres años desde el escándalo del llamado yategate y todavía no se perciben avances concretos acordes con la magnitud del caso. Los expedientes avanzan a un ritmo incompatible con la gravedad de las denuncias.
La misma parsimonia se observa en la investigación por los millones de dólares hallados en un vestidor y que recién ahora la Justicia atribuye a Insaurralde. Lo que en cualquier país debería haber provocado una reacción judicial inmediata continúa diluyéndose entre peritajes tardíos, chicanas procesales y argucias de todo tipo.
Como si nada ocurriera, el exfuncionario sigue manteniendo contactos políticos desde distintas oficinas a la que lo acompañan custodios. Esa persistencia de vínculos de poder, aun bajo el peso de semejantes acusaciones, constituye otra expresión del deterioro institucional que desde hace demasiado tiempo toleramos los argentinos.
Si ya resulta insostenible que ciertos delincuentes sigan libres de culpa y cargo, que continúen exhibiéndose del modo que lo hacen solo puede explicarse por la expectativa de impunidad que mantienen intacta.
La credibilidad de las instituciones exige que las investigaciones avancen con celeridad, respetando las garantías y sin permitir que el tiempo se convierta en el principal y más preciado aliado de quienes deben rendir cuentas ante la ley y los ciudadanos.
Tipo de trabajo:
opinión
