Insfrán: la alternancia secuestrada por la letra chica
Mediante un nuevo ardid, el gobernador que lleva 39 años al frente de la provincia intenta volver a presentarse como candidato a sucederse a sí mismo
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Gildo Insfrán no está dispuesto a aceptar que en una república el poder tiene fecha de vencimiento. Después de casi cuatro décadas al frente del Poder Ejecutivo formoseño, el gobernador pretende encontrar una nueva vía para permanecer en el cargo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de decidir su competencia para definir si podrá hacerlo.
Esta nueva afrenta a las leyes y contra la sana alternancia en el poder es otro claro signo de la nula calidad democrática de las acciones de Insfrán. Se pone hoy en juego si un dirigente que lleva 31 años como gobernador y otros ocho como vicegobernador puede utilizar el remanido ardid de una cláusula transitoria para presentarse a un noveno mandato consecutivo.
No existe virtud republicana alguna en convertir una gobernación en patrimonio personal
Insfrán llegó a la vicegobernación en 1987 y permaneció allí durante dos períodos, hasta 1995. Desde entonces, gobierna Formosa sin interrupciones.
No existe virtud republicana alguna en convertir una gobernación en patrimonio personal y a una provincia en un feudo. Tampoco puede confundirse la reiteración electoral con la renovación democrática. La cuestión adquiere mayor gravedad aún porque la Corte ya ha sentado precedente fijando un límite inequívoco. En diciembre de 2024, declaró inconstitucional el artículo de la norma formoseña que permitía la reelección indefinida.
El más alto tribunal del país sostuvo entonces que la perpetuación en el poder compromete el principio democrático y favorece una acumulación de ventajas incompatible con una competencia electoral leal. Frente a ese pronunciamiento, el oficialismo formoseño reformó la Constitución provincial el año último. Estableció que gobernador y vicegobernador pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Hasta allí, la reforma parecía encaminarse a poner un límite a tanto fraude, a semejante desesperación por atornillarse en un cargo sin importar cómo. Pero apareció la letra chica. Una cláusula transitoria estableció que el mandato que Insfrán y su vicegobernador, Eber Solís, ejercen actualmente debe computarse como el primero de dos. De ese modo, el gobernador quedaría en condiciones de intentar una novena candidatura consecutiva para el período 2027-2031 y, Solís, para una tercera.
Una constitución no puede convertirse en instrumento para garantizar la supervivencia política vitalicia de un gobernante
Es difícil imaginar una demostración más clara de cómo una norma puede ser manipulada para desnaturalizar el espíritu de una reforma. Se acepta el principio de la alternancia y, simultáneamente, se diseña una excepción hecha a medida para que quien actualmente ocupa el poder la violente groseramente.
Una constitución no puede convertirse en instrumento para garantizar la supervivencia política vitalicia de un gobernante.
Insfrán ha construido durante décadas un sistema político en el que el Estado provincial tiene un peso decisivo sobre la vida económica y social. En una provincia con enormes dificultades de desarrollo y niveles de pobreza que históricamente han estado entre los más elevados del país, la dependencia respecto del poder público constituye además un formidable mecanismo de disciplinamiento político.
No es necesario demostrar que los problemas más graves que padece Formosa son consecuencia de las nefastas gestiones de Insfrán. Sobran evidencias. Después de casi cuatro décadas de conducción ininterrumpida, resulta imposible desligarlo del atraso provincial y de la sumisión de una ciudadanía que depende en casi todos los aspectos de un Estado tan paternalista como asfixiante.
La democracia representa mucho más que concurrir a votar. También exige que existan condiciones razonables para que el poder pueda ser reemplazado, que la oposición pueda competir y que el Estado no sea confundido con el partido gobernante. Sin alternancia efectiva, las elecciones corren el riesgo de convertirse en una mera formalidad periódica de un poder permanente.
El caso formoseño cuenta con antecedentes. En 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación inhabilitó al actuar senador nacional Gerardo Zamora para buscar un tercer mandato consecutivo como gobernador de Santiago del Estero.
El entonces mandatario terminó desistiendo de su candidatura y en un gesto del más rancio nepotismo promovió en su lugar a su esposa, Claudia Ledesma Abdala, quien finalmente fue candidata y ganó la elección.
Sin alternancia efectiva, las elecciones corren el riesgo de convertirse en una formalidad periódica de un poder permanente
Aquel episodio fue otro pésimo ejemplo de cómo el poder puede intentar sobrevivir mediante la designación de un familiar cuando la barrera constitucional impide la continuidad del titular. Han pasado 13 años, pero la lección sigue vigente: cambiar el nombre de la boleta no necesariamente modifica la naturaleza del régimen.
La Corte no ha resuelto todavía la cuestión de fondo en el caso de Insfrán. Al declararse competente, solamente abrió la puerta para analizar la validez de esa cláusula y dio a la provincia 60 días para responder. Corresponde, por tanto, esperar su decisión. Pero también corresponde decir con claridad qué es lo que está en juego. Urge determinar si las reglas constitucionales son límites al poder absoluto o herramientas que este puede modificar, interpretar y retorcer cada vez que aparece una barrera a su continuidad. Es hora de desterrar estas nefastas prácticas vitalicias. Por otro lado, resulta inaceptable que, tras un pronunciamiento de la Corte que cuestionó la reelección indefinida, se fabrique una nueva excepción para obtener prácticamente el mismo resultado.
El desafío de la Corte radica en impedir que una vil maniobra vacíe de contenido su propia jurisprudencia y en recordar que ningún caudillo provincial está por encima de la Constitución.
Después de 39 años en el Poder Ejecutivo, Insfrán debería preparar la sucesión, no otra candidatura. Lo contrario sería convalidar un régimen inaceptable: aquel en el que el ciudadano conserva el derecho de votar, pero secuestrado por el de un gobernante que pretende consagrar el inaceptable privilegio de no irse nunca.
