Insistencia en tergiversar la historia

Pocos días atrás, la opinión pública tomó conocimiento de las sanciones impuestas al teniente coronel Roberto Augusto Vega por sus dichos reivindicatorios de la lucha contra la subversión, durante un acto por el Día de la Bandera en la provincia de Salta, y al general Ricardo Sarobe, a cargo de la V Brigada Mecanizada, que estuvo presente en la ceremonia, por no castigar en ese momento a su oficial subalterno.

El citado teniente coronel, veterano de Malvinas, instó a mirar la enseña patria y afirmó: "Es la misma bandera a la que abrazó el Negro Falucho antes de verla atada al carro del enemigo. Es la misma por la que entregó su sangre el general Güemes. ¡Mírenla bien! Porque es la misma bandera por la que varios soldados llevan grabadas en sus cuerpos las heridas recibidas peleando en Manchalá, contra el terrorismo apátrida que pretendía cambiarla por un trapo rojo".

Cabe recordar que el 20 de mayo de 1975, en Manchalá, Tucumán, se enfrentaron los efectivos del Ejército Argentino del Comando Táctico de la V Brigada de Infantería con los de la Compañía de Monte Ramón Rosas Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que intentaba copar sus instalaciones, asesinar a su comandante, tomar rehenes y requisar armamento. En definitiva, una operación militar planificada como tal y llevada a cabo hasta el enfrentamiento. Los insurgentes, que intentaban conseguir una zona liberada para sus operaciones en el norte argentino, estaban a cargo de Hugo Irurzun (alias Capitán Santiago) y contaban con oficiales identificados y tropa proveniente de acantonamientos en Córdoba y San Miguel de Tucumán. Las fuerzas enfrentadas estaban uniformadas, tenían grados y tácticas militares y poseían "control territorial y capacidad para realizar operaciones militares sostenidas y concertadas", de acuerdo con el artículo 1.1 del Protocolo Adicional II a las Convenciones de Ginebra de 1948.

Según trascendió, la decisión de sancionar a estos militares habría sido tomada para evitar la repetición de estos casos, en los que los jefes de unidades puedan aprovechar actos públicos para mostrar su disconformidad por la anulación de las leyes del perdón. Tal determinación, sin embargo, ha dejado en la opinión pública la inmensa duda sobre cuál ha sido la verdadera intención que se esconde detrás de ella, más aún cuando las actuales autoridades han emprendido una revisión del pasado con una sesgada visión de los hechos.

No resulta fácilmente entendible que se hubiera sancionado a un oficial del Ejército Argentino por haber reivindicado un combate que concluyó con una categórica derrota de la guerrilla desplegada por el ERP, en cumplimiento de expresas órdenes de un gobierno constitucional. A menos que se pretenda tergiversar nuestra historia.

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